Por un puñado de aplausos

Por un puñado de aplausos

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¿Es correcto permitir el control de identidad -el control policial- a niños de catorce años?

No, no lo es. Y ese proyecto -si se presenta- debe ser rechazado.

Las razones sobran.

Desde luego, una sociedad democrática debe, por principio, evitar hasta donde eso sea posible la intromisión del Estado en el cuerpo o el quehacer de las personas. Las personas en una sociedad de esa índole son ciudadanos y no súbditos, y la libertad de locomoción de que disponen, de moverse de un lugar a otro llevando el aspecto que prefieran o expresar lo que sienten, inmunes a la opinión o la conducta de los demás, es uno de los derechos más básicos que se dispone en la ciudad.

El Presidente -en un momento de sinceridad que fue casi un lapsus – ejemplificó las bondades de la medida que propone (y en la que tantas esperanzas, no exactamente relacionadas con la seguridad, abriga) diciendo que de esa forma la policía podría controlar los desmanes en una protesta; pero como el supuesto del control de identidad es que no haya habido desmanes (puesto que el control es para impedirlos), lo que el Presidente está inconscientemente promoviendo, en el ejemplo, es un control de la protesta misma. Controlar un discurso antes que haya injuria, es simplemente controlar el discurso; del mismo modo, controlar una protesta antes de que haya desmanes equivale simplemente a controlar la protesta; pero, ¿desde cuándo es razonable controlar un acto de protesta que no constituye una infracción de la ley?

Se dirá que tolerar el control de identidad a niños y niñas es un sacrificio trivial al lado de los beneficios que con él se obtendrían; pero un argumento como ese es obviamente falaz y esconde una petición de principio (parte afirmando lo que debería demostrar), porque lo que aquí se discute es si efectivamente en un Estado democrático dar mayores facultades de intrusión a la policía -sin que haya delitos de por medio- es una cuestión baladí. Y, obviamente, no lo es: ¿desde cuándo decidir que el poder coactivo del Estado y la amenaza de su ejercicio puedan emplearse contra alguien que no ha infringido la ley es un asunto trivial?

“Quien nada hace, nada teme”, intervino el ministro del Interior; pero se equivoca.

Se equivoca flagrantemente.

Porque en la sociedad chilena hay muchas personas, entre ellos los jóvenes pobres, que no han hecho nada y tienen sobrados motivos para temer los prejuicios de la policía (y de muchas otras personas, claro está) que, en una especie de automatismo cultural, suelen ver delincuentes o personas al borde de delinquir sobre la base del aspecto, las costumbres u otros marcadores socioculturales. En un Estado democrático, las facultades de intromisión de la policía -en ausencia de un delito flagrante- deben ser reducidas a su menor expresión, porque esa es la única forma de evitar que los prejuicios que anidan los seres humanos -y los policías a veces son humanos, demasiado humanos- acaben sustituyendo los criterios de la ley. ¿Acaso no se advierten los prejuicios de clase que por medio de este tipo de facultades se infiltran en la relación de los agentes del Estado con las personas?

Lo que parece ocurrir es que el Presidente (movido por esa pulsión tan suya, aprendida sin duda en sus años de infancia, de buscar la aprobación inmediata) está confiando en la idea que la audiencia de los matinales aplaudirá espontáneamente esta iniciativa. Y es probable que así sea. Pero ello ocurre porque la mayor parte de las personas piensa que los afectados por estas medidas siempre serán los otros. Este prejuicio consistente en que al hablar de niños o niñas a los que la policía podría controlar nunca son los propios sino siempre los ajenos (los de otra clase, otro sitio, otras costumbres, otras familias, otra dicción) descansa a su vez en la idea, obviamente errónea, que la de delincuente es una categoría social que es posible identificar ex ante, una forma de identidad, la de delincuente potencial, que se lleva a la vista y que se puede precisar con antelación a cualquier conducta. Pero ocurre que un Estado democrático (y sus autoridades) debe renunciar a la creencia de que existe la categoría social de delincuente cuyos integrantes podrían identificarse con la sagacidad suficiente. Aunque sea difícil de entender, un Estado democrático solo debe llamar delincuente a quien el Estado probó que infringió la ley, de manera que esa categoría siempre es ex post y nunca ex ante. Se es delincuente siempre de manera retroactiva.

Pero -se argüirá luego de todo lo anterior-, ¿acaso las personas no demandan seguridad en su vida cotidiana, moverse y transitar sin la amenaza de ser agredidos o violentados?

Por supuesto que sí, y esa quizá sea una demanda central de la vida colectiva; pero el desafío consiste, y el talento de quienes manejan el Estado se prueba -la oposición debiera demandarlo-, en brindar ese bien sin sacrificar lo que lo legitima y sin seguir maltratando, ahora en niños y niñas, la inmunidad personal.

 

Carlos Peña/El Mercurio

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