El diputado socialista Marcos Ilabaca, apoyado por la bancada PS, es el promotor de un proyecto de ley para eliminar la comisión de libertades condicionales y reemplazarla por un tribunal de ejecución de penas. Según se explicó, la reforma busca hacerse cargo de resolver los problemas posteriores a la condena a una persona por parte de los jueces. Su contenido fue redactado a contar de un estudio realizado sobre la materia por la UDP.
La iniciativa otorga competencia al juez de garantía para conocer de las solicitudes, reclamos y recursos interpuestos por los condenados a penas privativas de libertad; consagra que los jueces serán responsables de resolver una aspectos, tales como aislamientos en celdas, traslado de reclusos, medidas disciplinarias, beneficios penitenciarios (libertad vigilada, libertad condicional, entre otros).
Para Ilabaca, «hoy existe una nebulosa. La idea es que sean los tribunales de justicia los que tengan que llevar adelante estas medidas con los informes técnicos que tengan que acompañarse. Que en definitiva exista un control de los juzgados de garantía, de los tribunales orales en lo penal respecto de estas materias. Hoy los tribunales se encuentran constituidos, por lo que no implica un costo» adicional la implementación del cambio.
Así, el proyecto propone un control cruzado; es decir, si la sentencia fue dictada por un tribunal oral, será entonces el juzgado de garantía el que deberá llevar adelante el proceso de ejecución y cumplimiento de la pena impuesta. «Hoy día lo que sucede es que Gendarmería toma decisiones y nadie de los procesos de investigación penal tiene idea respecto de lo que sucede. Lo principal es que estas medidas sean adoptadas por un órgano jurisdiccional», añadió el parlamentario.
Ilabaca anticipó el apoyo trasversal a su propuesta. Leonardo Soto, compañero de partido, valoró la idea, porque el «sistema de cumplimiento de penas en las cárceles chilenas hoy día tiene un estándar del siglo XIX». El cuestionamiento de Soto apunta también a la manera «mecánica, y a veces con resultados desastrosos, cómo se adoptan las decisiones sobre la materia». Según explicó, hasta hace poco tiempo, las libertades condicionales eran otorgadas por los seremis, recibiendo informes de Contraloría; actualmente esa resolución la adoptan jueces de garantía y un ministro de corte de apelaciones en abril y octubre.
Un debate en paralelo ha sido el de las libertades condicionales a condenados por delitos de lesa humanidad. De ser aprobados por el Congreso los cambios a la normativa vigente, los nuevos tribunales de ejecución de penas también deberían resolver sobre las peticiones en casos de violaciones de DD.HH., pero con diferentes requisitos. (El Mercurio)
