La reciente adjudicación por parte del gobierno de dos de cinco cuotas de 80.000 toneladas para la explotación de litio metálico comercializable es importante por sus objetivos: un flujo de importantes recursos futuros para el Estado, nuevas empresas en competencia y reposicionamiento de Chile como actor importante en el mercado mundial. Agreguemos que el Ejecutivo tiene facultades para llevar adelante el proceso de licitación y adjudicación. Esta es la parte seria por el lado del gobierno.
En el frente del presidente electo, la postergación o suspensión de la adjudicación también es importante: este recurso, perteneciente al Estado, debe ser explotado a través de una empresa nacional y que la discusión sobre ello corresponde tenerse una vez instalado el nuevo gobierno. Con la explotación del litio ya adjudicada, tal propósito se ve afectado. Se agrega que la toma de decisiones que trascienden al gobierno saliente, por mucho que tenga facultades, es inconveniente, especialmente si a su respecto existirá una propuesta de fondo acerca del desarrollo de esta industria minera. Ya se hizo en el pasado con las conocidas “leyes de amarre”. Esta es la parte seria por el lado del gobierno entrante.
Ambas partes entendieron sus posiciones. Por ello, los equipos se dispusieron a revisar cómo cada cual podía satisfacer razonablemente sus objetivos. Y en ese afán, frente a la facultad de licitar a privados, por un lado, y la eventual creación de una empresa estatal, por otro, surgieron dos acuerdos: no licitar las cinco cuotas de explotación, sino dos, y destinar un porcentaje de la recaudación en beneficio de las comunidades locales. Y así se hizo. Una buena y concreta decisión que respeta las diversas visiones sobre libertad económica y creación de empresas estatales, ejes fundamentales para el desarrollo de Chile. Antagonismo sin extremismos ni descalificaciones.
Pero el futuro Presidente enfrenta la paradoja de que sus propios aliados intentan imponer sus ideas contrarias a la necesaria armonía de visiones, y entorpecerán cualquier acuerdo -no obstante la voluntad del gobernante- que mire al bien general y al necesario equilibrio de posiciones. Y este caso de la licitación es un ejemplo muy revelador: se puede leer hoy en la prensa que Apruebo Dignidad declara estar “buscando” vicios de ilegalidad, que el PC pretende “frenar” la licitación, que otros anuncian el empleo de “toda vía judicial y administrativa” para deshacer lo que el actual gobierno ha realizado dentro de sus facultades y que ha sido consentido por la próxima administración respetando las normas vigentes. En otras palabras, si se mira bien, el ejemplo de la licitación es un grave anticipo de que la llegada al poder se utilizaría para intentar imponer ideologías antisistémicas. El orden social y político establecido se vería atacado por acciones que buscan destruir de facto -o bajo aparente legalidad- las reglas que miran a la protección de las instituciones y a la representación del sentir de todos los chilenos. Un veneno para la democracia. Moscas de los cuernos. (La Tercera)
Álvaro Ortúzar
