En estricta reserva el martes 28 de julio el pleno del Consejo de Defensa del Estado (CDE) estudió los antecedentes que se han recopilado en dos investigaciones penales que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y que fueron abiertas luego de que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y el senador de la oposición, Alejandro Navarro, se querellaran en contra del Presidente Sebastián Piñera y el exministro de Salud, Jaime Mañalich, por su presunta responsabilidad en las muertes producidas en Chile por la pandemia del Covid-19.
Tras conocer las diligencias desarrolladas y los elementos que contenían ambos líbelos, el CDE -en sesión presidida por el presidente del organismo, Juan Peribonio- acordó “no ejercer acción penal” en ambas investigaciones. Dicha decisión fue publicada hoy en la página del organismo. El motivo, según la misma comunicación, es “por entender que no existen hechos que revestirían carácter de delito”.
La determinación, según fuentes que conocieron del acuerdo, fue unánime y no hubo opiniones divididas.
En tanto, en la cita, según el acta levantada, estuvo presente el presidente del CDE, además de los consejeros Clara Szczaranski, Paulina Veloso, Carlos Mackenney, Rodrigo Quintana, Ana Hübner, Jaime Varela, Daniel Martorell y Sebastián Soto. Haciendo uso de permiso administrativo estaban los abogados María Inés Horvitz y Raúl Letelier.
La fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, lidera las investigaciones que se han abierto luego de que tribunales de Santiago han declarado admisible querellas por los fallecimientos de Covid que apuntan a una fallida estrategia sanitaria que habría provocado una cantidad mayor de decesos en medio de la pandemia. La acción también está dirigida en contra de los subsecretarios de Salud Paula Daza y Arturo Zúñiga.
Si bien la decisión del CDE es independiente a las determinaciones que pueda tomar el Ministerio Público, un pronunciamiento como este, dicen fuentes del caso, debilita la teoría planteada por los querellantes.
Este organismo debe intervenir siempre que un funcionario esté siendo investigado por un delito por lo que el decidir no “ejercer acción penal” es que los más altos litigantes del Estado han decidido que lo relatado en ambos libelos no dan cuenta de hechos delictivos y por ende no se harán parte a través de querellas. (La Tercera)
