Peligros para el orden constitucional

Peligros para el orden constitucional

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Un reciente fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema establece, en sus considerandos, que sus ministros pueden revisar decisiones del Tribunal Constitucional, a fin de verificar si en ellas se lesionan o no derechos fundamentales.

Se trata de una decisión del máximo interés público por la alteración que produce en el diseño constitucional.

Si bien los considerandos y razonamientos del fallo no son muy abundantes, el voto del ministro don Sergio Muñoz es del máximo interés por la influencia que sus puntos de vista han adquirido, poco a poco, en la Corte.

Sostiene el ministro que una cosa es el precepto constitucional y otra cosa, distinta, la interpretación que de él pueden formular los jueces. Y ocurriría, agrega, que la Carta Constitucional entrega al Tribunal Constitucional la facultad de controlar la constitucionalidad de los preceptos, no de sus interpretaciones. En opinión del ministro (una opinión que expone comentando la obra de Hart), la ley establece un marco de significados en cuyo interior hay varias interpretaciones posibles, todas igualmente lícitas, y correspondería a los jueces (no al Tribunal Constitucional) decir cuál de ellas es mejor o más correcta. Esto último sería materia de discreción, la facultad de los jueces de decidir por sí mismos qué interpretación admiten los inevitables intersticios de significado que los preceptos legales poseen.

No cabe duda de que el punto de vista expuesto por el ministro Muñoz revela ingenio; pero es obvio que está errado.

En efecto, su punto de vista descansa en la idea de que un precepto constitucional es una cosa y que las interpretaciones que él admite son otra distinta. La facultad del Tribunal Constitucional alcanzaría al precepto y no a sus interpretaciones.

El error de ese razonamiento deriva del hecho que en él se supone que un enunciado lingüístico contenido en una ley es distinto de la forma de leerlo, cuando es obvio que esa distinción no es simplemente posible. Determinar el significado de un enunciado —es decir, lograr que signifique esto o aquello— no se distingue del enunciado mismo, salvo que a este último se le considere una simple suma de grafías sobre un papel. Pero, obviamente, no es el caso. Las reglas para ser reglas necesitan estar dotadas de significado y para que ello ocurra deben ser leídas, es decir, interpretadas. De los preceptos legales hay que decir entonces lo mismo que Sartre expresaba de un texto literario: se trata, decía, de un “trompo extraño que no existe sino en movimiento”, con lo cual quería decir que no hay en rigor texto al margen de la lectura que lo vivifica y lo hace inteligible. Mutatis mutandis, lo mismo hay que decir del texto legal.

Así entonces el argumento expuesto obiter dictum por el fallo —y desarrollado con cierto pormenor por el ministro Muñoz— incurre en un error que debe ser corregido. Para advertirlo, basta conceder la forma en que él presenta la tarea del juez: optar por una de las varias interpretaciones posibles que el enunciado lingüístico en que consiste la regla admitiría. De ser así las cosas, ¿cómo se sigue de allí que el Tribunal Constitucional no pueda establecer qué lectura es contraria al texto constitucional? El non sequitur del razonamiento del ministro Muñoz salta a la vista. Del hecho que una regla admita varias interpretaciones, no se sigue que en el control de constitucionalidad no pueda declararse que una de ellas no es admisible.

El razonamiento que se acaba de comentar es conceptualmente interesante; pero se trata de un razonamiento peligroso porque si se le sigue —y como se acaba de exponer no hay razones para hacerlo— se altera el sistema de competencias que la Carta Constitucional ha establecido. Hay aquí un nuevo síntoma de un fenómeno que se ha expandido poco a poco en la jurisprudencia: la voluntad de subordinar la aplicación de las reglas y las competencias establecidas por las reglas fundamentales al objetivo de alcanzar lo que los jueces estiman es la justicia material. (El Mercurio)

Carlos Peña

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