La información entregada ayer por El Mercurio acerca de los 54 parlamentarios sobreseídos en el caso de los falsos exonerados, causó diversas reacciones, no sólo en el mundo judicial, sino que también en el político. Una de ellas es la que se produjo en la oposición, pues la UDI y RN anunciaron que solicitarán una sesión especial en la Cámara la primera semana de julio.
El jefe de bancada de los diputados UDI, Juan Antonio Coloma, informó que a ella citarán al ministro del Interior, Mario Fernández, y al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña. «Es un tema que tenemos que tratar de una vez por todas para que a esas personas se les deje de pagar una pensión que no les corresponde», dijo Coloma, pues, según dice, ha costado miles de millones al Estado. «Lo mínimo que podemos hacer es una sesión especial, pero hemos hecho muchas acciones y la justicia y fiscalía no nos han permitido parar este fraude», afirmó el diputado José Manuel Edwards (RN).
Desde Chile Vamos aseguraron que el CDE debe intervenir al respecto. En ese sentido, el senador de RN Alberto Espina señaló que «esperamos que el Consejo de Defensa del Estado apele contra esta resolución y persiga las responsabilidades penales de quienes resulten responsables». Además, mencionó que el jefe de gabinete debe suprimir de inmediato la entrega de beneficios a los falsos exonerados y también hacerse parte de la investigación judicial. El diputado UDI Issa Kort coincidió con Espina en cuanto a que el CDE debe proceder «con la misma energía que lo hemos visto actuar, por ejemplo, en el caso de Pablo Longueira» y examinar la situación.
A su vez, indicó que el Ministerio del Interior, a través de su oficina de exonerados, debe estudiar e indagar si cree en el criterio de ellos o el de la jueza, y si se debe apelar o no. Sobre el actuar de la magistrada Mireya López, Kort afirmó que «hubo un actuar poco claro y poco regulado» y que «es mejor tener una mirada mucho más constructiva de un fallo, y no una mirada que confunda». Por su parte, el senador Baldo Prokurica (RN) escribió en su cuenta en Twitter que «seguimos esperando que la Presidenta de la República cese pago a falsos exonerados, tal como lo indicó el Instituto de Previsión Social». Aunque se consultó, desde Interior no hubo pronunciamiento del caso. Nueva Mayoría En el oficialismo, quienes figuran con más emisiones de certificados se manifestaron conformes con la decisión de la jueza López.
El diputado Sergio Ojeda (DC) -con 325 certificados- manifestó estar «tranquilo y feliz» porque «es una verdad que ya se conocía y que la ministra logró mostrar. Yo estoy tranquilo, y los exonerados políticos también deben estar tranquilos». Su par del PPD, Enrique Jaramillo, dijo que «puede que haya habido laxitud, pero no es mi caso». Según señaló, de los 186 certificados que se le atribuyen, en 158 falsificaron su firma. En tanto, el ex parlamentario Jaime Naranjo (PS) también se alegró por el sobreseimiento y argumentó que fue «riguroso y exigente» al extender los documentos. Al mismo tiempo, el senador socialista Carlos Montes dijo que «pudo haber laxitud en algunos casos, pero definitivamente no en todos», excluyéndose de ello. Misma opinión tuvo el diputado Felipe Letelier (PPD): «Puede que hayan existido casos», y aseguró que «esto es un tema político, no jurídico». Declaraciones a la jueza Ayer no fue posible obtener una respuesta de la senadora Isabel Allende, quien emitió la mayor cantidad de certificados indagados por el tribunal. Sin embargo -según el fallo-, al ser interrogada por la jueza sostuvo que la firma de los documentos no era la suya, «sino que aparentemente corresponde a la impresión de un cuño de su firma» que se usaba en su ex oficina parlamentaria de Puente Alto. Es así como la magistrada entonces decidió citar a declarar a Víctor Medina, quien según la congresista lideró los procedimientos de firma de certificados para exonerados. Interrogado este por el tribunal, sostuvo que trabajó para Allende hasta el 2003 y que para extender los documentos entrevistaban a las personas y «el único filtro que tenían era si la empresa estaba dentro del listado». «En cuanto al cuño con la firma de la señora Allende, dijo que la persona encargada era Leonardo Jorquera» y, acto seguido, «manifestó que las instrucciones de utilización del cuño era exclusivamente para estos certificados de exonerados políticos, que las indicaciones las dio directamente la señora Isabel y que ella les había dicho que había que apoyar el trabajo de los exonerados (…) nunca les indicó un método para establecer que la información entregada por el solicitante fuera verídica». Camilo Escalona, contactado ayer, no quiso referirse al fallo. En el expediente se consigna que el ex senador reconoce «haber extendido certificados a favor de exonerados en su calidad de presidente del PS, que no recuerda cuántos emitió», y que «precisó la calidad en la que emitió estos certificados por cuanto también fue diputado y senador, sin que como tal firmara estos documentos». Finalmente aseguró que «en su oficina parlamentaria en Arauco rechazó más de 300 casos porque no le constaban, que llegaban miles de personas porque los organismos sociales, agrupaciones de exonerados, frentes de exonerados, etc. realizaban sus asambleas y luego estas personas iban a pedir certificados, negándose él a otorgarlos porque no le constaba que fuesen funcionarios del partido o exonerados».
Fuente: Edición Original Emol
Fotografía: La Nación
