Después de casi tres meses del estallido del caso Caval, que desplomó el apoyo a la Presidenta y al gobierno, Bachelet hace anuncios públicos. La pregunta que surge de inmediato es si le podemos creer.
Veamos algunas de las medidas más destacadas. La idea de fortalecer y modernizar la Alta Dirección Pública es difícil de creer, ya que ella misma despidió al 50% de los funcionarios así nominados. Es evidente que no cree en esa medida, porque si de verdad lo creyese la implementaría respetando la actual normativa.
La limitación de la reelección de cargos públicos es conceptualmente compleja. ¿Por qué debiera limitarse la voluntad popular? Más aún, los ajustes al cambio del sistema binominal que Bachelet está implementando son justamente para poder reelegir a los incumbentes, y para eso se violó flagrantemente la idea básica de proporcionalidad. Lo inteligente es hacer medidas reales para que hayan más candidatos y competencia y que la ciudadanía elija libremente.
La eliminación de los aportes reservados por encima de UF20 es pura ficción. Es equivalente al mismo principio tradicional de la izquierda de tratar de fijar los precios, una política que nunca es capaz de ganar a la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre sigue su curso, pero cuando la regulación es absurda, lo hará de la peor manera, en forma oscura; es decir, se abren los mercados negros. Más aún, nunca una campaña y pre campaña presidencial costó tanto como la última de Bachelet, algo que la Presidenta se ha negado a transparentar, pero que emerge a borbotones.
La política de fortalecer el poder fiscalizador de los reguladores del mercado es una política permanente que se hace, no se anuncia. En este tema, todos estamos de acuerdo que se requieren buenas regulaciones y sobre todo autónomas del gobierno de turno. No se necesita una crisis para avanzar en esta dirección, sólo principios, que después de un gobierno entero y 13 meses de nuevo gobierno es claro que no existen. ¿No será que estamos en la crisis por no haber hecho este trabajo a tiempo? En este tema, la mantención del director de Impuestos Internos, públicamente cuestionado, y directamente involucrado, indica que Bachelet no tiene en realidad el ánimo de avanzar en ese sentido.
La propuesta de ampliar las obligaciones y alcances de las declaraciones de interés es casi de perogruyo. Lo interesante es que ella misma no permitió que su hijo lo hiciera cuando fue nombrado en un alto cargo en La Moneda, a pesar de la presión pública. Se refugió para ello en un resquicio legal más que basarse en la ética de la transparencia. Entonces, ¿realmente cree en ello? La respuesta es obvia.
Es casi para la risa la propuesta de limitar las contrataciones de familiares, que es uno de los pecados más denunciados de su propia gestión. Entonces, ¿realmente cree en ello? El reinscribir a todos los militantes de los partidos es un absurdo.
La idea de endurecer las penas y sanciones, tanto en el sector público como en el privado, es necesaria, pero se obvía lo esencial: la ética y la probidad como pilar esencial del trabajo público.
Finalmente, está la propuesta de iniciar un “proceso constitucional” en seis meses más, algo que nadie ha entendido, que es vago, suena a improvisación y anuncio para la galería. Lo más serio de este asunto es que no tiene sentido hacer todas las propuestas anteriores si se pretende cambiar la Constitución. Es una contradicción elemental, propia de todas las improvisaciones que han ocurrido hasta aquí en su gobierno y que hoy tienen amplio rechazo de la población.
En suma, los anuncios son tardíos, son meras intenciones y titulares, y sin enfrentar los problemas propios de su gestión como el director de Impuestos Internos, el caso del recaudador oficial de sus campañas, las boletas del ministro del Interior, la enorme cantidad de parientes contratados, y la transparencia de su propia campaña. El problema real se evadió, el pronóstico es malo.
