Con la parafernalia característica que han adquirido los anuncios del gobierno, este domingo La Moneda decepcionó nuevamente al anunciar uno de sus programas sociales para paliar la crisis económica que enfrenta nuestro país. Esta vez, el foco fue la denominada “clase media”, pero el beneficio consistía, básicamente, en la postergación del pago de deudas y en la entrega de una batería de créditos. Es decir, se trata de una “ayuda” que a la vez es una condena: alivia el bolsillo hoy, lo desfinancia para mañana.
A esta altura, se trata de una historia repetida. Un Ejecutivo incapaz de pensar más allá de los estrechos márgenes del Estado subsidiario y la focalización sigue, en la práctica, cargando el costo de la crisis en las y los trabajadores: mientras las grandes fortunas del país permanecen intocables, las ayudas económicas a la “clase media” y los sectores populares han sido y seguirán siendo escuálidas.
En ese escenario es que aterriza la propuesta del retiro del 10% de fondos de las AFP, ya aprobada en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas, y que será votada en sala este miércoles. En cualquier otro contexto, veríamos en ésta una medida negativa, puesto que refuerza la lógica de capitalización individual (cada cual es dueño de “sus” ahorros y puede disponer de ellos como parte de “su” propiedad) y además es regresiva en la medida que los fondos están desigualmente distribuidos (de hecho, la desigualdad de los recursos en estos fondos es mayor que la desigualdad de los ingresos laborales producto de las rentabilidades acumuladas).
Sin embargo, ante la porfía y mezquindad del gobierno con respecto a transferencias directas hacia las y los trabajadores, esta medida hoy se avizora como una alternativa no solo prudente, sino incluso necesaria: las y los trabajadores necesitan urgentemente disponer de ingresos líquidos. Es por eso que la respaldamos.
Esto nos lleva a una cuestión central: si lo que queremos es que esta medida de emergencia no replique la lógica del gobierno de cargar los costos a las “clases medias” y populares, ¿cómo evitamos que una ley que permite el retiro de un porcentaje de fondos de los ahorros previsionales tenga consecuencias perjudiciales en las futuras pensiones de los cotizantes?
Sin duda, la solución a este problema no nos la entregarán las AFP. Sabemos que es un sistema que está en retroceso y cuya superación es parte de las principales tareas políticas inmediatas. Ese tren ya partió. En esa línea, al parecer este debate sentó un consenso inédito, puesto que incluso el oficialismo -principal fuerza opositora a cambios sustanciales al sistema de pensiones- defendió su negativa al retiro de fondos, haciendo referencia a las deficiencias del sistema de AFP que hemos venido denunciando junto a los movimientos sociales hace años: que las pensiones son muy bajas, que muchos cotizantes presentan lagunas y que existe una pronunciada brecha de género. Entonces, cualquier intento de evitar que el retiro de fondos sea regresivo debe realizarse por fuera de este sistema.
A partir de esta premisa es que desde Convergencia Social y el Frente Amplio hemos defendido la creación de un Fondo Colectivo de Pensiones, que con criterios de solidaridad y progresividad amortice la caída de las pensiones de los futuros pensionados (actuales trabajadores/as) producto de este retiro de emergencia. Este fondo debe ser financiado en un comienzo con aportes del Estado y del empleador, replicando la misma lógica del Fondo de Cesantía Solidario. De este modo, la idea es que, cuando estas personas jubilen y sus fondos individuales no alcancen para financiar su vejez, puedan echarle mano a este Fondo Solidario, que funcionará como complemento a su pensión.
Junto con lo anterior, este fondo debe ser administrado directamente por una institución pública autónoma, cuyo rol sea velar por que las inversiones realizadas con esos recursos sean bajo criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Así, con esta institucionalidad creada, debería abrirse la puerta para que las y los trabajadores pudieran migrar el 100% de sus fondos de ahorro a este Fondo Solidario de Pensiones, constituyéndose éste en un fondo de pensiones que acabe con la lógica de la capitalización individual y, además, establezca un financiamiento entre trabajadores/as, empleadores y el Estado.
La situación que está viviendo el país es extrema. Sin duda la superación de la pandemia nos va a enfrentar a un escenario difícil cuyas consecuencias en términos de aumento de los índices de pobreza y desigualdad, desempleo e inserción laboral de las mujeres van a ser críticas. Hasta ahora, todas las señales de este gobierno han ido en la línea de resguardar las ganancias del gran empresariado y cargar los costos a las familias trabajadoras del país.
Pero las crisis pueden devenir también en oportunidades, y estas van de la mano con hacer las cosas de otro modo. La situación actual nos enfrenta a dos posibilidades: o se intensifica el modelo neoliberal actual o empezamos a caminar hacia un ordenamiento distinto, basado en una distribución justa de la riqueza, cambiando la competencia por solidaridad y poniendo en el centro el bienestar y buen vivir. Pocos ejemplos son tan claros como el de este proyecto. Convertir el retiro excepcional de fondos de pensiones en un camino hacia la creación de un Fondo Solidario es justamente una muestra del tipo de medidas que debiésemos tomar para que, a la larga, el Chile que salga de esta crisis sea mejor que el que entró a ella. (La Tercera)
Gabriel Boric
Camila Arenas
