Diversas agrupaciones vinculadas a la educación y a los derechos humanos enviaron una carta a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde le piden realizar acciones para que el Gobierno chileno suspenda y corrija el plan de retorno a las clases presenciales ya que –aseguran– éste «no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos«.
En el documento –que fue enviado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y suscrito también por el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) y el Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación– se denuncia la «grave situación de amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica» de estudiantes, profesores y trabajadores de la educación debido al plan del Ejecutivo para reabrir escuelas en medio de la pandemia.
También se exponen distintos antecedentes, como que en el plan «Plan Paso a Paso» se contempla el retorno a clases presenciales ya en la fase 3 (Preparación), incluso antes de la Apertura Inicial; y hacen ver que el Magisterio ha advertido de las dificultades para reabrir sin contar con las condiciones de seguridad, y que «las escuelas de las comunas con menos recursos no tienen la capacidad de generar las condiciones sanitarias necesarias para el retorno a clases presenciales».
Consignan además que los primeros colegios en reabrir en la RM se ubican en Vitacura y Pirque, que son «dos de las comunas con mayor presupuesto per cápita» de la zona.
Apuntan que una encuesta del Colegio de Profesores arrojó que el 97,7% no aprueba el retorno a clases presenciales en las actuales condiciones y que, «pese a todo, el ministro de Educación vuelve a insistir en el retorno a clases presenciales de algunos establecimientos» apuntando a los alcaldes que, a su juicio, «no están dispuestos a tomar decisiones que van en contra de las encuestas» y que no han tenido el liderazgo para ir tomando decisiones a nivel local.
Al mismo tiempo, afirman que el Mineduc ha renunciado «a su rol» y dejado «en manos de los sostenedores la decisión de reabrir o no los colegios en pandemia».
Por todo lo anterior, afirman que el retorno a clases presenciales iniciado en el país «no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos contraídas por el Estado de Chile, sobre la base de la buena fe y tratándose de derechos tan relevantes como la vida, la integridad física y psíquica y la salud que, en este caso, pueden ser afectados o puestos innecesariamente en riesgo».
Agrega que «la medida gubernamental es contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios, las que ponen especial énfasis en que las medidas excepcionales que se adopten, deben tener como límite el respeto irrestricto de los derechos humanos».
«El plan de retorno a clases presenciales no se ajusta a las normas internacionales a cuyo respeto y debido resguardo el Estado de Chile se encuentra obligado, así como transgrede y desconoce las orientaciones que tanto Naciones Unidas como el sistema interamericano han dado sobre la materia», concluye la carta.
Ante esto, solicitan a la Alta Comisionada que «en uso de sus atribuciones, adopte todas las medidas pertinentes en el marco de sus facultades y competencias a fin de que el gobierno suspenda la aplicación de la medida observada o la corrija en términos que aseguren o garanticen la protección de los derechos afectados, conforme a los antecedentes expuestos».
EX MINISTRA DE EDUCACIÓN
Cabe consignar que Adriana Delpiano, quien fue ministra de Educación durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, se ha mostrado partidaria de que se hagan los esfuerzos para volver a las escuelas.
«Creo que hay que poner en una balanza el gran esfuerzo que han hecho la mayoría de los profesores y colegios de mantener el vínculo de los estudiantes, pero, por otro lado, la necesidad casi por salud mental, de volver al colegio, al establecimiento físico (…) Soy partidaria de que de a poco, y en la medida de lo posible (volver a las aulas)», manifestó hace unas semanas en entrevista con EmolTV.
Agregó que «si por ejemplo hay 17 comunas que no tienen enfermos de covid, no hay ninguna razón para que esos lugares estén cerrados, y no se vuelva a clases presenciales».
Eso sí, planteó que la decisión debe ser voluntaria y conforme a lo que opte «cada comunidad educativa, de acuerdo a lineamientos generales dados por Salud y Educación». (Emol)
