Una profunda controversia atraviesa la Municipalidad de Valparaíso tras la publicación del Informe 151 de la Contraloría General de la República, el cual revela graves falencias administrativas en la gestión del exalcalde Jorge Sharp. El documento cuestiona la existencia de subvenciones, transferencias y pagos a corporaciones municipales que carecen de respaldo, documentación validada o rendiciones de cuentas, lo que imposibilita confirmar el destino final de recursos públicos.

El exalcalde Sharp defendió su administración asegurando que siempre colaboraron con el ente fiscalizador y anunció que solicitará vía transparencia el detalle de las supuestas rendiciones faltantes. Según su postura, el monto observado debería aclararse a la brevedad, argumentando que el Concejo Municipal no habría podido aprobar nuevos fondos para entidades como la Cormuval si existieran deudas de rendición pendientes de periodos anteriores.

Sin embargo, la actual alcaldesa, Camila Nieto, enfrenta crecientes críticas por su silencio frente al preinforme confidencial y el informe final. Concejales de la comuna, como Jorge López (PPD), cuestionaron que la jefa comunal no utilizara el plazo legal de 15 días para presentar descargos, lo que ha derivado en la presentación de una querella criminal por parte de un grupo de ediles para establecer responsabilidades legales sobre el desorden financiero detectado.

A este escenario se sumó el análisis del dirigente social Boris Kúleba, quien basándose en informes presupuestarios de junio de 2025, estimó que la deuda por subvenciones sin rendir superaría los 36 mil millones de pesos. Kúleba advirtió que esta situación afecta directamente a la alcaldesa Nieto, quien habría firmado expedientes ante la Comisión de Finanzas que arrastraban estas irregularidades, vinculando además un patrón de gasto excesivo durante el año electoral 2023 a través de programas como “Somos la Joya”.

La falta de claridad sobre la gestión de fondos ha generado una crisis de confianza en el puerto, donde autoridades y dirigentes exigen que el municipio transparente por qué no se aclararon las rendiciones que presuntamente ya estaban cerradas. La justicia deberá determinar ahora si estas faltas administrativas constituyen delitos de malversación o fraude, en medio de una transición de mando marcada por el hallazgo de un millonario déficit patrimonial.(NP-Gemini-Emol)