El allanamiento al departamento de la diputada Karol Cariola (PC) despertó una férrea defensa oficialista a la que también se sumaron diversos ministros que salieron a criticar la fecha en que se realizó el procedimiento, ya que coincidió con el nacimiento de su hijo.
Contrario al blindaje de su sector, desde la oposición cuestionaron el cargo de la parlamentaria en la testera una vez que se dieron a conocer los chats que mantuvo con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a quien le planteó propuestas sobre el futuro fallido de la clínica comunal Sierra Bella, y le solicitó ayuda para regularizar la situación comercial de un amigo. A la luz de estas revelaciones, es que el Partido Republicano señaló que la parlamentaria debe dar explicaciones inmediatas, de lo contrario estudiarán la posibilidad de un censura.
El jefe de la bancada, Luis Sánchez, sostuvo que: “si la presidenta de la Cámara no da explicaciones rápido, se va a terminar viendo forzada a renunciar antes de que termine su periodo. No lo hemos resuelto eso todavía, pero si es que esto sigue desarrollándose como ha venido ocurriendo, que cada día esto se va poniendo cada vez más sospechoso, podríamos terminar ahí. No es algo que esté resuelto aún, ni que lo hayamos zanjado, pero insisto en el punto”.
Y recalcó: “Esperamos que dé alguna explicación convincente. Si no lo hace, yo veo muy difícil que no termine viéndose forzada a renunciar”.
Además de las advertencia republicana, el diputado Andrés Celis (RN), afirmó que está valuando presentar una querella.
“Estamos estudiando seriamente la posibilidad de querellarnos, no es una denuncia, sino de querellarnos por tráfico de influencia. Aquí no se trata de hacer comisiones investigadoras, ni de solo de hablar por la prensa hay que hacer valer las responsabilidades penales”, aseguró el parlamentario.
Este no es el único frente que amenaza a Cariola, ya que su lugar en el mando de la Corporación está siendo duramente objetado por el bloque opositor: Johannes Kaiser, Camila Fores (RN), Gustavo Benavente (UDI), son algunos de los diputados que pidieron su salida de la mesa.
Benavente manifestó que “lo más conveniente para todos, incluida la propia presidenta de la Cámara de Diputados, es que ella renuncie anticipadamente a la presidencia y así se desencadene todo lo que tenga que desencadenarse, es decir, una elección anticipada de la mesa de la Cámara de Diputados”.
LOS CHAT CON HASSLER
La investigación que lidera el fiscal Patricio Cooper indaga conversaciones entre la exjefa comunal y la parlamentaria en las que conversan sobre la patente de comercio de un amigo de Cariola.
Aquí un extracto de los chats:
CARIOLA: Yo bien, esperando ansiosa el gabinete para liberarme de este rol que me dieron que me ha traído muchos problemas. Pero además tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos Chinos empresarios, tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar. O algo así
CARIOLA: Les quitarán la patente, que solo requería renovación
CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO)
CARIOLA: Estos son los datos de la empresa, tú crees que se pueda hacer algo? Darles un plazo adicional para que paguen ahora y no los clausuren?
HASSLER: Voy a averiguar de q se trata y te comento
CARIOLA: (MENSAJE REENVIADO) (Imagen eliminada)
CARIOLA: Esa carta se envió con la solicitud formal
CARIOLA: Quedo atenta
TRAFICO DE INFLUENCIAS
La diputada Karol Cariola se encuentra en el centro de la polémica por su vinculación al caso Sierra Bella, donde habría jugado un rol importante en el impulso de la compra de la clínica por parte de la Municipalidad de Santiago.
Pero en las indagatorias, la PDI detectó conversaciones por WhatsApp en las que Cariola le habría solicitado a la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), favores vinculados a la gestión para obtener patentes municipales con un empresario chino, el cual sería un amigo de la diputada. Lo anterior califica como un presunto delito de tráfico de influencias por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados.
Cristian Riego, abogado penalista de la Universidad Diego Portales, explica que este delito «se configura cuando un funcionario público le pide a otro funcionario público que favorezca de alguna manera a sus propios intereses o los de alguna persona, como un pariente o asociado«, como habría ocurrido con el empresario que supuestamente apoyó la campaña de la diputada Cariola.
Con respecto a las penas, Riego agregó que las penas asociadas a este delito «no son tan altas» y, en general, se encuentran «por debajo de los cinco años».
En su opinión, este tipo de delitos no suelen llevar a prisión preventiva, ya que las penas son menores y las personas imputadas podrían cumplirlas mediante formas de cumplimiento alternativo, salvo que existan agravantes o circunstancias adicionales que aumenten la gravedad del caso.
Alejandro Leiva, abogado penalista de la Universidad Finis Terrae, enfatizó en que «como ella es diputada, previo a cualquier procedimiento, previo a su formalización, primero hay que desaforarla, para ver la plausibilidad de lo que se le acusa».
Leiva añadió que «una vez desaforada, se la formaliza por el delito, y ahí recién se pueden discutir medidas cautelares, (…) la más grave sería la prisión preventiva, si es que arriesga una pena efectiva, pero me da la sensación de que este no es un delito que merece la pena de crímenes». (La Tercera-Emol)
