Cuando se habla de los atentados que ocurren en la Macrozona Sur hay datos para todo. Se conocen las comunas en las que ocurren más ataques, el número de personas afectadas, o de los bienes y camiones quemados, incluso se puede medir por hectáreas la cantidad de madera robada al año; pero hay una cifra negra de la que no se habla: el número de parceleros –forestales o agricultores– que han sufrido una extorsión para poder continuar con su actividad.
“Denunciar qué significa: que de por sí se van a tomar el campo. No hay una mejor opción. Hay agricultores que se han defendido y después les queman el galpón o le queman la siembra. Al final, la lamentable mejor opción es aceptar la extorsión, y seguir funcionando, que arriesgarse a atentados o que se tomen el campo y perder todo”, dice el dueño de un predio forestal en la Provincia de Cautín que tuvo que pagar 24 millones para que le permitieran explotar su bosque.
En la Macrozona Sur esto sucede con frecuencia, pero quienes lo han padecido temen denunciar. No solo por las consecuencias materiales que esto les pueda traer; sino porque todos consideran que al hacerlo sus propias vidas corren peligro y que el dinero recaudado se utiliza para financiar los atentados.
“Pasan hartas cosas y nosotros no vemos nada, ni oímos, ni decimos”, dice otra de las víctimas ubicada en la Provincia de Malleco.
Y es que apenas en junio pasado ocurrió la constatación pública de lo que todos quienes viven en el sur padecen: las mafias de la madera y las orgánicas radicales que operan en La Araucanía y el Biobío trabajan de la mano. Lo admitió el dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, en la presentación del libro Chem ka Rakiduam en Santiago: “La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos (…) para tener los fierros y para tener los tiros”.
Y lo ratificó el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, al hacer el balance del primer mes de aplicación de la nueva ley de robo de madera, quien reconoció que existe un vínculo directo entre este ilícito y la usurpación de predios forestales: “Se trata de fenómenos que están vinculados. Lo que ocurre en una primera etapa es la ocupación violenta, reivindicación de determinados predios, la expulsión de sus propietarios. Luego se utiliza la fuerza y armas de fuego para repeler la acción de la policía y una vez que está asentado el control territorial sobre determinados predios, lo que comienza es una explotación ilegal de la madera”.
EL MECANISMO DE LA EXTORSIÓN
El Líbero pudo hablar con tres víctimas de extorsión, bajo condición de anonimato debido a que temen por su seguridad. Están asentados en la zona roja del conflicto y sobre ellos pesan amenazas.
Explican que el chantaje ocurre de múltiples formas, pero siempre comienza con los representantes de una comunidad que plantean una reclamación. Puede suceder la exigencia de un pago único para permitirles seguir desempeñando su actividad; también pasa que se les exige la venta del predio a un precio irrisorio.
“Es un robo blanqueado”, dice una de las víctimas.
O la empresa forestal tiene que entregar una cantidad de camionadas de madera al mes a la comunidad que hace el reclamo para que les permitan seguir cosechando el bosque.
A continuación, las historias de las víctimas que, por primera vez, acceden a hacer público el relato de cómo los extorsionaron:
“TUVE QUE IR A DEJAR EL DINERO A LA COMUNIDAD”
“Winka, te vamos a quemar la casa”. Esa fue la primera amenaza que recibió este parcelero forestal ubicado en la Provincia de Malleco.
No tiene un gran predio sino unas cuantas hectáreas de bosque que preparó, plantó y manejó durante alrededor de 15 años; pero ahora no puede cosecharlo, aunque la madera está en condiciones de ser extraída.
“No puedo sacar lo que me queda. Me quedan otros sectores de bosque y no los puedo explotar. Ahí están parados. Cuando saqué la primera parte tuve que pagar una plata. Hacer un aporte a una comunidad. No puedo generar ningún tipo de recursos porque debería pagarles a ellos para poder sacar la madera y yo encuentro que eso no corresponde, que no es justo”, dice.
Cuando todo comenzó él estaba explotando la primera parte del predio. Un día llegó una camioneta llena de comuneros, lo citaron a una reunión y le pidieron no sacar más madera. Al contrario: querían que les vendiera el campo. Pero no tenían el dinero para pagarle, sino que lo obtendrían a través de los fondos que entrega la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
En el ínterin cuenta lo que ocurrió: “Yo tenía madera acopiada para venderla. Ahí es cuando ellos me piden un aporte en dinero para yo poder sacar esa cantidad de madera. Tuve que negociar con ellos y hacerles un aporte para que se quedaran tranquilos. Lo negocié, bajamos bastante el monto, se lo tuve que ir a dejar a su comunidad el dinero pero aún así no se conformaron”.
Lo que ocurrió luego fue que tuvo que aguantar el asedio de la comunidad vecina. “Sé que fue porque quedaron inconformes”. Les han robado animales, sus familiares han sufrido asaltos, han sido golpeados y les han quemado sus terrenos. “Es insostenible la vida, la situación”.
Además, este parcelero tampoco quería vender: “Yo nací en un campo donde mis padres no eran dueños de tierra, cuando yo era adulto ellos empezaron a comprar pedacitos. Después me puse a trabajar y seguí comprando, porque era lo que yo sabía hacer: trabajar la tierra”. Pero también renunció a la agricultura “por el peligro que implica”.
Con todo, accedió a vender, pero eso no se ha concretado y tiene que vivir en una de las zonas rojas del conflicto.
“No estamos generando recursos. A una casa uno tiene que darle mantención y nosotros no lo estamos haciendo porque no queremos invertir ni un peso más, tenemos miedo, porque en cualquier minuto la podrían quemar. El peso que llega tratamos de ocuparlo en otra cosa, para subsistir y, si ocurre un milagro, poder irnos a otro lado”, señala.
Y es que precisamente ese bosque que tiene y que no puede explotar era su esperanza de poder tener una vida mejor: “Esperar 12, 13, 14 años para explotar un bosque significa que tiene que haber ingresos de otro lado para subsistir, cosa que en nuestro campo por ser pequeño no teníamos. Nos dedicamos al campo al 100%, criando unos poquitos animales para poder escasamente pasar el mes o el año, con la gran esperanza de que cuando nuestros bosques fuesen adultos íbamos a generar ingresos importantes y vivir otra calidad de vida. Pero eso no ha sido posible”.
La Fiscalía está al tanto de su situación. No obstante, opina que “finalmente es más conveniente no denunciar que denunciar, porque lo que se pretende es que uno no vea, ni escuche nada. De todas formas yo en la Fiscalía tengo muchas denuncias de todos los eventos, porque no han sido uno, ni dos”.
Y agrega que sus vecinos tampoco pueden dedicarse a la agricultura “porque viene la extorsión, viene el fuego y, aunque quisiéramos hacer algo, no va nadie a prestarnos servicio. Si yo me pongo valiente y voy al bosque a hacer madera, no va a ir ningún camión a buscar madera. Ninguno. A no ser que sea un camión de ellos y tenga que pagar la extorsión”.
Sobre si el dinero que les piden es para financiar “los fierros y las balas”, responde: “Está clarísimo que es eso. En cada extorsión que hacen. Donde yo estoy hay una parcela bastante grande de una forestal y yo veo que de ahí sale mucha madera. Esos comuneros obviamente que tienen que cuadrarse con los aportes para la CAM. Los robos de animales que hacen también son para eso. Habrá una parte que destinarán a sus gastos personales, pero en el fondo ellos tienen que responder ante la organización que ellos tienen para, a su vez, también tener protección. Y así van financiando esta causa. No se me ocurre de dónde otro lado puedan generar recursos para financiar viajes, movimientos, atentados, fierros, todo lo que implica aquello”.
“UN LONCO DIJO: PARO EL ROBO PERO BAJO MIS CONDICIONES”
Esta víctima representa a una empresa forestal mediana que desde el año 2018 está viendo el desangre de su bosque. “Nos empezaron a robar de una comunidad. Hubo problemas con camiones que se tomaron dentro del predio, seguimientos en la carretera”, relata.
Además, deja en claro que lo que ocurre está asociado “al control territorial” porque siempre actúan “amparados en la recuperación de tierras”.
La presión se acrecentó porque quien hizo la reclamación territorial del predio fue un lof respaldado directamente por la CAM.
La víctima, que ha sido amenazada, apunta que estuvieron 28 años esperando para cosechar el bosque y nunca hubo un problema hasta el 2018.
Recurrieron a la Fiscalía y lograron que les dieran un recurso de protección, pero con todo y eso la extracción de madera por parte de terceros no cesó. “Se vio que iban a seguir robando. Entonces, a través de otra comunidad, un señor se nos presentó, se identificó como lonko, y nos dijo que él paraba el robo pero que tenía que ser bajo sus condiciones, y ésto fue venderle a ciertas personas, que no son mapuche, pero a un precio irrisorio”.
Explica que el precio de mercado promedio de un bosque de esa calidad, cuyos árboles tienen buen diámetro y buen manejo, pudo haber sido de 40 mil pesos por metro cúbico, pero a ellos les pagaron entre 25.000 y 27.000 pesos. “¿Y la diferencia de precios quién se la gana? La misma empresa que se llevó el bosque es la que está trabajando con ellos. Es un robo blanqueado. Pero era la única manera de no perder todo. Las grandes empresas tienen cómo combatirlos, tienen más medios. Uno que es más chico, no. O vendo a ese precio o pierdo todo. Eso es así”.
Agrega que “es una mafia, donde los que menos ganan plata son las personas de apellido mapuche”.
Dentro del rubro conoce de otros casos de extorsiones: “Hay empresas serias, que no andan robando, y llega esta gente a extorsionarlos. Les dicen que tienen que darles plata o camionadas de madera todos los meses porque sino les queman máquinas. Esta es una cosa ya generalizada”.
Tan generalizado que se extiende al sector agrícola. “Hay gente que piensa que es la única manera de salir de la situación y entregan camionadas de trigo, sectores de campo para que lo siembren ellos, plata. Y esta gente logra el control territorial porque verdaderamente tienen soldados”.
Y ante la pregunta de si con el dinero que sale de las extorsiones financian atentados, la respuesta es contundente: “Totalmente, por eso es que me siento mal”.
“LA MEJOR OPCIÓN ES ACEPTAR LA EXTORSIÓN”
Optaron por ser precavidos. Cerca del bosque de esta familia en la Provincia de Cautín había una parcela que fue explotada “entre comunidades y grupos violentos, o sea, personas ajenas al dueño”.
Por esta razón decidieron adelantar unos tres o cuatro años la cosecha de su madera, pero al poco tiempo comenzaron los problemas con las comunidades vecinas: fueron a “marcar” el predio, es decir instalar lienzos con la reivindicación territorial y también les amenazaron con cortar el camino.
“Para poder explotar tuvimos que hacer un par de pagos. Fueron $24 millones, divididos entre la comunidad de al lado del bosque y otra comunidad que también amenazó y estaban ubicados donde nosotros teníamos que salir con los camiones”, relata.
“El pago fue en efectivo”, pero cuenta que existen distintas maneras de consumar estas extorsiones. “Hay quienes hacen figuras legales y obligan al dueño a vender a otra persona a un precio más bajo. El tema de la legalidad de la extorsión tiene cómo sacarle la vuelta. Hay empresarios forestales que tienen que optar por dar trabajo o vender a empresas que están ligadas con los violentos. Eso es lo complicado acá: así como va, si esto no se para, van a terminar funcionando solo empresas ligadas a la violencia y el resto, que no tiene esos vínculos, no va a poder trabajar”.
A este empresario forestal le preocupa que exista una “cifra negra” de extorsiones. Y cae en el dilema de que aceptar hacer los pagos “potencia más a las mafias, pero enfrentarlos saldría peor”.
“Denunciar qué significa: que de por sí se van a tomar el campo. No hay una mejor opción. Hay agricultores que se han defendido y después les queman el galpón o le queman la siembra. La lamentable mejor opción es aceptar la extorsión, y seguir funcionando, que arriesgarse a atentados o que se tomen el campo y perder todo”, sentencia.
El campo pertenecía a su familia hace 20 años, y el bosque fue plantado hace unos 14 años. “Mi papá siempre decía que esa iba a ser su jubilación”, pero hubo que cosechar porque “un campo con árboles es una tentación”, por eso ahora que está sin árboles asegura que no han tenido más problemas.
“Como se pagó supuestamente tenemos ‘buena relación’, pero siempre hay riesgo. Aquí cualquiera que siembra, sobre todo en ciertas zonas, corre el riesgo de la extorsión. Al final, ellos aprietan y no ahogan porque prefieren tener a alguien que siembre y les pague todos los años una cifra y ahí se van manejando. Es como la película de ‘El Padrino’, que le pagaban todos por seguridad, te empiezas a acostumbrar y pasa a ser lo menos malo”, señala.
Es por eso que, asegura, estas agrupaciones “se dan el lujo” de mantener una relación a largo plazo con sus víctimas y hasta de imponer los precios a los que deben vender la madera.
Advierte: “Es súper común, de frentón a uno le toca sembrar una parte del campo para esta gente y siempre el que llega de al lado o cuando marcan te dicen: ‘los vamos a marcar nosotros por un tema de seguridad’. Todo, todo está camuflado. Y todo se empieza a normalizar. En el fondo esto se da por la impunidad. Habiendo impunidad y no habiendo sanciones pasan estas cosas”.
Sobre el destino del dinero que entregan, señala: “Esas platas quedan en las cúpulas de estos grupos violentos, no baja a las comunidades. No es que sea un Robin Hood y después reparten la plata a la comunidad. Eso no sucede”. E insiste: “Aprietan pero no ahogan porque saben que le siguen sacando beneficio a las personas”. (El Líbero)
