Diez de las 16 líneas de metro cerradas, otras cuatro funcionando con un tercio de trenes, dos de las cinco líneas ferroviarias regionales de la ciudad con un servicio reducido a la hora peak y ningún tren durante el resto del día, además de buses y tranvías intermitentes. Esa fue la caótica situación hoy en la mañana en París, debido a una huelga de la Compañía Autónoma de Transportes Parisinos (RATP), que generó congestiones de casi 300 kilómetros en las carreteras de acceso a la capital francesa.
La última huelga en el transporte público de esa envergadura fue en 2007, y motivada por la misma razón que la de hoy: la reforma de pensiones que el gobierno francés pretende llevar a cabo.
En su campaña en 2017, el Presidente Emmanuel Macron prometió reformar las pensiones con la creación de un “sistema universal”, y en julio de este año el encargado de realizar las propuestas para la futura reforma, Jean-Paul Delevoye, las presentó al Ejecutivo. Este nuevo sistema basado en puntos sigue la lógica de “un euro contribuido otorga los mismos derechos para todos”. Sin embargo, para quienes tienen regímenes especiales de pensiones como los conductores de trenes, trabajadores del sector eléctrico, Fuerzas Armadas, notarios, etc., esta reforma supone el fin de sus privilegios.
“La reforma de las pensiones es un importante problema político y económico en Francia. Este tema vuelve regularmente a la agenda. Se han destacado no menos de seis reformas en los últimos 20 años: 1993, 2003, 2008, 2010, 2012, 2014”, explica a La Tercera Victor Poirier, experto del think tank francés Institut Montaigne y especialista en temas de finanzas públicas.
Ante el complejo panorama en el transporte este viernes, se disparó el uso de otros medios de transporte como las bicicletas y los scooters. Según Fluctuo, una start-up francesa que agrega datos de servicios de movilidad compartida, el uso de las bicicletas ofrecidas por algunas aplicaciones entre las 06.00 y las 11.00 aumentó un 129% en comparación con el viernes pasado. Para los scooters, su uso aumentó en un 208% durante el mismo período. Además, la tarifa de Uber habría subido hasta en tres veces su precio normal.
El jueves, el primer ministro Édouard Philippe reafirmó su deseo de “eliminar los regímenes especiales”, que actualmente son 42, y hacer que el sistema de pensiones sea “más justo”.
Los trabajadores del metro temen que este nuevo sistema de pensión universal los obligue a trabajar más tiempo, sin que esto se vea reflejado en su jubilación. En promedio, hoy estos trabajadores se jubilan a los 55 años, mientras que la mayoría de los trabajadores franceses lo hace a los 62 años.
“Tocar nuestras pensiones es romper un contrato social, e incluso un contrato moral”, denunció al diario francés Le Monde Jean-Christophe Delprat, delegado del sindicato SUD-RATP.
Con esta reforma, se propone elevar a 64 años la edad de jubilación para poder cobrar la pensión completa, frente al mínimo de 62 años establecido en el sistema actual. Retirarse a esta última edad seguirá siendo legal, sin embargo, quien lo haga perderá un 10% de su pensión. Quien se jubile a los 63, percibirá un 5% menos.
Así, Poirier sostiene que debido al contexto político-económico de Francia solo restaba una opción para modificar el sistema de pensiones: “En un contexto de tensiones sociales (el movimiento de los chalecos amarillos nació hace casi un año, en noviembre de 2018), parece inconcebible reducir significativamente las pensiones. En un contexto de baja competitividad, parece igualmente problemático aumentar las contribuciones, so pena de aumentar el costo de la mano de obra. Por lo tanto, el único apalancamiento restante es la edad de jubilación”, dice el experto.
De todas formas, el gobierno de Macron sostiene que el plan es un “claro progreso hacia una mayor justicia social”, y que recién entrará en vigor en 2025 y con períodos de transición para suavizar los cambios y efectos.
Y como parte del aprendizaje luego de las manifestaciones protagonizadas por los chalecos amarillos por el aumento de un impuesto al combustible, y otras medidas del Ejecutivo, el gobierno francés ahora pretende abrir el diálogo social frente a la futura reforma que espera ser aprobada para el verano boreal de 2020. Por eso, se realizarán consultas ciudadanas que se extenderán desde fines de septiembre hasta fin de año, mientras que las conversaciones con los interlocutores sociales comenzarán la próxima semana y durarán hasta principios de diciembre.
Pero aquello no parece calmar el descontento. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras organizaciones sindicales de Francia ya ha anunciado movilizaciones para el 21 y 24 de septiembre. Y desde la próxima semana varios otros profesionales como abogados, personal de aerolíneas y trabajadores del área de la salud, también realizarán huelgas. (La Tercera)
