El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó este lunes su confianza en que el Gobierno logrará llegar a un acuerdo con los trabajadores de las empresas forestales que operan en la Provincia de Arauco, los cuales iniciaron una movilización en protesta por la falta de seguridad en las rutas de la zona.
Al respecto, la autoridad recordó que ayer ocurrió una reunión en la Región del Biobío entre ambas partes, subrayando que se trata de un dialogo separado «de la conversación de los camioneros, porque las víctimas de los hechos de violencia en Trongol o el conductor que ha sido baleado son trabajadores, no empresarios».
Monsalve recalcó que «los hechos de violencia hoy impiden que personas que no tienen vivienda puedan resolver su problema, porque no hay nadie que quiera ir a construir las viviendas sociales que se requieren. También se impide construir elementos tan esenciales como los proyectos de agua potable rural o los caminos«.
«O peor aún, se afecta el derecho a la salud, porque los equipos no se atreven a trasladarse a las postas de salud rural para atender a las personas que más requieren de atención médica. Nosotros no estamos disponibles a eso, las condiciones de seguridad son para proteger a los sectores populares», recalcó.
En ese contexto, subrayó que quienes han paralizado sus funciones y los que han conversado con el Gobierno «son trabajadores, sus familias viven en Curanilahue, en Los Álamos, Cañete, Mulchén o Negrete. No son personas poderosas y a ellos tenemos que proteger y anoche les entregamos un conjunto de propuestas del Gobierno».
«Solo mencionar un par, para que se entienda que estamos tomando decisiones relevantes. El Presidente ha instruido que se le hagan modificaciones a los contratos de las rutas concesionadas en la zona en la cual están ocurriendo hechos de violencia, porque en esos tramos no hay cámaras de vigilancia«, añadió.
Según el subsecretario, «no hay cámaras térmicas, no hay pórticos, no hay inversión adecuada en la zona de descanso de las personas que se dedican a la actividad forestal. El Presidente ha instruido que se modifiquen los contratos tanto de la concesionaria de la Ruta 5 como de la concesionaria de la Ruta 160«.
«Hay un conjunto de medidas que le hemos planteado a los trabajadores, creemos que son medidas que no se han tomado antes y que efectivamente se hacen responsable de la tarea del Estado de proteger a los trabajadores. Esperamos que ellos lo evalúen positivamente y estamos dispuestos a analizar medidas de carácter legislativo», dijo.
A su juicio, «el conjunto de medidas que hemos conversado con ellos y que tienen como sentido garantizar la seguridad de los trabajadores van a ser bien evaluadas y vamos a llegar un acuerdo con ellos. No tengo ninguna duda de que ello va a ocurrir«.
Finalmente, pidió «desmitificar el conflicto, como que nosotros estuviéramos preocupados de la seguridad de los empresarios y eso no es así. Las víctimas de los hechos de violencia son los trabajadores y frente a esa tarea del Gobierno están todas las herramientas puestas en la mesa para garantizar su seguridad».
SEIS PUNTOS DE LA PROPUESTA
Monsalve hizo alusión a un documento, al que tuvo acceso La Tercera, denominado “Propuestas para una mejor seguridad de trabajadores del sector forestal y del transporte región del Biobío y Araucanía”.
Son seis puntos los que se detallan en el documento.
En primer lugar, se considera un aumento de las capacidades policiales para controles preventivos en las rutas.
Como segundo punto, se plantea la adquisición de equipamiento para la seguridad en las regiones de Biobío y La Araucanía por un monto de 5.500 millones de pesos.
En tercer lugar, está el aumento de seguridad en las rutas concesionadas 5 Sur y Ruta 160, que implica gestionar una modificación a los contratos con las empresas para exigencias de mejoras en la seguridad como cámaras de vigilancia térmicas, pórticos de lectura de patentes, iluminación doble y zonas de descanso seguras.
La cuarta propuesta corresponde a un seguro complementario de carácter público. “En consideración al aumento de los costos de los seguros y deducibles en relación a camiones y maquinaria forestal el gobierno se compromete en un plazo máximo de 30 días a entregar una propuesta técnica”, señala el texto presentado a los trabajadores.
En quinto lugar, figura un plan de reparación para trabajadores afectados por hechos de violencia rural que comprende atención psicológica, social y jurídica inmediata.
Además, se plantea un apoyo social para las y los trabajadores víctimas de violencia rural con la entrega de una tarjeta de alimentos, el pago de deudas de servicios básicos por dos meses y compra de medicamentos.
“En caso de fallecimiento del trabajador o trabajadora, la Subsecretaría del Interior compromete la entrega de pensión de gracia de por vida”, dice explícitamente la propuesta.
Ya la semana pasada, tras la reunión entre la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, con los jefes de las policías, el subsecretario Monsalve había adelantado ese tema como parte de las medidas “estratégicas y operativas” para enfrentar los hechos de violencia en la zona. “Van a haber medidas que van a mejorar la oportunidad de la ayuda a las víctimas, pero también van a incorporar a aquellos que estaban fuera de las políticas de reparación, como eran los conductores de los medios de transporte”, dijo Monsalve en esa ocasión.
El último punto de la propuesta, corresponde a medidas legislativas a las que el gobierno se comprometió a precisar durante este lunes.
UDI PIDE RESTAURAR ESTADO DE EXCEPCIÓN
La directiva de la UDI, que realizará un viaje a la Región de La Araucanía este miércoles, salió hoy a exigir al Gobierno que reponga el estado de excepción en la macrozona sur y que avance en medidas contra la delincuencia en todo el país.
«No es aceptable que no se haya renovado el estado de excepción constitucional y que hoy día, a más de un mes de que no se renovó esta herramienta, tengamos los indicadores y la cantidad de hechos de violencia que han ocurrido en la Región de La Araucanía», dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, en un punto de prensa junto a la secretaria general del partido, María José Hoffmann, y la constituyente Constanza Hube.
«Necesitamos y venimos a exigirle al Gobierno que pueda reconsiderar la decisión de establecer un estado de excepción constitucional», remarcó Macaya, haciendo un llamado al Gobierno «a que reimpulse la agenda legislativa en materia de seguridad».
«Esperamos que el Presidente Boric tome conciencia de que uno de los principales problemas de Chile hoy día, sino el principal, es el aumento de los hechos de violencia y delincuencia», agregó el senador, aludiendo no sólo a la situación en la macrozona sur, sino que también en Santiago y otros lugares del país.
En la misma línea, Hoffmann comentó que «vemos con mucha preocupación cómo a este Gobierno se le está yendo de las manos el tema de la seguridad; se les ve incómodos, se les ve sin expertise y sin capacidad de generar algo tan simple como un plan».
«Ellos han sido muy enfáticos en que no quieren gobernar permanentemente con estado de excepción. Eso es razonable, pero cuando uno está a la luz de los resultados, no puede evitar tener que usar las herramientas que le da hoy la Constitución para enfrentar este problema tan grave», agregó la secretaria general de la UDI.
GOBIERNO EVALUA DESPLIEGUE DE FF.AA. SIN ESTADO DE EXCEPCIÓN
La Moneda ha trabajado las últimas horas en evaluar el piso político en el Congreso de una fórmula que les permitiría desplegar a las Fuerzas Armadas (FFAA) por la Macrozona Sur sin necesidad de decretar nuevamente estado de excepción constitucional, en medio de la crisis de violencia rural que se vive en el sur del país.
- El Presidente Gabriel Boric adelantó el domingo que se sondeaba una vía para enfrentar la crisis de violencia rural, sin entregar detalles de su contenido. “Estamos conversando con los parlamentarios diferentes alternativas que no sean el estado de excepción. Hay que pensar que el estado de excepción es de excepción y no se puede vivir en estado de excepción”, dijo en entrevista a TVN.
- La fórmula consistiría en una modificación del proyecto de infraestructura crítica que permite a las Fuerzas Armadas el resguardo de ésta sin necesidad de decretar estado de excepción constitucional. Esta modificación consistiría en incorporar a caminos y rutas como infraestructura crítica, dijeron conocedores de las tratativas, de manera de dar respuesta a la principal demanda de los gremios forestales y de camioneros afectados por la violencia rural: la seguridad en las vías.
- Esta fórmula habría surgido en la reunión sostenida el domingo en Concepción entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sus pares de Transportes y Obras Públicas, más la delegada regional del Biobío Daniela Dresdner y los delegados provinciales, con dirigentes de la Asociación de Contratistas Forestales y de la Federación de Trabajadores Forestales, dijeron conocedores de los diálogos.
- Se trata de una fórmula que, por una parte, permitiría al gobierno mantener su discurso de oposición al estado de excepción constitucional planteado por el Presidente Gabriel Boric desde su campaña y, por otro, recurrir a las Fuerzas Armadas.
- El gobierno habría transmitido a los gremios que tendría una respuesta sobre sus sondeos con los parlamentarios este lunes por la tarde. Los gremios realizaron bloqueos intermitentes de rutas por la mañana en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
- En este marco es que este lunes se registró un nuevo atentado en la comuna de Teodoro Schmidt en La Araucanía. Cerca de las 2am encapuchados armados encañonaron a los trabajadores de una forestal y quemaron un camión. Cerca de un kilómetro del lugar quemaron 4 máquinas. En el sector se encontró un panfleto del grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM), informó la fiscalía.
Las alternativas legales: La incorporación de las rutas y caminos a la infraestructura crítica podría concretarse a través de un proyecto de reforma constitucional presentado inicialmente por los senadores Carmen Gloria Aravena (independiente pro RN) y Kenneth Pugh (independiente), que se encuentra actualmente en comisión mixta. Otra posibilidad sería incorporarlo vía decreto.
- Esta vía fue explorada, sin éxito, por la administración pasada, cuando los ministerios del Interior y Defensa ingresaron en septiembre el decreto 249, firmado por el Presidente Sebastián Piñera, para autorizar a las Fuerzas Armada a cumplir tareas de orden público en la Macrozona Sur, marcada por atentados y ataques incendiarios.
- Esta alternativa se buscó como una forma de mantener la presencia de las FFAA tras el fin del estado de catástrofe por la pandemia, el 30 de septiembre de 2021.
- “Dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros y la PDI”, respondió entonces el organismo dirigido por Jorge Bermúdez. (Emol-La Tercera-Ex Ante)
