Se cumplirán -el 20 de julio- dos años desde el lanzamiento del “Manifiesto Plebiscito para una nueva Constitución”. Su presentación se hizo en el lugar más simbólico de la República: el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. Allí juraron presidentes tan emblemáticos como Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, y se resolvieron cuestiones cruciales como la nacionalización del cobre.
Fue una manifestación de la sociedad civil que interpelaba al mundo político. Intervinieron en la presentación figuras representativas de diferentes ámbitos del quehacer nacional como Raúl Zurita, el Obispo de Aysén Luis Infanti, Manuel Antonio Garretón, Fernando Atria, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Raúl de la Puente, Elisa Loncón, Javiera Olivares, Jaime Parada, Edgardo Condeza, Patricio Rodrigo y Ana María Gazmuri.
En el manifiesto se planteó que “es tarea de las actuales generaciones refundar la República sobre la base de una Carta Fundamental fruto de un imprescindible proceso constituyente”.
La necesidad de una nueva Constitución fue asumida por la gran mayoría de las candidaturas que compitieron el 2013. Más aún, la idea de proceso constituyente ha sido recogida recientemente por la Presidenta Bachelet. Existe en la actualidad un debate respecto de las formas que debiera asumir este proceso. Urgen ahora definiciones más precisas.
El manifiesto propone una secuencia que es la que mejor responde a la necesidad de contar con un mecanismo participativo e institucional. El punto de inicio es una reforma a la Constitución que habilite a la Presidenta para convocar a un plebiscito que se pronuncie sobre la necesidad de una nueva Carta Fundamental y el mecanismo para producirla.
Evidentemente, un eventual rechazo a la idea de nueva Constitución significaría el término del proceso. La actual Carta Fundamental adquiriría la legitimidad de la cual carece. Por el contrario, aprobada la idea de una nueva, el plebiscito entrega la respuesta sobre el mecanismo. Cualquiera que éste sea, es el Congreso el que mediante una ley deberá normar el funcionamiento del procedimiento acordado. Una vez elaborada una propuesta del nuevo texto constitucional, ésta deberá ser nuevamente plebiscitada.
Esta secuencia es participativa y democrática. Es también institucional. Es el Parlamento el que debe votar la reforma constitucional y es este también el que debe normar, mediante ley, el funcionamiento del mecanismo aprobado.
El debate así abierto permitiría darle al sistema político una legitimidad imprescindible para restablecer la confianza en las instituciones. De esta forma se repararía la falla que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia republicana: la inexistencia de un sistema de reglas libre de los golpes de fuerza que impusieron las constituciones de 1833, 1925 y 1980.
El Parlamento discute en estos días una iniciativa de reforma constitucional sobre plebiscito presentada por más de cincuenta diputados. Su aprobación sería un paso importante para trasladar a la ciudadanía el poder de debatir y resolver sobre una cuestión tan trascendental.
