Entre las propuestas planteadas por el gobierno para ir en ayuda de las personas necesitadas, especialmente la clase media, destaca el otorgamiento de créditos de hasta $2,6 millones, pagaderos en cuatro años con uno de gracia, en UF y sin intereses. El crédito tendría la garantía del Estado, por lo que, si no es pagado, pasa a ser un gasto fiscal. La postura de la oposición a esta propuesta es que el Estado debe permitir el retiro de fondos de los pensionados hasta por un 10% y que se imponga un “bono de reconocimiento” por igual cifra. El gobierno, adicionalmente, afirma que esos créditos protegen las pensiones y los deudores serán beneficiados si el Estado asume dichas obligaciones en caso de incumplimiento; a ello la oposición responde que la fórmula del gobierno acarrea mayor endeudamiento respecto de personas que ya están sobre endeudadas.
Si bien es evidente que el otorgamiento de un préstamo constituye un mayor endeudamiento, para la mayoría de las personas, estén o no afiliadas, el crédito estatal tiene un triple efecto que no se puede desconocer. En primer lugar, se trata de un monto significativo de $2,6 millones, que se prestan a UF más 0% de interés y con un año de gracia, lo que hoy no es posible obtener del sistema bancario; luego, la deuda tiene la garantía del Estado, y si el obligado no paga, se transforma en gasto fiscal; finalmente, la suma constituye un estímulo para que las personas retomen actividades y puedan generar nuevos empleos.
Bajo esta perspectiva, no resulta racional permitir el retiro de un 10% de los ahorros si ello va en detrimento de los fondos de jubilación. Una decisión como esa constituye una irresponsabilidad en comparación a una deuda con aval del Estado. El “bono de reconocimiento” que aparenta subsidiar las pensiones retiradas, en realidad afecta y disminuye las pensiones. Ello transgrede la finalidad de la ley, que persigue su protección, e importa impulsar a las personas a retirar sus fondos, ya insuficientes y afectados por la reducción de los ingresos.
Según la opinión experta de la OCDE, la fórmula del retiro implica una reducción de hasta un 9% de las pensiones. Como se ha dicho por expertos, además no se ha reparado en que, al manejar menos fondos, las AFP se verán beneficiadas por un menor encaje y provisiones.
Todos pensamos que, en casos de crisis como la que vivimos, el riesgo del endeudamiento de personas necesitadas debe ser soportado por el Estado, pero no con cargo a los fondos de pensiones, pues entonces dicho riesgo se traslada al afiliado. Baste decir que en los pocos países en que se ha autorizado el retiro, el resultado tiene un solo nombre: pan para hoy y hambre para mañana. Todo indica que la oposición -y aquí está el verdadero tema de fondo- lo que busca es desestabilizar el sistema de AFP más que proteger a las personas. (La Tercera)
Álvaro Ortúzar
