Mutual de Carabineros obligada a entregar contabilidad a la Justicia

Mutual de Carabineros obligada a entregar contabilidad a la Justicia

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Desde el año pasado, el Ministerio de Justicia intentaba averiguar qué estaba pasando en la Mutualidad de Carabineros (Mutucar).

La inquietud se acentuó cuando en noviembre de 2017 el ex general director Gustavo González reconoció, en una sesión de la Comisión Investigadora del Fraude en Carabineros, que la Mutucar pagaba a generales de la institución dineros por concepto de excedentes.

En marzo pasado, el ministro Hernán Larraín intentó fiscalizar esa mutual, pero le negaron antecedentes, respondiéndole que no tenía facultades y que esa labor correspondía a la Superintendencia de Valores y Seguros. Ante ello, Larraín pidió el 6 de julio un informe en derecho al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La Contraloría ya se había pronunciado y había acotado que «no procede que altas autoridades de Carabineros y de la PDI integren el Consejo de Administración de la Mutualidad».

El Ministerio Público, por su parte, indaga $23 mil millones sobre los que no existiría registro contable dentro de la Dirección de Bienestar de Carabineros (Dibicar), dinero que había recibido de la Mutucar. Los antecedentes le habían sido remitidos por Justicia.

Con ese escenario a la vista, la Secretaría de Estado insistió el 18 de julio, ya con el informe del CDE en sus manos, y envió un oficio a Mutucar pidiendo la copia de los libros de contabilidad de 2013 a julio de 2018, el inventario de bienes muebles e inmuebles entre 2013 y 2017 y la copia de las actas de la Junta General Extraordinaria de Asegurados y del Consejo de Administración de las sesiones.

También exigió la entrega de la Memoria y el balance de 2017 y antecedentes relacionados con el pago de remuneraciones, salarios o excedentes a los miembros del Consejo desde 2013 hasta la fecha, detallando los montos por cada integrante.

El oficio advertía que de no cumplir con lo solicitado «se mirará como una infracción grave a los estatutos, que puede ser fundamento para solicitar al CDE que promueva el correspondiente procedimiento para disolver la entidad».

Antes de los 10 días de plazo recibió los antecedentes. El área jurídica del ministerio inició el estudio de los documentos, junto con pedir nueva información a la mutual. Pero desde la Secretaría de Estado advierten hoy: «Aquí lo que hace el Ministerio de Justicia es fiscalizar a personas jurídicas, no a personas naturales». De esa forma, aclaran, que no perseguirán responsabilidades de los ex generales que percibían pagos de la Mutualidad, puesto que esa indagación la lleva el Ministerio Público.

Lo que sí dilucidarán, puntualizan desde la cartera, es si la corporación está siendo usada para cometer irregularidades. (El Mercurio)

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