El Partido Comunista (PC) lanzó una nueva ofensiva en contra de las concesiones mineras, apuntando específicamente hacia SQM. La colectividad presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar de “interés nacional” la explotación, industrialización y comercialización del litio, lo que también daría pie para permitir la expropiación de una empresa cuando el Estado así lo determine, en este caso SQM, aunque los impulsores de la iniciativa reconocen que esto último sería materia de una ley patrocinada por el gobierno.
El ministro del Interior hizo bien en salir al paso de este desaguisado, al señalar que “no está en el plan del gobierno expropiar ninguna empresa”. Esta señal, sin embargo contrasta con el hecho de que la mesa de la Cámara de Diputados acogió la admisibilidad de esta iniciativa. Ello no hace más que profundizar la fuerte incertidumbre hoy reinante. Existe el precedente de que la Cámara admitió otro proyecto presentado por el PC, que busca la derogación de la Ley de Pesca, lo que constituye un hecho lamentable, pese a que el propio gobierno advirtió que ello no está previsto en nuestro ordenamiento.
Frente a este tipo de iniciativas populistas y que causan profundo daño al país, cabría esperar que las fuerzas de la Nueva Mayoría actúen en concordancia y no alimenten aventuras que lesionan la institucionalidad y la certeza jurídica, dos activos que han permitido al país captar masivas inversiones, algo especialmente evidente en el caso del sector minero. En este último caso el modelo de concesiones al sector privado ha probado ser una exitosa fórmula para crear una industria minera de clase mundial. Insistir en la idea de que el Estado tiene mayor capacidad y eficiencia para explotar estas riquezas, o revestir con el carácter de estratégico a un mineral como el litio, implican un retroceso en el modelo de desarrollo seguido hasta ahora. (La Tercera)
