La candidata presidencial Evelyn Matthei advirtió este jueves que condicionará la tramitación de la última Ley de Presupuestos del gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que existen “indicios de que se están chuteando pagos para el próximo gobierno”. Según explicó, su equipo ha detectado deudas estatales en áreas como vivienda, obras públicas y salud, lo que, a su juicio, “pasa a llevar la ley de presupuesto” y debe ser transparentado.
La denuncia, respondida por el Ejecutivo al día siguiente, refleja una preocupación creciente en la oposición, que estima que la próxima administración heredará un panorama financiero delicado y una serie de “legados” políticos complejos. Entre ellos, mencionan el itinerario de la Comisión por la Paz, que contempla una consulta indígena aún inconclusa y un eventual fondo de 4.000 millones de dólares para la Macrozona Sur; la creación de la Empresa Nacional del Litio y el contrato firmado con SQM; la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU; y la transformación del penal Punta Peuco en recinto común.
En el caso de la Comisión por la Paz, la consulta indígena, originalmente prevista para concluir en marzo, sigue en su primera etapa y no se retomará antes de las elecciones de noviembre. Parlamentarios de oposición advierten que la falta de avance dejará un proceso inconcluso y que será motivo de conflicto político en la próxima administración.
Respecto a la Estrategia Nacional del Litio, el gobierno no logró enviar al Congreso el proyecto que crea la Empresa Nacional del Litio, lo que quedará pendiente para el siguiente periodo. Si bien Codelco firmó un contrato de operación con SQM para el Salar de Maricunga, dicho acuerdo ha recibido críticas por supuesta falta de transparencia, lo que también complica a la propia candidata oficialista, Jeannette Jara.
La candidatura de Michelle Bachelet a la ONU ha sido cuestionada por Kast y Matthei, quienes advierten que implicará altos costos en viajes y gestiones diplomáticas en un contexto económico restringido. Además, sostienen que se trata de una decisión unilateral de Boric que comprometerá al próximo gobierno en caso de fracaso.
En paralelo, el plan de convertir Punta Peuco en una cárcel común enfrenta retrasos: una de las licitaciones se declaró desierta y las demás están en proceso, por lo que el proyecto podría quedar inconcluso al término del mandato.
En este escenario, tanto Matthei como José Antonio Kast recalcan que el país enfrenta un déficit fiscal en aumento y que el gobierno estaría comprometiendo recursos y contrataciones que limitarán el margen de acción del próximo Ejecutivo. Ante ello, Matthei resolvió condicionar el debate del Presupuesto 2026 en el Congreso, mientras en la oposición advierten que la herencia de Boric podría tensionar tanto la economía como la gobernabilidad del siguiente gobierno. (NP-ChatGPT-El Líbero)
