La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, volvió a someter a proceso al ex comandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, en el marco de la indagatoria que sigue contra ex y actuales miembros de la institución castrense.
La magistrada acusó al general (r) de la comisión reiterada del delito de malversación de caudales públicos, vinculado con los viajes realizados en el avión institucional por parte del ex uniformado con fines personales.
Los cuestionados traslados habrían ocurrido entre marzo de 2010 y marzo de 2014 hacia La Serena, ciudad en la que el indagado tiene una propiedad destinada a fines vacacionales o de descanso.
Para llevar a cabo el proceso, la ministra consideró una serie de elementos, entre ella el propio reconocimiento del encausado, quien, según detalló, «admite haber solicitado el avión institucional para viajar a su departamento en Puerto Velero y haberlo hecho para no tener que manejar tantas horas ni tener que irse en el vehículo de escolta que era duro y le causaba molestias a la columna«.
«El encartado no recuerda cuántas veces lo habría hecho de esa manera, cuestión que deja claramente en evidencia que no se trataba de una solicitud excepcional», agregó la ministra, indicando además que, de acuerdo a lo expuesto por Fuente-Alba, incluso en los viajes también participaron su cónyuge, hijo y pareja de este de último.
De esta forma, aseguró que la ex autoridad debió haber viajado «en un vuelo comercial, costeado con su peculio por tratarse de una actividad particular o personal».
La magistrada también contó con declaraciones que daban cuenta de lo ocurrido, además de informes policiales que señalan que los traslados estaban asociados a costos operacionales, incluidos viáticos pagados a la tripulación.
De acuerdo a la investigación, habrían sido 38 los viajes a La Serena con retorno a Santiago que no se ajustaron a la normativa
Esta no es la primera vez que la ministra encausa a Fuente-Alba. En febrero del año pasado se le adjudicó el mal uso de $3.500 millones provenientes de gastos reservados. Paralelamente, el otrora uniformado fue formalizado ante la justicia ordinaria por el delito de lavado de activos.
Ya en agosto de este año, Rutherford lo procesó nuevamente por el delito reiterado de falsedad de documento público militar en las declaraciones de gastos reservados remitidas a la Contraloría General de la República, ocurrida entre 2010 y 2013. (Emol)
