El líder independentista y ex presidente catalán Carles Puigdemont tendrá que comparecer en una audiencia de extradición de la justicia italiana el 4 de octubre pero es libre de irse del país, anunciaron sus abogados este viernes en la isla de Cerdeña.
El eurodiputado salió libre tras pasar una noche en la cárcel en esta isla, situada al oeste de la península italiana, después de ser detenido el viernes por la noche a su llegada a Alguer.
«Ya pensé que esto podía pasar, de hecho siempre hemos pensado que esto podía pasar, pero sabíamos también como podía acabar», dijo Puigdemont a la prensa tras salir de la cárcel. «Lo que pasa es que España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo», sentenció.
Su abogado italiano Agostinangelo Marras explicó que fue citado por el juez el 4 de octubre, tras la audiencia preliminar en el tribunal de apelaciones de la localidad sarda de Sassari.
Puigdemont está reclamado en España por sedición y malversación de fondos relacionados con el proceso fallido de independencia de 2017.
El ex presidente, que se refugió en Bruselas tras los hechos de hace cuatro años, no ha vuelto a España, pero es eurodiputado y viajó a Alguer para participar en un festival cultural, ya que esta ciudad de la isla de Cerdeña (oeste) mantuvo una fuerte impronta catalana desde los tiempos en que perteneció a la Corona de Aragón.
Su detención, la noche del jueves, volvió a poner en el centro de la política española a este antiguo periodista de 58 años que se vio inesperadamente propulsado al frente del movimiento independentista en 2016, cuando era alcalde de Girona.
SÁNCHEZ: TIENE QUE COMPARECER ANTE JUSTICIA ESPAÑOLA
«Lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia», dijo por su parte el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en las islas Canarias (suroeste).
Sánchez reivindicó el diálogo en curso con el gobierno de la Generalitat, hoy en manos de ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) -un partido diferente al de Puigdemont- para calmar la crisis política en Cataluña.
«Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse», añadió.
En cambio, su interlocutor, el presidente del gobierno independentista catalán, Pere Aragonès, exigió en Barcelona «la puesta en libertad inmediata» de Puigdemont, anunciando que viajará a Cerdeña para estar al lado de su antecesor.
«La detención de Puigdemont visualiza que el Estado español no ha actuado de buena fe ante la Justicia europea y es evidente que no ayuda a una resolución del conflicto», añadió Aragonès.
Es la tercera vez que Puigdemont es detenido desde que huyó de España, la primera en Bruselas, a su llegada, y la segunda en Alemania, en marzo de 2018, donde los tribunales tardaron casi cuatro meses en devolverle la libertad.
«NO FUE A HACER SURF A CERDEÑA»
«Creo que en el caso italiano va a ser bastante más rápido que en el alemán, nosotros tenemos tres años de recorrido», pronosticó su abogado Gonzalo Boye, que anunció que solicitarán medidas cautelares a la justicia europea.
Este viernes, se podía ver una pancarta con la bandera de Cerdeña y de Cataluña ante el tribunal de Sassari que rezaba: «Libertad para los prisioneros políticos catalanes». «Ha sido un acto político», lamentó ante la prensa el alcalde de Alguer, Mario Conici, que fue quien invitó a Puigdemont a la ciudad, refiriéndose a su detención.
Según Boye, el ex presidente «no ha ido a hacer surf en Italia, ni ha ido a tocar la guitarra, ha ido en su carácter de eurodiputado«.
MANIFESTACIONES EN BARCELONA
Para el abogado, el arresto de su cliente es una burla a la justicia de la Unión Europea. Boye explicó que su detención se realizó en virtud de la euroorden de 2019 «que el reino de España informó al Tribunal General de la Unión Europea que se encontraba suspendida y no era ejecutable en ninguno de los 27 estados miembros de la UE».
La cuestión de la validez de esta orden de detención europea parece ser la cuestión central que terminará el futuro judicial de Puigdemont.
Los compañeros del ex presidente en el gobierno catalán acabaron siendo juzgados por sedición y otros delitos, como su vicepresidente Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, y finalmente indultado en 2021 por el gobierno Sánchez, como el resto de los encausados.
El líder de la oposición española, el conservador Pablo Casado, advirtió a Sánchez que si Puigdemont es juzgado en España, «debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder».
Ni el Ministerio del Interior italiano ni el gobierno se han pronunciado hasta ahora sobre el asunto, ya que se trata de un caso delicado con implicaciones judiciales y políticas. (Emol AFP)
