En el contexto del proyecto de Admisión Justa que busca reponer ciertos espacios de selección en la educación subvencionada, la gira de la ministra Cubillos, y el reporte de algunos de sus hallazgos en las redes sociales, ha causado impacto a pesar del comúnmente tranquilo febrero. ¿Qué información ha levantado la autoridad en su recorrido? Básicamente, que existen a lo largo de Chile familias disconformes con el establecimiento que el Sistema de Admisión Escolar (SAE) les asignó.
Que el ministerio se movilice y conozca de primera fuente dichos testimonios no solo es razonable y legítimo, sino que necesario para un sistema en implementación sobre el cual se están proponiendo cambios. Sin embargo, varios expertos han manifestado un rechazo visceral y algo exagerado a las acciones de la ministra, una reacción más propia del sanedrín rasgando vestiduras que de racionales académicos. El Colegio de Profesores –gran sorpresa- también se opone, no es muy interesante explicar por qué. Algunos cuestionaron que no se visitara también a quienes están felices con su colegio. Hasta aquí nada nuevo. Pero, viendo con detalle, este no es todo el asunto y merece una vuelta más.
Antes que nada, es importante despejar las críticas políticas. La ministra va a terreno por dos razones. La primera es que el Congreso Nacional se rehusó a dialogar sobre la materia, amenazando a viva voz con rechazar la idea de legislar, usando epítetos exagerados para la magnitud del proyecto de ley (contrarreforma no es más que un sucedáneo de contrarrevolución, un término con ese toque URSS que muchos recuerdan con nostalgia), y presentando un proyecto sobre los colegios privados que tiene poco que ver. La ministra no tiene cómo sacar al pizarrón a los parlamentarios, no puede obligarlos a dialogar, pero haciendo ver en terreno los problemas reales del sistema que quiere modificar, algo de contrapeso hace al portazo institucional que recibió del colegislador. La segunda, muy relacionada, es que es evidente que la ministra está haciendo política en terreno. Como ello es extremadamente escaso en el sector (y estoy siendo generoso), resulta efectivo, causando incomodidad en la oposición. De ahí las reacciones destempladas y agotadoramente moralistas.
Descartando la crítica política, nadie debiera entrar en pánico si el objetivo de las visitas ministeriales es conocer la situación de madres y padres insatisfechos con el colegio que les fue asignado por el SAE. Si bien pueden ser muchas las razones de dicha disconformidad, la más evidente es no haber sido asignado a ningún establecimiento de su preferencia, lo que causa que el SAE termine entregando el cupo disponible más cercano, que suele ser un colegio poco preferido. Que esto ocurra es más probable si los padres listan pocos colegios y todos de alta demanda, tales como los emblemáticos o los Bicentenario. Y estos padres, que quieren solamente los mejores colegios, tienden a ser los que tienen mayor preocupación y expectativa, y sus hijos las mejores notas. Por lo tanto, casos de niños con promedios de notas altos asignados a colegios que no conocen y que no tienen las características que desean no son difíciles de encontrar. A situaciones como estas apunta el proyecto de ley Admisión Justa. Estos testimonios son entonces centrales y deben ser incluidos en el debate, y analizados en su mérito como cualquier antecedente. No se debe tener miedo a esa evidencia, pues visibiliza la conveniencia de agregar el criterio académico, y eventualmente otros, en este proceso. En ese contexto la gira evidentemente se justifica.
Así, hasta aquí no hay objeción de peso. Sin embargo, por el bien del proyecto de Admisión Justa es necesaria cierta precaución. Para que la gira sea un éxito,es fundamental mostrar el aporte concreto del proyecto de ley. Por ejemplo, no es conveniente que una campaña que permite informar a la opinión pública sobre los problemas del SAE termine por deslegitimarlo. El sistema tiene deficiencias, pero en números gruesos ha funcionado bien, algo por lo que el Ministerio debiera felicitarse. Esto es de toda coherencia, pues el mismo proyecto de ley se plantea como una mejora al sistema, no una derogación o reemplazo. Por otro lado, sería nocivo que la opinión pública confundiera la disposición a oír de la ministra con la capacidad de Admisión Justa de arreglar todas deficiencias del SAE. Muchos problemas se producen por falta de información adecuada sobre la calidad de los colegios y su proyecto educativo, o por lo desajustado de los medios para la difusión de datos clave que los padres usan para elegir. Incluso con el proyecto de ley aprobado, la disconformidad entre quienes no queden entre sus preferencias persistirá. Esto no implica, obviamente, dejarlos a la deriva y esconderlos como los amantes del SAE quisieran, pero debe quedar claro que una mejor (o más justa) forma de asignar cupos escolares no equivale a que todos tendremos el cupo que queremos. Expectativas desajustadas pueden jugar una mala pasada a un proyecto que abre un debate necesario. (El Líbero)
Daniel Rodríguez
