A pocas semanas de abordar la nueva administración, el equipo de la alcaldesa Emilia Ríos (RD) ha dado pasos en lo que, sostienen, será una auditoría completa al municipio de Ñuñoa. En ese contexto, ya pidieron a instituciones hacerse parte de situaciones irregulares, según plantean, que se han ido encontrando.
Una de ellas tiene que ver con el proceso de salida de cinco directivos de corporaciones del municipio -cargos de confianza del exalcalde Andrés Zarhi (ind. por Chile Vamos)- y sobre el cual la nueva administración ofició a la Contraloría para que dirima una serie de situaciones que aparecen como improcedentes, referidas al abultamiento de feriados legales abultados, beneficios extraordinarios, pago improcedente de reumeraciones y finiquitos.
“En Ñuñoa se institucionalizó el robo de cuello y corbata, llamando “beneficios” a cláusulas abusivas contra el patrimonio municipal. Quizás pensaron que nadie se enteraría o tenían completamente normalizado el saqueo. Dijimos que íbamos a devolver Ñuñoa a la comunidad y el primer paso para ello es transparencia. Sepan que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, sostiene Ríos.
Su equipo de trabajo realizó un informe para detallar situaciones que apuntan a cinco personas: José Palma, exsecretario general; Ludwig Bornand, exdirector jurídico; Roberto Stern, exdirector de salud y Ximena Vivanco, exdirectora de educación, todos ellos de la Corporación de Desarrollo Social, además de Verónica Farfán, exsubdirectora de la Corporación Cultural.
En ese análisis, la nueva administración señala que los directivos contaban con cláusulas de indemnizaciones a todo evento, incluso por renuncia o despido culpable, y adicionales a las indemnizaciones legales, por entre seis y ocho sueldos brutos, sin tope legal. Dichas cláusulas, señalan en Ñuñoa, fueron incorporadas sin autorización del directorio respectivo y no corresponden a una necesidad real de las corporaciones.
El informe asevera que hasta aquí no se ha pagado dicha indemnización a todo evento a ninguno de los directores y que la nueva alcaldía les pidió renunciar a ello, pero que cuatro de ellos suscribieron en el finiquito una reserva de derechos y otra directora aún no acude a retirarlo, por lo que temen podrían ser reclamados por la vía judicial. Y de pagarse en su totalidad, ascenderían a $ 492.742.999 lejos de los $ 158.041.432 que plantea como tope el municipio.
“Durante mucho tiempo se normalizaron sueldos millonarios, incluso más altos que el del Presidente de la República. Hoy ajustando las remuneraciones de solo cinco directivos ahorraremos anualmente 147 millones de pesos. Estos son fondos que le pertenecen a toda la comunidad de Ñuñoa y que ahora podremos destinar a nuestra comuna y no a abultar la billetera de personas que abusaron de su posición, al firmar contratos de dudosa validez legal”, cierra Ríos.
Referido a José Palma, el informe de la nueva administración dice que el secretario general fue designado en esa labor el 13 de mayo de 2019 con una remuneración mensual bruta de $ 6.817.665, la que fue aumentada en dos ocasiones: el 1 de diciembre de 2019 a $ 7.117.642 y el 1 de diciembre de 2020 a $ 7.388.009.
En ambos casos, dice el escrito, los aumentos de sueldo están suscritos únicamente por Palma en su calidad de secretario y trabajador. Además, se señala que el 18 de mayo de 2020 el involucrado suscribió una nueva modificación, donde se incorpora como beneficio el pago de sus indemnizaciones legales sin tope legal, además de una indemnización equivalente a ocho remuneraciones mensuales a todo evento, la que está firmada por él y Zarhi. De esto, señala el informe, no ha sido posible identificar ningún acuerdo del directorio en el cual se haya autorizado.
Palma, quien también emitió un informe para describir su versión a la Contraloría -en la que acusa graves omisiones e inexactitudes-, asegura que “cuando el presidente del directorio firma y autoriza tal contrato, yo lo firmo como empleado y en solitario no podría hacerlo. No podría firmar anexos de contratos referentes a condiciones de indemnizaciones, pero cuando firma el presidente del directorio sí se puede”.
Además, el informe emanado desde Ñuñoa dice que previo a asumir como secretario general, a Palma también se le reconocieron, sin la autorización del directorio, 22 días de vacaciones que traía desde su trabajo “en la Corporación de Desarrollo Social de Providencia”, algo que el aludido utiliza para ejemplificar por qué habla de “inexactitudes”: “No son de Providencia, son de mi época en el Mineduc”. Además, se defiende del pago en su finiquito de 108 días de feriados legales a pesar de tener solo dos años de antigüedad laboral en Ñuñoa. “Si a usted lo van a sacar del cargo, le pagan vacaciones proporcionales del año siguiente también, además de los días inhábiles y eso fue calculado por el área especialista en preparar mi finiquito”.
Palma hizo reserva de derechos al firmar su finiquito, lo que deja abierta la puerta de seguir acciones judiciales, aunque dice que su ánimo “es no hacerlo, pero si ellos insisten en cuestionar el finiquito correcto que se pagó, obviamente me tengo que defender ante los Tribunales del Trabajo”.
El texto también menciona a Roberto Stern, quien ejercía como director de salud. El informe señala que celebró contrato en julio de 2020 por 6.610.000 brutos y que ahí se le agregó una cláusula donde se le reconocían vacaciones pendientes del contrato anterior, vigente desde mayo de 1989 y que llegaron al momento de su finiquito a 165,48 días, algo que también cuestionan desde la nueva administración.
“Entiendo la cosa política, pero yo tenía vacaciones pendientes de ni te digo cuándo y se me fueron juntando y en pandemia luego ya no había cómo tomárselas. Cuando me renovaron pedí que me las reconocieran”, explica Stern.
También tenía en su nuevo contrato una modificación que buscaba incorporar indemnización a todo evento equivalente a seis meses, sin tope legal, pero, según reseña la nueva administración, tampoco tenía autorización del directorio.
“Esa cláusula la tengo desde que llegué a Ñuñoa en mayo de 1989, la han tenido todos los directores y a todos se les pagó cuando se fueron. También hice reserva de derechos por si hay que seguir con algo más adelante”, expone Stern.
El informe referencia además a Verónica Farfán, quien estuvo contratada desde marzo de 2013 como subdirectora de la entidad y en julio de 2015 se modificó su vínculo para designarla como directora gerente, en acuerdo por el directorio de dicha corporación, por un sueldo de $ 3.550.000. Ahí también se incorporó una cláusula a todo evento, por seis meses de sueldo y, según acusa el informe de la nueva administración de la comuna, efectivamente hay un acta donde se determina su ascenso, pero no el beneficio. Además, en enero de 2019 el contrato volvió a ser modificado, sumándole dos meses por término de vínculo a todo evento, suscrito por el alcalde Zarhi, otra vez, según el escrito, sin autorización del directorio de dicha corporación.
“Lo que pasa es que la nueva administración no sabe que la Corporación de Cultura se rige por unos estatutos distintos a las corporaciones de Deporte y de Desarrollo Social. Acá el alcalde de turno es el que contrata y firma, y no tiene que preguntar nada a los directores”, dice Farfán, quien dice aún no haber firmado su finiquito, pero que, según lo que le dijeron en una reunión, viene con un monto más bajo de lo que ella cree justo. “Lo que voy a pelear es el contrato vigente, que es legal, sumado a los beneficios a todo evento”, dice.
También se expone a Ludwig Bornand, exdirector jurídico, quien según el escrito fue contratado por la Corporación de Desarrollo Social en abril de 2019 por $ 4.117.010 brutos (tuvo dos alzas de sueldo) y quien más adelante en el tiempo suscribió el mismo beneficio de indemnización a todo evento, por seis remuneraciones mensuales. Dicha modificación, dice el escrito, fue suscrita por Palma en su calidad de secretario general, aun cuando, según el informe, tenía expresa prohibición en su contrato para esto. También firmó Zarhi, quien, dicen desde la administración actual, tampoco tenía poder por parte del directorio para hacerlo.
Bornand también hizo reserva de derechos y contactado por este diario declinó de entregar su versión.
El último caso es el de Ximena Vivanco, exdirectora de educación, quien ingresó en agosto de 2019 por $ 4.120.734 brutos y terminó ganando en poco más de un año $ 4.465.523. Ella también tuvo modificaciones de contrato para incluir indemnizaciones a todo evento equivalente a seis meses de remuneraciones y también hizo reserva de derechos a la hora de firmar su finiquito.
La aludida fue contactada por La Tercera y pidió tiempo para recabar información para dar su respuesta, la que hasta el cierre de esta edición no llegó.
En tanto, el ex alcalde Zarhi dice tener “la conciencia más que tranquila” en torno a los hechos que la administración actual cuestiona. Y en específico, sobre los beneficios a todo evento, señala que no son irregulares: “Eso viene de muchos años, mucho antes que yo llegara. Además, la alcaldesa habló conmigo antes de asumir y tras ello le pedí a todos los directores que renunciaran a este beneficio y que yo sepa todos lo hicieron”.
Del informe llama la atención el nombre de César Vaccia, entrenador que sacó campeón del Torneo Nacional a Universidad de Chile y quien se desempeñó desde 2015 como director ejecutivo de la Corporación de Deportes por una renta de $ 3.143.820 y con cláusula de pago de ocho meses a todo evento.
Esta cláusula, dice el informe de Ñuñoa, fue suscrita tras un poder otorgado por el directorio y firmado por Zarhi, por tanto la ven como válida, y aunque Vaccia declinó cobrarla y no hizo reserva de derechos a la hora de firmar el finiquito, los actuales administradores de la comuna encuentran que resultaba excesiva para las capacidades de la Corporación.
“Por ser un cargo de confianza, conversando con el alcalde quedamos en que íbanos a tener un contrato de protección por si me quedaba sin trabajo”, reseña Vaccia, quien agrega que “cuando vino el cambio encontré que era ético no generar un problema a la nueva directora, Natalia Riffo, ni a Emilia Ríos. Pensé que era bueno, como un gesto de grandeza, que había que privilegiar a la comuna y darles una mano a las nuevas autoridades”. (La Tercera)
