La tensa votación del nuevo salario mínimo en el Congreso el miércoles pasado fue una de las jornadas más difíciles para el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en sus 14 meses en el cargo. Pero esa no fue la primera y, ciertamente, tampoco será la última. Tras sortear la “reforma a la reforma tributaria” y la fractura política que dejó la reforma laboral, para el economista PPD viene ahora la madre de casi todas las batallas: el Presupuesto 2017. En este caso, además, el último que este gobierno administrará completamente y que ejecutará en paralelo a la carrera presidencial. Pese a eso, Hacienda ya trazó la línea gruesa: el próximo año el crecimiento del país andará levemente por arriba de 2% y, en ese escenario, el gasto público no debería aumentar más allá de 3%.
Fuentes de gobierno explican que con una base fiscal 2016 de unos US$ 56.000 millones, tras el ajuste de US$ 540 millones de marzo último y un efecto cambiario nada favorable, un aumento del gasto público de 3% implica que el presupuesto debería asegurar unos US$ 57.700 millones en 2017.
“Valdés tiene el desafío de hacer algo casi imposible en matemáticas simple”, coinciden economistas cercanos al ministro que hoy están en el mundo privado. Para 2017 debe asegurar, al menos, un 68% de la base fiscal actual, reajustado por tipo de cambio e inflación. Ese umbral es lo que necesita para cumplir con todas las leyes sociales comprometidas por este y los anteriores gobiernos, que requieren financiamiento obligatorio y gasto corriente, es decir, lo que el Estado demanda en remuneraciones, bienes y consumo para cumplir su labor.
El punto es que el cuadro macroeconómico ahora sí que no es nada favorable, admite una autoridad del gabinete económico. En lo que va de 2016, el cobre anota un precio promedio de US$ 2,131 la libra, 20,8% menor que el valor a igual fecha de 2015 y también levemente más bajo que la última estimación de precio promedio del metal para este año, de US$ 2,15, tras la corrección de marzo pasado. Lo que pierde o gana el cobre es determinante, ya que por cada centavo de dólar más, el Fisco recibe entre US$ 35 millones y US$ 40 millones. Y si baja, también los pierde.
A eso se suma lo que está pasando con el PIB. Aunque en el primer trimestre de este año creció 2%, el escenario de riesgo hacia una baja en los próximos meses se revitalizó con el triunfo del Brexit, amenazando la estimación de 2% para el año realizada por Hacienda.
Con ese cuadro, asesores del gobierno reconocen que la reforma tributaria podría recaudar menos de lo estimado y que eso presiona el cumplimiento del compromiso social de Bachelet. Fuentes ministeriales explican que a ese escenario se debe sumar el hecho de que el próximo año no se obtendrán los recursos que generó la ventana tributaria para la repatriación de capitales. “Por tanto, la base de comparación también se deteriora”, señalan.
Según el programa del gobierno, este año, con la reforma se recaudarían US$ 2.643,5 millones, de los cuales US$ 1.183 millones provendrían del alza del impuesto de primera categoría y casi US$ 790 millones por menor evasión y elusión.
LAS COSAS CON TIEMPO
Las tratativas en torno a la construcción del nuevo proyecto fiscal entraron en terreno firme esta semana con la convocatoria, casi un mes antes de lo habitual, de los comités de expertos que deben recalcular -por cierto, a la baja –el actual precio de referencia o de largo plazo del cobre, de US$ 2,57 la libra, y de 3,6% para el PIB tendencial, que supone una brecha de 2,8 puntos respecto del PIB efectivo. Ambos son los parámetros de referencia para el cálculo del balance estructural -hoy es un déficit estimado de 1,3% del PIB- que permite proyectar ingresos estructurales compatibles con el gasto fiscal.
Si bien en el gobierno aclaran que el proyecto de presupuesto está en etapa preliminar y que están poniendo recién nuevas proyecciones macro sobre la mesa, integrantes del gabinete político confirman que el equipo económico ya comenzó a socializar los límites que tendrá el proyecto fiscal 2017, pidiendo a los 23 ministerios, servicios y reparticiones del Estado responsabilidad y austeridad. También, que pese a las peticiones sectoriales, las presiones partidistas, las municipales de octubre próximo y la presidencial, hay conciencia de que las arcas públicas están en el peor momento en la última década.
En la vereda de enfrente, en todo caso, hacen otro punto: más allá de la estrechez por el actual ciclo de desaceleración, el más fuerte que ha tenido la economía chilena desde la crisis subprime, la caja fiscal venía deteriorada desde el gobierno de Sebastián Piñera. A fines de 2013 y como integrantes del comando bacheletista, quienes hoy son las actuales autoridades de la Dirección de Presupuestos (Dipres) advertían que esta administración no contaba con una holgura fiscal de mediano plazo de US$ 9.541 millones como aseguraban sus antecesores. Esto, porque eso estaba supeditado a dos puntos. Uno, un déficit estructural de 1% del PIB entre 2015-2017 y, dos, que no cambiaran los supuestos de un PIB tendencial de 4,8% y un precio del cobre de referencia de US$ 3,04 la libra. Ya en el Informe de Finanzas Públicas del Presupuesto 2016 esa holgura no existía.
CRONOGRAMA
En la Dipres detallan que este mes los servicios e instituciones del sector público comenzaron la preparación del anteproyecto del presupuesto y que el proceso se extenderá hasta el próximo mes. Desde la tercera semana de julio se harán reuniones de comisiones técnicas, con la participación de los distintos servicios, el sector presupuestario correspondiente y analistas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
Hasta fines de agosto, la Dipres hará el trabajo interno de análisis de las propuestas ministeriales para terminar con un borrador que será discutido con las distintas reparticiones. Luego, se redactará el proyecto final para enviarlo al Congreso con fecha tope hasta el 30 de septiembre.
LA CUESTIÓN POLÍTICA
Conscientes de la estrechez fiscal y de la determinación del ministro Valdés por ajustarse a la regla, en el oficialismo comenzaron a trabajar en propuestas para complementar la futura discusión presupuestaria.
Por ejemplo, esta semana la bancada de senadores PS presentó a Valdés una propuesta que elaboró junto a economistas del partido. El ministro acogió el llamado y pidió a los parlamentarios acotar las sugerencias a cinco acciones que no impliquen gasto fiscal, lo que podría ser entregado esta semana. Luego de eso, los parlamentarios organizarán una reunión con empresarios donde esperan convocar a ejecutivos como Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún.
El jefe de la bancada senatorial socialista, Carlos Montes, señala que gran parte de las medidas orientadas a mejorar la actividad deben estar contenidas en la elaboración del Presupuesto 2017. “Lo que más me preocupa es el aumento de la inversión y prever la posibilidad de que haya mayor desempleo. El presupuesto debe tener glosas que permitan, en la eventualidad de que la desocupación aumente, reorientar recursos hacia proyectos más generadores de empleo en el corto plazo”, enfatiza.
El parlamentario también estima que el plan de 25 mil viviendas anunciado el 21 de mayo último se debe concretar en un año en lugar de tres. Esta iniciativa contempla una inversión fiscal de US$ 430 millones y crearía 62.500 empleos.
A eso, agrega, se debería sumar el reforzar las concesiones y no descartar la opción, en caso de ser necesario, de echar mano a los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) o del Fondo de Educación para cumplir con los compromisos adquiridos por el gobierno.
Pasos similares seguirá la Democracia Cristiana (DC), reactivando su comisión económica social, cuya conformación se decidirá en el consejo de esta semana. “La idea es formular una propuesta como la del PS”, admite un parlamentario.
El senador Andrés Zaldívar (DC) asegura que el objetivo es prepararse para el escenario que viene. “Estamos en una situación económica muy difícil y es bueno que haya un lugar de reflexión (…). Espero que la comisión sea un referente importante”, dice. En la instancia podrían participar economistas emblemáticos del partido, como René Cortázar y José de Gregorio.
Zaldívar agrega que la discusión debe estar acotada a las capacidades económicas del país y a la disciplina fiscal, haciendo el “mejor uso posible de los recursos” y una ejecución eficiente.
El diputado DC Pablo Lorenzini -integrante de la Comisión de Hacienda- advierte que en “la revisión que hicimos en las distintas subcomisiones se dio cuenta de que el gasto en inversión está excedido, pero la inversión es baja. Y ya estamos a mitad de año”. Anuncia que en la comisión mixta han evaluado pedir mayor precisión de la cartera de inversiones públicas del próximo año.
Otros que se preparan para la batalla por las cifras de 2017 es el Partido Comunista (PC). En la colectividad afirman que el primer domingo de julio tienen programada una reunión para afinar la postura que tendrán frente al debate presupuestario. Pero una premisa ya está clara: “Aunque al ministro de Hacienda no le guste, pediremos un esfuerzo extraordinario para inversión pública. Iniciamos el análisis y nos hemos dado cuenta de que si eso no se hace, existe la posibilidad de que proyectos que están aprobados no se puedan realizar por falta de presupuesto”, asevera una alta autoridad del partido.
Todos concuerdan en que será un presupuesto restrictivo y anticipan una discusión dura. (La Tercera)
