Presidenta del TC anuncia acciones legales por denuncia de allanamiento

Presidenta del TC anuncia acciones legales por denuncia de allanamiento

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La presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, anunció acciones legales tras las denuncia que se conoció ayer martes, por un supuesto allanamiento ilegal registrado en febrero de 2020 a las oficinas de los ministros de este órgano.

En una reunión con el pleno del TC, Brahm desmintió los hechos denunciados y dijo que presentaría acciones legales por la filtración de esta acusación, como por ejemplo una querella criminal.

Ayer martes, se filtró la denuncia hecha por la secretaría del TC, María Angélica Barriga, quien acusó que en febrero de 2020 entraron al edificio de la entidad funcionarios de la Policía de Investigaciones, y registraron las oficinas de los ministros.

Además, según acusó la secretaria del TC, los policías no dejaron registros, precisando que incluso Claudia Vélez, jefa de Gabinete de la presidenta, María Luisa Brahm, pidió a los guardias del tribunal no dejar registro de la presencia de los detectives

Ante esta denuncia, el Ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vásquez, tildó de ilegal e irregular el ingreso -presuntamente- de funcionarios de la PDI a sus despachos en febrero de 2020.

El ministro Vásquez enfatizó que se tendrá que investigar la entrada de este personal al tribunal porque no contaban con la autorización previa y que ellos no fueron avisados previamente.

También, el juez constitucional recordó que estos allanamientos se producen cuando hay una investigación en marcha o cuando hay delitos flagrantes, por lo que la situación es bastante grave, no solo por el hecho, sino que por la conducción de la jefa de gabinete de Brahm, Claudia Vélez, quien además solicitó a los guardias y gendarmes que no dejen constancia de este ingreso.

Consultado por los posibles delitos que se puedan configurar es la violación de morada o allanamiento o usurpación de funciones.

Por su parte, el director general de la PDI, Héctor Espinoza, sostuvo que ellos no son una policía autónoma y que cumplen instrucciones, pero sostuvo que no se referirá a la situación porque es un proceso en curso.

Como se mencionó, se abrió un sumario administrativo contra Brahm por este eventual “allanamiento ilegal” y en materia penal también hay novedades porque se espera que hoy la secretaria del TC, haga la denuncia formal ante el ministerio público.

LOS DESCARGOS DE BRAHM

Lejos de apagarse está la polémica encendida este lunes al interior del Tribunal Constitucional (TC), cuando su secretaria, María Angélica Barriga, anunció que acudiría al Ministerio Público para denunciar un presunto allanamiento ilegal en dependencias del organismo, enclavado en Huérfanos 1234, y que tuvo lugar el 15 de febrero del año pasado, cuando los jueces estaban haciendo uso de su feriado legal. La funcionaria dijo que llevaría esto a sede penal, acusando un “allanamiento ilegal” que fue avalado por la presidenta María Luisa Brahm. Esta última hoy tomó la palabra ante el pleno y acusó bajas intenciones por parte de algunos de los ministros del ente y que una vez se zanjen todas las acusaciones en su contra presentará las acciones legales correspondientes.

“De un tiempo a esta parte ministros que están acá, algunos, usan el pleno para lanzar imputaciones y amenazas y esos ataques no han sido sólo contra mí, sino que también contra otros ministros, y eso no es digno del TC”, habría dicho Brahm, según relataron al menos tres de los presentes en la cita.

En sus descargos, la abogada sostuvo que el ingreso de personal de la PDI era totalmente legal, ya que está acorde a las revisiones de seguridad de los poderes del Estado, tal y como ella lo informó y quedó en acta el 3 de marzo del 2020. Eso, según explican cercanos a Brahm, lo realiza la PDI o Carabineros, y en este caso ella lo solicitó a la policía civil. Tras descartar entonces una irregularidad, y un delito en todo esto, intervino ante sus pares y dijo que la denuncia era extemporánea, que todos sabían desde hace más de un año y que, por ende, entonces, no entendía esta arremetida de Barriga.

La presidenta del TC soslayó, además, según reconstruyen fuentes consultadas, que toda esta maniobra orquestada por sus detractores en el pleno buscan generar “juicios paralelos en la opinión pública”, lo que era una contradicción y un daño para un tribunal de la República y que filtraciones interesadas ya son pan de cada día en ese lugar. Finalizó su intervención diciendo que todo lo que está ocurriendo en su contra son intolerables “actos de amedrentamiento”, y que cuando se zanjen todas estas acusaciones va a presentar acciones legales en contra de aquellos jueces que la están acosando.

LAS RÉPLICAS

Por supuesto, las respuestas a Brahm no se hicieron esperar. Uno de los que hablaron fue el ministro Iván Aróstica, quien instruyó un sumario en contra de ella por este presunto “allanamiento ilegal” en el entendido de que personal policial revisó oficinas del TC que son privados en que trabajan los ministros sin autorización judicial ni la venia de ellos. El juez, según otros ministros, le recordó que ella tiene calidad de imputada sumariada y no víctima, que estaba bajo una investigación, que ella nunca informó, ni preguntó sobre el ingreso a oficinas y que tenía la libertad de ejercer las acciones que quisiera y si quiere defenderse que lo haga, pero en el sumario.

Otro que tomó la palabra fue el sumariante de Brahm, el ministro Rodrigo Pica, quien apuntó a que si hay amedrentamientos como los planteados por la presidenta, él quería decir que desde la semana pasada él y miembros de su familia han sido amenazados a su integridad física. De eso tomó nota la secretaria del TC y se anunció una denuncia penal para que esta sea indagada.

Hoy se concretará también la presentación por supuestos hechos constitutivos de delito ante la Fiscalía Centro Norte. Consultadas varias fuentes del sistema penal concuerdan que sólo podría configurarse un delito en el caso que quienes hayan ingresado a las oficinas pudieran haber revisado correspondencia que por ley es privada, pero que las oficinas son públicas y que eso ya fue zanjado en casos anteriores, por tratarse de edificios públicos. Con todo, dicen esas mismas fuentes, deberá realizarse la investigación penal correspondiente, que esta vez tendrá en el centro a Brahm y a su jefa de gabinete, Claudia Vélez. (Bio Bio-La Tercera)

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