Ha durado demasiado la confusión política y la incertidumbre constitucional. Sus disociadores efectos se manifiestan en todos los ámbitos, pero sobre todo en las dudas acerca de si los chilenos seremos capaces de evitar una crisis institucional irreparable. Mientras el terrorismo avanza en el sur y el crimen organizado se ha convertido en una temible amenaza, el país está pagando la cuenta de las torpezas, cegueras y cálculos partidistas que metieron al régimen democrático en el actual atolladero. Estamos, cómo negarlo, ante la herencia directa de la barbarie desatada en octubre de 2019, frente a la cual algunos, incluso hoy, siguen expresando indulgencia.
Hace aproximadamente una década, el FA y el PC primero, y luego sectores del PS y el PPD, empezaron a agitar la idea de convocar a un plebiscito, elegir una asamblea constituyente y redactar otra Constitución. ¿Cuál era la motivación? Básicamente, cuestionar desde la izquierda la transición democrática y desvalorizar la obra de los cuatro gobiernos concertacionistas. Se buscaba demostrar que Chile se había equivocado al avanzar por el camino de la acumulación de reformas económicas, sociales e institucionales. Era, en particular, un modo de invalidar los cambios constitucionales que promovió Ricardo Lagos, y que el Congreso Pleno aprobó el 16 de mayo de 2005 con 150 votos a favor, tres en contra (de senadores designados) y una abstención (de otro senador designado). En su período, Lagos promulgó cinco leyes que sumaron 60 reformas a la Constitución.
En su primer gobierno (2006/10), Michelle Bachelet promulgó 9 leyes con 30 reformas constitucionales. Y Sebastián Piñera, en el primero suyo (2010/2014), promulgó siete leyes con 16 reformas constitucionales. Fue en su segundo gobierno (2014/2018) cuando Bachelet llamó a elaborar otra Constitución, aunque no presentó un proyecto. Sostuvo que debía surgir un texto desde la base de la sociedad, para lo cual convocó a un período de asambleas y cabildos con agenda abierta, pero sin respaldo legal. Al final de su mandato, entregó al Congreso un proyecto cuyo contenido nadie sabe si tiene algún nexo con las asambleas y cabildos.
En su segundo gobierno (2018/2022), Piñera no tenía en su programa el objetivo de elaborar otra Constitución. Sin embargo, la revuelta de 2019, la presión opositora y las malas cuentas de su gobierno terminaron por descomponer la brújula. Imitando a Poncio Pilatos, los senadores y diputados fueron, hace dos años y medio, los progenitores de un plan que implicó que el Congreso entregara su potestad constituyente a un segundo parlamento y, además, inventaron un sistema electoral que desvirtuó el principio de igualdad ante la ley. A partir del 4 de julio de 2021, cuando se instaló la Convención, todo ha estado en discusión, incluso lo que no imaginábamos que pudiera ponerse en duda, como que Chile es una sola nación, o que la condición de ciudadano nos iguala por encima de la raza. A río revuelto, ganancia de ideólogos desinhibidos.
El borrador de la Convención, avalado por el Gobierno, es el germen de una profunda fractura. Constituye la más grave amenaza a la continuidad del Estado nación, la integridad territorial de Chile y los fundamentos de la democracia liberal. Es desembozado el propósito de segmentar racialmente a la población y fomentar una especie de corporativismo indigenista que impondría sus dictados al resto de los chilenos. El feo rostro del autoritarismo asoma en el diseño del sistema político. Así las cosas, lo que está en juego no es el quorum de las reformas, ni las garantías para que los parlamentarios conserven sus cargos, ni una eventual transición mediante decretos presidenciales, sino si seguiremos viviendo en democracia.
Nada es hoy más importante que generar una vigorosa corriente ciudadana orientada a defender la cohesión de la nación, los valores y procedimientos de la democracia representativa y las bases probadas del progreso económico. En tal perspectiva, es crucial establecer un orden de prioridades. No es posible oponerse eficazmente al borrador de la Convención, sepultar la Constitución vigente y elaborar otro texto en un mismo impulso. Lo primero es impedir el descarrilamiento del país.
Seguir diciendo que, si gana el Rechazo, el proceso constituyente debe continuar, es como para hacerle perder la paciencia a cualquiera. El país reclama orden y estabilidad, que son las condiciones para hacer retroceder la inseguridad. Corresponderá que el Congreso estudie con seriedad la mejor vía para renovar el pacto constitucional y mejorar la democracia. Para esto, será esencial examinar lo que tenemos y precisar lo que necesitamos. Todas las fuerzas políticas deben poner en primer lugar el interés de Chile. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
