Cuando estalló la llamada arista política del caso Penta, al interior del oficialismo mostraban cierta cautela, ya que no se descartaba que en algún momento saltara alguna esquirla hacia la Nueva Mayoría. En ese plano, desde el mismo gobierno, la estrategia consistió en no apuntar con el dedo a la UDI, partido donde aparecen más políticos mencionados en la carpeta investigativa de la fiscalía. Cuestión que con el paso de los días fue cambiando, tras salir a la luz más antecedentes sobre los parlamentarios involucrados, y más aún cuando uno de estos mismos reconoció irregularidades, como el senador Iván Moreira.
En ese contexto, y justo cuando La Moneda pretendía volver a centrar la atención en el caso Penta, pero enfocándolo en la tienda de calle Suecia, surgieron nuevos nombres que involucran oficialismo, según consignó ayer el diario La Tercera. Así, al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC) -mencionado en las declaraciones de los dueños de Penta como receptor de $4 millones supuestamente como aporte de campaña, a través de la emisión de una factura- se sumaron los documentos emitidos emitidos, esta vez, a la sociedad minera Soquimich, por el hijo del diputado falanguista Roberto León, Roberto Javier León, y la ex asesora del senador del PS Fulvio Rossi, Mariela Molina.
Este escenario, según comentan algunos miembros de la NM, puede complicar al conglomerado. Más aún cuando podrían aparecer más nombres en una arista (Soquimich) que podría seguir escalando. Por lo mismo, algunos creen que es prudente reforzar el diálogo con La Moneda, que ha estado manejando estos temas con algo de hermetismo -según comenta un parlamentario-, no enfrentando el problema en conjunto con los partidos.
En Palacio están conscientes que el caso Penta se está comenzando a ampliar hacia la NM, pero optaron por mantener, por ahora, la estrategia de enfrentar esta coyuntura bajo la premisa de que la justicia debe actuar sin presiones políticas ni prejuicios: «La postura del gobierno es una sola: la fiscalía debe desarrollar su trabajo sin interferencias políticas y ésta determinará cuáles fueron las circunstancias de estos hechos», expresó el vocero Álvaro Elizalde.
Y refiriéndose al caso Dávalos, envió un recado al gremialismo: «Si la UDI se midiera con la misma vara con que mide al gobierno, se quedaría prácticamente sin dirigentes», señaló.
REACCIÓN EN LA DC
En la Democracia Cristiana pretenden que se aclare lo antes posible esta arista que involucra al diputado León, como también al ex embajador de Chile en República Checa en el anterior gobierno de Bachelet, Marcelo Rozas.
En ese sentido, uno de los vicepresidentes de la colectividad, diputado Gabriel Silber, señaló que la justicia debe actuar y que esto ojalá sea con la mayor celeridad posible, enfatizando, además, que no es momento de hacer defensas grupales: «El Ministerio Público deberá despejar a la brevedad si existen otras autoridades eventualmente involucradas. Y desde la política dar garantías a los tribunales para hacer su pega y los partidos no hacer defensas corporativas», indicó. El parlamentario agregó, al igual que el gobierno, que no es bueno contaminar políticamente la investigación.
En tanto, el secretario nacional de la colectividad, Víctor Maldonado, apuntó a que aún nada se dice respecto si se efectuaron o no los servicios: «Mientras el financiamiento sea por vías legales no hay problema y si hay una contraprestación que se puede acreditar, es decir, se realizó el trabajo, no hay boletas ideológicamente falsas», indicó.
LA DEFENSA DE ROSSI
El otro nombre que circuló ayer entre los receptores de boletas fue el de Mariela Molina. El senador Rossi, por medio de un comunicado, aclaró que «en julio de 2009 ella no tenía relación contractual conmigo», aludiendo a la fecha en donde se habría emitido la boleta a la profesional. De paso, destacó la trayectoria de su ex colaboradora, resaltando su capacidad profesional.
Tras esta declaración, la aludida también se refirió al hecho, expresando al portal SoyIquique.cl que la boleta fue una prestación particular a la minera y que ésta no tuvo ninguna relación con el senador socialista.
EL DEBATE SOBRE LA DIRECCIÓN SOCIOCULTURAL
El puesto de director de la División Sociocultural de La Moneda quedó vacante. Este cargo depende directamente de la Presidencia y se espera que sea la mandataria, quien tras el retorno de sus vacaciones, designe al sucesor de Sebastián Dávalos.
Antes que asumiera el hijo de la Presidenta -lo que en su momento provocó gran sorpresa en muchos sectores del oficialismo, incluso habría extrañado a Rodrigo Peñailillo- sonaba para el puesto Estela Ortiz, amiga personal de Bachelet, quien en su anterior administración había ocupado el cargo de directora de la Junji y que ahora está al mando del Consejo Nacional de la Infancia. Su nombre hoy vuelve aparecer. Así también, se comenta desde el oficialismo, que la actual ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, también podría trasladarse de oficina en La Moneda.
Sin embargo, más allá del reemplazante, el debate que ya algunos plantean es cómo reestructurar el cargo de «primera dama», y cómo darle mayor institucionalidad a esta división. Hay quienes creen que este cargo debiese pasar directamente por la Alta Dirección Pública y no depender sólo de la confianza del Presidente de turno. (DF)
