Hace casi tres años, en febrero de 2015, la Presidenta Bachelet creó la Comisión Engel, el consejo asesor destinado a proponer medidas contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, como respuesta al escándalo de Caval y a las investigaciones por el financiamiento irregular a la política.
El equipo elaboró 234 propuestas para reforzar la probidad y transparencia, que se tradujeron en proyectos de ley y medidas administrativas, las cuales tienen 63% de avance en su implementación, según el Observatorio Anticorrupción. Los principales avances se dieron en el financiamiento a la política y funcionamiento de partidos. Pero, a semanas de cerrar la administración, los expertos advierten que existen materias urgentes que quedaron pendientes.
María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, explicó que faltó avanzar en “fortalecer al Congreso en temas de probidad y mejorar las sanciones a los delitos de corrupción”. Mientras que en otras áreas no hubo propuestas, como “mejorar la regulación al gasto en defensa, lo que cobró mayor fuerza con el ‘milicogate’. También hay temas de municipios que quedaron pendientes, al igual que en las compras públicas”.
Lo mismo cree el coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, Octavio del Favero. “Quedaron pendientes la mejora a las prácticas en el Congreso, incorporando fiscalización externa en su funcionamiento, la regulación de los conflictos de interés entre el mundo público y privado, y el fortalecimiento de la probidad y transparencia en los municipios”, afirmó
Pero Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y uno de los 16 miembros de la Comisión Engel, añadió otras áreas en que existen falencias. “Una primera debilidad son los pocos dientes que tienen los entes encargados del control respecto a las irregularidades políticas”, afirmó.
Un ejemplo, planteó, es el Servicio de Impuestos Internos, “donde sólo a su requerimiento el Ministerio Público puede investigar eventuales problemas tributarios. En el caso de las campañas políticas, el Ministerio Público sólo puede actuar a petición del Servel. Es decir, no hay autonomía para actuar y controlar”.
En esa línea, Fuentes advirtió que “la Ley del Sernac se tomará parte de la agenda, porque tiene que ver con la colusión, el manejo de precios y el respeto de los derechos del consumidor, y la pregunta es cómo se implementará la ley y cuántas fortalezas tendrá el Sernac” luego del “recorte” a sus atribuciones que aplicó el Tribunal Constitucional.
PUERTA GIRATORIA
Otro aspecto en el que no se avanzó fue en regular los conflictos de interés entre el paso del mundo privado al público, conocido como “puerta giratoria”. Jaraquemada alerta de que este tema “es muy crítico” y espera que el Presidente Piñera “tome la propuesta de la Presidenta Bachelet y la perfeccione, porque ahora que viene el cambio de Gobierno, es cuando más se necesitan medidas de este tipo”.
Los expertos también resaltaron que es urgente avanzar en la probidad en las comunas. Fuentes contó que “la Comisión Engel tuvo un fuerte énfasis en el control a la corrupción municipal, que es una agenda que este Gobierno prácticamente no tocó y que requiere un avance, sobre todo cuando se le dan mayores atribuciones a los gobiernos regionales, lo que no está acompañado de un proceso de transparencia y control”.
Y también queda por ver si la clase política “aprendió la lección” en materia de transparencia, luego de cuatro años polémicos e intensos en esta materia. A juicio de Del Favero, eso “es algo que está por verse, porque no basta con dictar leyes, sino que también los partidos y los líderes políticos deben adecuar sus prácticas a estas leyes y la expectativa de la ciudadanía”. (Pulso)