Esta tarde desde las 15:00 horas en el ex Congreso Nacional en Santiago se realizará la primera jornada del Consejo General de la UDI. En ese contexto, los consejeros nacionales recibieron un correo electrónico en el que se expresa la posición del partido para enfrentar la situación de algunos de sus militantes investigados por delitos tributarios, en relación con financiamiento irregular de campañas electorales.
«El Tribunal Supremo de la UDI estima necesario establecer criterios sobre los hechos públicos que han concitado interés general y partidario, distinguiendo y precisando dos categorías de hechos distintas, como son por una parte el abuso de cargos públicos y el enriquecimiento en base a influencias políticas, y por otra parte el financiamiento que se ha permitido habitualmente a la política en Chile”, consigna el correo revelado por La Tercera.
El mensaje aparece días después de que la defensa del ex senador e histórico militante de la tienda, Jovino Novoa, decidiera optar por un juicio abreviado en el caso Penta, donde Novoa es acusado de la emisión de boletas falsas para financiar campañas y de evadir el impuesto correspondiente a la Ley de Donaciones al recibir pagos desde las empresas Penta y SQM. Por estos delitos, el ex presidente del partido podría recibir una condena de tres años de pena remitida, además de una multa.
Así se entiende el correo que establece diferencias entre quienes ayudaron a conseguir recursos para financiamiento de la colectividad como Novoa, y quienes hicieron gestiones irregulares para beneficio personal, como podría ser el caso de Juan Díaz, ex dirigente involucrado en el caso Caval.
Precisamente en este sentido, el correo alude a “situaciones que podrían significar que algunos militantes de la UDI hubieren obtenido beneficios personales impropiamente, y que ellos podrían haberse obtenido mediante tráfico de influencias con funcionarios públicos, gestiones irregulares con autoridades o el aprovechamiento inadecuado de cargos públicos”, dice el texto y anuncia que esos casos serán investigados por la instancia partidaria.
De cualquier manera, el correo distribuido a los militantes mantiene la tesis de la presunción de inocencia que ha sustentado el partido desde que estalló el escándalo y era presidido por Ernesto Silva. Sin nombrarlo, dedica un buena parte de su contenido a la situación de Jovino Novoa, mencionando a «aquellos casos en que no haya existido ni se haya perseguido enriquecimiento personal y, sin perjuicio de las responsabilidades legales individuales, este TS entiende que no le cabe formular reproches a sus dirigentes o militantes que, para financiar la actividad política, se limitaron a actuar de esa forma que, hasta ahora, fue práctica generalizada, conocida y aceptada por todos los sectores”, reza el texto.
