Una verdadera hecatombe sufrió Marco Enríquez-Ominami cuando se reveló que durante su campaña había utilizado un ahora controvertido avión brasileño, y que al menos un viaje lo realizó en compañía de un ejecutivo de la firma OAS, investigada en un gigantesco caso de corrupción en Brasil.
Pero ahora surge otro jet, de acuerdo a La Tercera. Más bien son dos, pero estos ahora se le atribuyen a la ex candidata presidencial de la UDI y ahora postulante a la alcaldía de Providencia, Evelyn Matthei, la que ya declaró ante la fiscalía el 17 de junio por este tema, en calidad de imputada.
Los traslados por los que le consultó el persecutor Jaime Retamal, quien inició la indagatoria después de una denuncia interpuesta por el abogado del PRO, Antonio Henríquez, fueron desde Santiago a La Serena y desde Puerto Montt a Chillán. Estos gastos no fueron declarados ante el Servel. Los viajes fueron admitidos, y según la ex ministra del Trabajo, el primer viaje se logró gracias a la gestión del ex diputado y hoy integrante del directorio de TVN, Cristián Leay. Sobre el otro recorrido se habría pagado con fondos del comando. De acuerdo al Servel, Matthei gastó en primera vuelta casi 3 mil 500 millones de pesos. De estos, 2 mil 300 millones provinieron de aportes reservados, además de un crédito del Banco de Chile por poco más de mil millones de pesos. En la segunda vuelta, Matthei declaró aproximadamente mil millones de pesos.
El abogado de Matthei, Sergio Rodríguez, indicó –tras confirmar la comparecencia de la ex ministra- que esta ofensiva judicial del PRO tendría por objeto establecer la prescripción de este tipo de infracciones,para poder argumentar lo mismo en el caso de Marco Enríquez-Ominami.
“Lo que se busca con esta denuncia no es que se investiguen los hechos, sino que al contrario, que el Ministerio Público decida si el hecho, en abstracto, de no informar un avión al Servel, no sería constitutivo de delito o que este podría encontrarse prescrito de acuerdo a la legislación actual”, indicó el abogado, a lo que agregó que esto configuraría “un abuso del sistema penal, en busca de obtener una resolución que le sea beneficiosa o útil en la propia causa en la que él (Enríquez-Ominami) está siendo investigado por la misma fiscalía”. (La Tercera-El Dínamo)
