Nuevo gazapo por micrófono abierto: juez de caso Glaciares de Alto Maipo

Nuevo gazapo por micrófono abierto: juez de caso Glaciares de Alto Maipo

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Un grupo de vecinos del Cajón del Maipo emitieron una declaración de rechazo a afirmaciones de uno de los jueces que ve el Recurso de Protección presentado en contra de la Super Intendencia de Medio Ambiente que aprobó metodologías de trabajo que Alto Maipo está usando bajo el Monumento Natural El Morado que aloja un complejo glaciar y cuyos impactos en esos reservorios de agua no fueron evaluados.

De acuerdo a la declaración, en la sesión virtual estaban presentes cinco abogados y tres jueces. «Al término de los alegatos y antes que se cortara la transmisión -dice- se ve a una funcionaria que aparece en pantalla que responde al ministro que salió todo bien y que había unas 500 personas siguiendo la discusión. Frente a ello, el juez responde “en este país hay gente que no tiene nada que hacer”. En la tarde, esta corte sacó una declaración en que señalaba que esas palabras No fueron vertidas por el ministro Juan Manuel Muñoz Pardo, sin precisar autoría.

Molestos por las afirmaciones, los vecinos señalan que «estamos en nuestras casas obligadas por la pandemia sufriendo todos los efectos que ello significa y que abarcan un amplio espectro que incluye desde la cuarentena total, cuarentena preventiva, cesantes, postulantes al ingreso de emergencia, receptores de canastas con alimentos y víctimas de las consecuencias psicológicas de este encierro».

Añaden que «declaraciones de un funcionario de esta corte en tal sentido son de extrema gravedad puesto que significan que este poder del Estado está absolutamente desconectado de la realidad que afecta la gran mayoría de la gente de carne y hueso», al tiempo que califica de «inconcebible» que en la “aclaración” posterior, la corte no haya tenido la humildad de disculparse por el exabrupto de uno de sus funcionarios.

Aclaran que «quienes deciden seguir por internet un alegato son precisamente, personas que están ejerciendo su derecho a la información, que respetan la institucionalidad, que aún tiene confianza y fe en el sistema judicial y esperan que se haga justicia verdadera, y que les importa el respeto a todos los derechos establecidos en la Constitución, incluyendo el respeto al medioambiente señalado por ley». Indican que todo esto sucede «en medio de una de las crisis de confianza en la institucionalidad y de sus autoridades más importante en la historia del país».

Los vecinos señalan que «el comentario demuestra el prejuicio respecto del medioambiente y su debida protección que existe en algunos de sus funcionarios y nos alerta en el sentido que nada podemos esperar de su próximo fallo». Advierten, asimismo, que «nos sentimos amenazadas y amenazados por la exigencia colocada por el funcionario representante de la SMA, quien pidió a esta misma corte una sanción ejemplificadora con el pago de costas a quienes se atrevieron a ejercer su derecho constitucional de recurrir de protección ante el inminente costo que tendrá para la ciudadanía el destrozo del Monumento Natural El Morado».

Luego recomiendan a «la Corte y al funcionario de la SMA, que es él quien debe preocuparse que ese daño irreversible no ocurra y que no corresponde que sea “la gente que no hace nada”, las flojas y flojos, quienes tengan que financiar y  dedicarse a efectuar estudios técnicos especializados en geología, hidrología, tronaduras, máquinas tuneladoras, dovelas, caudales medio mensuales, ecosistemas de vegas, análisis isotópicos, hidroquímicos y de tritium para defender un bien común, que está protegido por ley, situado en zona turística y que posee los reservorios de agua de riego y potable de casi toda la región metropolitana».

Concluyen señalando que «quienes “no tenemos nada que hacer”, las flojas y flojos, lamentamos todos estos exabruptos que demuestran que hoy los ciudadanos y ciudadanas no podemos ejercer nuestros derechos, no podemos tener confianza en instituciones que defienden a los privados en vez de hacer cumplir la ley y en un poder del Estado que descalifica el interés de los chilenos y chilenas por ver cómo se cumple con la institucionalidad y cómo se respeta un bien común que es el agua». (NP)

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