El Presidente electo Sebastián Piñera y su equipo más cercano de colaboradores no pierde el tiempo y ya ha empezado a trabajar en el aterrizaje de una áreas clave de su programa de gobierno: la agenda laboral.
Restando algo más de dos meses para instalarse en La Moneda, el próximo mandatario encargó hace unos días a su equipo la confección de algunos borradores y propuestas de cambios por la vía administrativa de la Reforma Laboral en al menos dos figuras controvertidas, como son el vacío regulatorio de los grupos negociadores y los servicios mínimos.
Cuando el proyecto laboral “estrella” de la saliente administración fue requerido ante el Tribunal Constitucional (TC) en mayo de 2016, esta entidad suprimió del articulado la titularidad sindical, dando reconocimiento a la existencia de los grupos negociadores. No obstante, el Gobierno desoyó el alcance de la sentencia y decidió sólo vetar el proyecto en aquellas normas que mantenían un equilibrio en el sistema de relaciones laborales, no enviando una ley corta para dotar a los grupos de un procedimiento de negociación. Ello implicó mantener en la iniciativa una titularidad sindical de facto. Asimismo, la Dirección del Trabajo (DT) -el ente encargado de interpretar la normativa laboral- emitió un dictamen que mantuvo en una zona gris a los grupos negociadores.
El primer camino por el que optaría Piñera, antes que el envío de una ley corta, apunta a que la DT realice una reconsideración de su dictamen de marzo pasado y reconozca que los grupos de trabajadores pueden negociar regladamente con su empleador.
“Antes de evaluar una legislación miscelánea o presentar un proyecto de ley corta, la corrección de la Reforma Laboral parte con una interpretación administrativa distinta por parte de la Dirección del Trabajo”, afirma una fuente cercana al equipo de trabajo del mandatario. Recuerda que la Corte de Apelaciones de Santiago ya emitió un reconocimiento a los grupos, pero advierte que aún falta aclarar el asunto. “Debe haber un pronunciamiento sobre la materia que sea respetuoso del fallo del Tribunal Constitucional, la Dirección del Trabajo actual no ha hecho ese pronunciamiento”, complementa.
Otro experto que ha participado en estos debates explica que la idea del nuevo dictamen será acatar la interpretación que dio el TC, respetando que los grupos de trabajadores pueden registrar sus acuerdos con su empleador como instrumento colectivo en la DT “y que tienen que ser respetados como tal”, precisa. Añade que “también hay que dejar claro que (los grupos) pueden irse a huelga”.
Desde el equipo de Piñera agregan que las correcciones administrativas a la reforma serán complementados con una propuesta de ley miscelánea, la que se enviará cuando existan las condiciones políticas para su aprobación en el Congreso.
Respecto de los servicios mínimos, también a través de nuevos dictámenes, una de las opciones es reconocer la competencia judicial para ver reclamos por calificaciones y redefinir las hipótesis de equipo de emergencia en materia de seguridad y orden público.
Otra de las materias a precisar será el concepto de adecuaciones necesarias en caso de huelga. También se buscará facilitar los contratos de trabajo por bancos de horas. A pesar de que la ley no lo prohíbe expresamente, hoy un dictamen de la DT no permite el trabajo por horas, por lo que no se puede contratar a una persona por cinco horas diarias, divididas tres en la mañana y dos en la tarde, dice un colaborador de Piñera.
MINISTRA DEL TRABAJO
La ministra del Trabajo, Alejandra Krauss pidió no utilizar “una retroexcavadora administrativa” producto de las eventuales modificaciones a la Reforma Laboral, vía dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT), que estaría preparando el gobierno de Sebastián Piñera.
“En materia legislativa es el Parlamento quien debe pronunciarse. También recordar que la Dirección del Trabajo es un organismo autónomo y nos preocupa que se estén preparando borradores por personas que no están facultadas por la Ley”, enfatizó la secretaria de Estado.
La ministra Krauss explicó que la DT ha realizado un trabajo serio y responsable durante los 9 meses de implementación de la Ley, que se ha dado cumplimiento a “todos los mandatos” y “compromisos que asumió con el mundo laboral”.
“Me parece que estamos enfrentando una retroexcavadora administrativa. Eso no le hace bien al país, al Parlamento, a los trabajadores ni a los empleadores”, señaló en el Congreso Nacional.
“Haremos respetar el Estado de Derecho, porque entendemos que entregamos certezas jurídicas, que es importante garantizar a empleadores y trabajadores, y también al Parlamento”, afirmó.
Según datos de la Dirección del Trabajo, en servicios mínimos hay un 45% de acuerdo directo entre las partes, y el 22.9% de las empresas que podría haber requerido Servicios Mínimos efectivamente lo hizo, sea por la vía de acuerdos directos o por el propio servicio.
Además 30 causas de servicios mínimos han sido reclamadas ante la Justicia, lo que representa el 6% del total de las calificaciones realizadas hasta ahora.
Asimismo, en el período abril/diciembre de 2017, las huelgas aprobadas y efectuadas alcanzaron un 17,7%, por debajo del promedio de 23,8% de los últimos 4 años.
Respecto al avance de los proyectos de pensiones, la ministra Krauss explicó que desde que la Presidenta Michelle Bachelet anunció la propuesta se están buscando acuerdos, porque es una necesidad imperiosa de mejorar las jubilaciones de los actuales y futuros pensionados.
“Este es un tema que requiere urgencia, no se puede politizar con la vida de nuestros pensionados, porque el incremento de sus pensiones y la dignidad de los adultos mayores necesitan una respuesta hoy”, señaló. (Pulso)
