Podemos seguir negando la complejidad o profundidad de la crisis chilena, o podemos ponernos a trabajar en serio en las soluciones, con todos los sacrificios que eso conlleva para los que hoy tenemos privilegios. En este sentido, el 6% no es gratuito.
Mucho se ha hablado y especulado sobre lo que quieren expresar los chilenos y chilenas. La CEP vuelve a ratificar lo que otros estudios han planteado y agrega información valiosa. Primero, el malestar es real y no decae (bajan los “asustados” y suben los “enojados”, altos apoyos a manifestaciones y marchas). Segundo, el peso de la desigualdad, esa que recae en la economía de los hogares, es lo que piden resolver las personas (pensiones, salud, educación, sueldos). Tercero, lo más evidente: las instituciones que deben dar conducción a nuestra convivencia están en riesgo vital.
¿Se visualiza algún camino que permita ofrecer una salida? Paradójicamente, sigue siendo la política. No aquella encerrada en las instituciones políticas, sino la de las conversaciones, la política tal como se la imaginan nuestros compatriotas: democrática, participativa, que los toma en cuenta, que respeta sus libertades, valora sus esfuerzos y que se dedica a resolver sus problemas. Según esta encuesta, aumenta la valoración de la democracia y baja la valoración del autoritarismo; se opta por las reformas estructurales para solucionar problemas; la mayoría estaría pidiendo que se busquen acuerdos.
De ello se desprende una clara demanda por conducción, no desde la verticalidad, sino que reconociendo los anhelos, valores y temores de las personas. Vemos entonces una posibilidad cierta de que reconstruyamos la legitimidad de nuestras instituciones:
En primer lugar, la gente cree en la Nueva Constitución; no solo la aprueba en un 67%, sino que cree mayoritariamente que puede ayudar a resolver los problemas del país. Tenemos una oportunidad real de hacer buena política y canalizar la discusión sobre el país que queremos ser en este proceso histórico.
En segundo lugar, dado que ya no se tolera la violencia del Estado ni la violación de los derechos humanos, urge tomarse en serio la reforma policial para que Carabineros sea la primera garante de las libertades y los derechos garantizados.
En tercer lugar, las fuerzas políticas deben llegar a acuerdos ambiciosos en la agenda social. No podemos seguir con letras chicas o aspirinas, debemos apuntar a las causas estructurales de la desigualdad, en pensiones, salud, vivienda, infraestructura pública y justicia tributaria. A estas alturas, una real condena a los delitos de cuello y corbata también es parte de la agenda social.
Esta encuesta contiene muchas láminas para deprimirse, pero hay espacio, todavía, para recuperar la esperanza. (El Mercurio)
