En las últimas semanas han surgido voces críticas respecto del curso que ha tomado el proceso constitucional y la forma en que Chile Vamos ha actuado en el marco de las negociaciones. El cuestionamiento es doble: se ha puesto en duda la necesidad de un nuevo texto y se menciona que es el Congreso quien debe redactar una nueva Constitución.
Estas críticas son injustas e ignoran que Chile Vamos está haciendo algo tan elemental en política como es cumplir con la palabra empeñada. También pasan por alto argumentos de peso para avanzar en un proceso que, debiendo ser radicalmente distinto al anterior, encuentra un valor en ser implementado a través de un órgano destinado especialmente para tal efecto. Y es que de lo que se trata —y el rotundo 62% del 4-S no debe llevar a confusión— es ante todo de poder cerrar bien el debate constitucional, dotando a este texto de una legitimidad tal que impida que sectores radicalizados reabran el tema al corto andar. Solo así podremos terminar con la incertidumbre asociada y empezar a mirar hacia el futuro.
Por ello, una nueva Constitución debe provenir de un acuerdo amplio entre la mayor parte de las fuerzas políticas. El proceso anterior fracasó precisamente por no proponer un texto de unidad. Hoy no parece viable un acuerdo en torno a un “Congreso Constituyente”, por lo que es necesario buscar alternativas. Existe un antecedente que no hay que desatender tan rápidamente: hace solo dos años la ciudadanía manifestó su preferencia por un órgano electo.
Que en este nuevo proceso se contemple la elección de ciudadanos para la elaboración de la Carta Magna dotaría de mayor legitimidad al nuevo pacto social. Ello permitiría, además, que el Congreso se aboque en un 100% a su labor legislativa y que el Gobierno se enfoque en las urgencias sociales que la ciudadanía reclama. Para la ciudadanía sería difícil de entender que el Congreso esté dedicado a discutir una Constitución en momentos en que apremia el bajo crecimiento, la inflación y la delincuencia.
Adicionalmente, hoy existe consenso respecto de los graves problemas de nuestro sistema político, el que tiende a la fragmentación excesiva y a la polarización. Llevamos años de bloqueo permanente entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que debilita la gobernabilidad y la construcción de grandes acuerdos. La posibilidad de introducirle mejoras sustantivas al sistema político se reduce drásticamente si es el propio Congreso quien se hace cargo de la redacción del nuevo texto.
Cuesta imaginar a los parlamentarios incumbentes redistribuyendo competencias de los órganos políticos sin pensar en sus propios intereses, y parece utópico imaginar un nuevo sistema electoral o político que no tenga su origen en cálculos de conveniencia de corto plazo. No se trata de dudar de la buena voluntad de las actuales autoridades, sino que comprender que quienes son incumbentes tienen incentivos inadecuados para dar soluciones a problemas de diseño institucional que hoy se han vuelto estructurales.
¿Implica la existencia de un nuevo órgano redactor —que considere en su composición miembros especialmente electos por la ciudadanía— repetir los mismos errores de la fracasada Convención Constitucional? En absoluto. Hoy vemos posible introducir correcciones que ayudarán a no tropezar dos veces con la misma piedra.
De momento, convenir un sistema electoral distinto, que favorezca candidaturas dialogantes y no polarizadoras; asegurar que los independientes compitan dentro de las listas de los partidos políticos, y no a través de listas propias; que la representación indígena sea estrictamente proporcional a su participación electoral; y que los plazos de trabajo sean sustancialmente más breves. A eso debería sumarse que el nuevo órgano esté compuesto por un número significativamente menor de convencionales en una fórmula mixta, velando por la consagración de la paridad.
Un mecanismo de elección que podría acordarse es que haya 50 convencionales electos con las reglas del Senado, más una cantidad menor de personas elegidas, 20 por ejemplo, en listas cerradas en relación con los votos totales obtenidos por las listas, de forma de favorecer la inclusión de expertos.
¿Implica una renuncia a su rol por parte del Congreso? Para nada. Los legisladores pueden y deben cumplir un rol relevante en este nuevo proceso, fijando las reglas fundamentales, sus límites, normas de reclamación y mecanismo de ratificación. No por entregar el lápiz tienen que resignarse a ser meros observadores.
Chile atraviesa una de las más complejas crisis políticas de su historia. Este hecho no ha cambiado, aunque por momentos algunos quieran creerlo. La salida de esta exige una tregua entre las élites políticas por el bien del país. Quienes hoy nos gobiernan no estuvieron a la altura cuando más se los necesitó. Chile Vamos no debe repetir el mismo error. (El Mercurio)
Ignacio Briones
Gonzalo Blumel
Hernán Larraín M.
Centro de Estudios Horizontal
