Cuando le preguntan al presidente Sebastián Piñera cómo fue el proceso de aquellas 48 horas en que se abrió a una nueva Constitución política –entre el pasado viernes 8 y el domingo 11– suele contestar: «Chile cambió, todos hemos cambiado en estas semanas y el presidente también». No se trató de un asunto de convicciones, sino puro pragmatismo y realismo político (¿de supervivencia?). Pero se equivoca quien piense que Piñera no está involucrado en el proceso constituyente y sigue el asunto un poco a contrapelo: sería no conocer su carácter. Como en el terremoto de 2010 que irrumpió en su mandato y marcó su primer gobierno –ejemplifican– con la nueva Constitución ocurre algo parecido. El presidente se subió al barco y está decidido a jugar un papel relevante. Va a apostar por un proceso exitoso que permita tener una Constitución con un nivel de acuerdo sustancial y legitimada en democracia. Será –apuestan en La Moneda– su sello para la historia.
«En un sistema político presidencial como el chileno, Piñera es el que debe convocar al plebiscito, dar las cadenas nacionales y, aunque no quisiera, debe ser el motor. Si no, sería un proceso constituyente básicamente parlamentario y es muy difícil que funcione de esa forma», explica Tomás Jordán, el abogado que coordinó el proceso constituyente del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Piñera conoce bien la discusión constitucional: de sus años como senador en los noventa, desde su primer gobierno.
En mayo de 2016, como expresidente en una columna hablaba de los ochos temas centrales que se debían perfeccionar de la Constitución vigente: modernizar el actual régimen presidencial, fortalecer los derechos de las personas, consagrar a nivel constitucional los deberes del Estado con la sociedad y los ciudadanos (como velar por el acceso y la calidad de la educación y la salud, por ejemplo); establecer un mejor equilibrio entre el rol subsidiario y el rol solidario del Estado; impulsar la descentralización; dar autonomía a los servicios públicos; modernizar la Contraloría y agilizar el funcionamiento del Congreso y del Poder Judicial. Era la época de la fundación Avanza Chile y Apoquindo 3000, donde lo acompañaba Andrés Chadwick, profesor de Derecho Constitucional. En dicha columna, Piñera señalaba las que consideraba las principales debilidades del proceso constituyente impulsado por el Michelle Bachelet.
«Ha insinuado un escenario engañoso en torno a un mito respecto del pasado y una utopía respecto del futuro. El mito del pasado es que la causa de todos nuestros problemas sería el denominado ‘modelo neoliberal’ y la utopía del futuro, que la nueva Constitución sería la solución a todas las dificultades de Chile», escribió hace tres años Piñera.
Luego, en su programa de gobierno 2018-2022, se la jugaba por cambios y reformas desde el propio Parlamento: «El camino para seguir la senda de perfeccionamiento de nuestro texto constitucional no es el de la ruptura, sino el de la reforma progresiva que reconoce las bases fundamentales de un texto perfectible sobre el cual se ha construido un camino que ha generado desarrollo social para nuestro país. Esta visión contrasta con la que ha elegido el actual gobierno (de Bachelet), cuyo planteamiento constitucional ha sido poco respetuoso de la institucionalidad, errático y carente de consensos». «Creemos que la Constitución puede y debe perfeccionarse –agregaba– y también creemos que los cambios en democracia se hacen respetando las reglas del juego y las instituciones que le han dado estabilidad y progreso a Chile. Por eso las propuestas que se hacen en esta materia son leales a la historia republicana de Chile y renuncian a escribir en una hoja en blanco».
Pero en medio de la mayor crisis política y social que haya enfrentado Chile en las últimas décadas, el presidente cambió de opinión: la Constitución se escribiría desde una hoja en blanco. Fueron varios los factores los que lo empujaron a abrirse a iniciar el camino hacia una nueva carta fundamental. De partida, el complejo contexto. El reporte de Carabineros y de la PDI el domingo 10 contabilizaba 20 muertos, 1626 eventos graves, 1339 agentes del Estado heridos y 895 civiles lesionados. Por otro lado, las encuestas: de acuerdo a distintos sondeos, ocho de cada 10 chilenos apoyan la idea de una nueva carta fundamental. Pero hubo un asunto sustancial, según se reconoce en el oficialismo: la nueva Constitución fue una realidad política empujada sobre todo por los parlamentarios de Chile Vamos. El costo de la paz social tenía un precio y el precio era su reemplazo. En el mundo de los abogados constitucionalistas de la oposición, la apertura en los días previos del presidente de RN, Mario Desbordes, había constituido un hito de total relevancia política con miras a lograr abrir caminos hacia un proceso constituyente.
Piñera ha tenido históricamente a varios asesores en esta materia: el propio Chadwick, el actual canciller Teodoro Ribera –el tema constitucional es una de sus áreas de especialización en Alemania–, el abogado Arturo Fermandois, constitucionalista ligado a la UDI que fue su embajador en Estados Unidos en su primer gobierno, entre otros. Pero han sido dos sus principales asesores en las últimas semanas. Por una parte, Sebastián Soto. Abogado de la UC, Máster de la Universidad de Columbia y doctor en Derecho de la Universidad de Chile, actualmente se desempeña como consejero del CDE, nominado por el Ejecutivo. Hombre de total confianza de Cristián Larroulet –Soto fue jefe de la División Jurídica de la Segpres en el primer mandato de Piñera– representa al gobierno en la mesa técnica constitucional conformada el viernes, integrada por 14 expertos.
Miembros de la mesa técnica constituyente la semana pasada en el exCongreso.
El segundo nombre de total relevancia para Piñera en materia constitucional es Gastón Gómez, constitucionalista ligado a RN, abogado de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Diego Portales y miembro del CNTV. Del ala liberal del sector –participó de la comisión Rettig en el gobierno de Patricio Aylwin–, no solo tiene una cercanía profesional, sino histórica y personal con el presidente. «Siempre ha sido asesor externo, pero muy influyente. Gómez es un abogado moderado de la derecha chilena, opositor firme a Pinochet, sensible al asunto de DD.HH.», relata Javier Couso, académico de la Universidad Diego Portales y catedrático de la Universidad de Utrecht. «Era asesor legislativo y constitucional del senador Piñera en los años 90», agrega Couso sobre Gómez, que también integra la mesa técnica de 14 expertos constitucionales.
Coordinador del grupo transversal de expertos constitucionalistas que en junio pasado acordaron el documento «25 propuestas para un Tribunal Constitucional del siglo XXI», Gómez habría cumplido un papel importante en los días previos a la decisión final de Piñera: se fue convenciendo de que la nueva realidad política no dejaba margen a reformas puntuales y que las circunstancias empujaban a nueva Constitución. Que un Congreso constituyente no se podía aplazar para dos años, como proponían algunas voces. Lo habría manifestado en una comida en la casa del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, donde habrían participado otros ministros y expertos, como Soto y José Francisco García, ligado a Evópoli. Gómez y Soto, a su vez, la mañana del domingo 10 de noviembre fueron los constitucionalistas convocados por el presidente a su casa en San Damián, a horas de decidirse a dar el giro en la materia.
Habrían sido dos fórmulas las propuestas por Gómez al mandatario: la de una convención constitucional compuesta por miembros elegidos por el presidente, el Congreso y externos (un tercio cada uno) y una compuesta por un 50% del Parlamento y otro 50% de delegados ciudadanos (similar a una de las opciones que, finalmente, quedaron en el acuerdo constitucional de la madrugada del viernes 15 en la sede del Poder Legislativo en Santiago).
En paralelo, en el cambio de posición del Piñera habría tenido una especial relevancia la opinión del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Junto con la del ministro Blumel, evidentemente, que quedó mandatado por el presidente para las negociaciones en el Parlamento con la oposición. En cualquier caso, en La Moneda indican que el miércoles 13 y jueves 14, fue el propio presidente el que se comunicó telefónicamente varias veces al día con los parlamentarios y dirigentes de su sector para conocer en detalle de los avances de las tratativas: Hernán Larraín Matte, Juan Antonio Coloma, Felipe Kast, entre otros.
Con varios constitucionalistas cercanos en la mesa técnica, habría al menos seis temas centrales del contenido de la Carta Fundamental que al mandatario le preocupan: la relación del Congreso con el presidente y las iniciativas exclusivas de los mandatarios, las normas presupuestarias, la política tributaria, el gasto público, la nueva regionalización y la autonomía del Banco Central. Mientras, ha optado por la prescindencia de su Gobierno en el proceso («se nos ha sugerido que a pesar de nuestro deseo de votar que sí por nueva Constitución, nos abstengamos de pronunciar opinión», indicó Jaime Mañalich, ministro de Salud, la semana pasada). Tiene una razón evidente: en un momento en que los avances políticos son endebles y que pueden volver a fojas cero si el orden público no se controla –la preocupación central de Piñera en estas horas–, el gobierno no puede embarcarse en nada que el día de mañana pueda representar un fracaso. Si no se hubiera abierto a una nueva Constitución –piensan algunos en el oficialismo– el Ejecutivo hubiera enfrentado serios riesgos en días siguientes, considerando la violencia desbocada del martes 12 y del jueves recién pasado.
Cuando existen algunos elementos que hacen pensar que al menos en lo simbólico el gobierno de Piñera se acabó –echó por la borda su programa, de partida– en La Moneda explican que la nueva Constitución no es para nada incoherente con el relato inicial de la actual Administración: llevar a cabo la segunda transición de Chile de camino al desarrollo, para lo que resulta crucial la modernización de las instituciones, cuyo corazón es la carta fundamental.
Como todo en estos días, en todo caso, se trata de una historia con final incierto…(Por Rocío Montes-DF)
