El recorte presupuestario de un 30% a instituciones culturales es gravísimo. La medida deja, de manera irresponsable, a estas instituciones en una fragilidad insostenible, e implica un cambio en las actuales políticas culturales.
La idea de que el Estado requiere de la colaboración privada para ampliar la oferta cultural originó la glosa que hoy se reduce. El Museo de Arte Precolombino y la Fundación Teatro a Mil son instituciones de iniciativa privada, experiencias únicas en América Latina y líderes en sus áreas. El actual aporte del Estado, minoritario pero decisivo en ambas, reconoce su importancia para el desarrollo cultural y el acceso de los chilenos a la cultura. Otras instituciones dañadas con el recorte -Balmaceda 1215, Matucana 100, el Museo Violeta Parra y el Teatro del Biobío- son parte de un sistema de infraestructura cultural que el Estado promovió y cuyo financiamiento no se puede desentender.
Pero lo más preocupante es justificar estas rebajas con la añeja idea de que la política cultural pública más virtuosa son los Fondos Concursables y que las subvenciones son arbitrarias. Esto no se entiende cuando acabamos de aprobar, transversalmente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el entendido que el Estado requiere atribuciones e instrumentos más complejos que un Consejo para fomentar este quehacer. Para administrar fondos concursables no necesitábamos de un ministerio.
El desafío hoy es generar audiencias y canales de distribución de los bienes creativos que el mercado no garantiza. En ello, la red de instituciones culturales -museos, plataformas de fomento de audiencias como festivales, y salas independientes es indispensable para promover la creación nacional y una oferta de calidad. Un sistema integrado de infraestructura cultural pública y privada como éste, requiere subvenciones basales permanentes, que permitan planificar sin estar sometidas a la eventualidad de la concursabilidad. Las subvenciones deben cumplir con requisitos verificables y evaluaciones rigurosas.
Estos parecían ser consensos transversales, no solo en los gobiernos de centroizquierda sino también en la gestión del exministro Cruz Coke, que promovió la creación del Ministerio, amplió la glosa de instituciones colaboradoras y los programas de infraestructura cultural, y agregó a los teatros regionales, entre ellos el Teatro Biobío, al que hoy se le reduce el presupuesto.
De no ser revertido este retroceso en el Parlamento, el resultado será un menor acceso de los chilenos a la Cultura. (La Tercera)
Claudia Barattini
