La ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, afirmó que las dudas que ha planteado la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) frente al proyecto de Agenda Laboral -por las cuales no acudirá a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados- son «naturales» de toda organización que se toma tiempo para analizar el proyecto de ley planteado.
«A mí me parece que la CUT es un actor autónomo. Ellos tienen sus procesos de deliberación. Me parece que habla de la seriedad de toda organización el quererse tomar tiempo para poder llegar con todos los antecedentes sobre la mesa», dijo Blanco a periodistas.
Según explicó, «formalmente no hemos recibido todavía una invitación» para reunirse con la CUT, como la organización sindical señaló el viernes. En este sentido, la ministra enfatizó que «hoy día se ha abierto una puerta de diálogo que es el Poder Legislativo y me parece que ahí es donde podemos tener perfectamente esta conversación para poder aclarar los alcances y también poder informar».
Una de las dudas planteadas por la CUT es la inclusión en la Agenda Laboral de los artículos que sancionan con el desafuero sindical a quienes ejerzan fuerza física en las personas o en la empresa, los cuales no estaban contemplados. Ante ello, la ministra señaló que «siempre dijimos desde el primer día que la huelga iba a ser definida como un proceso pacífico. Si uno define la huelga como un proceso pacífico, uno asiste el que cualquier acción que vaya en contra de esa pacifidad, pueda ser considerado una práctica antisindical». «No estamos en ningún momento, ni remotamente, generando una situación de criminalización», aclaró Blanco.
La ministra indicó que «así como nosotros creemos que hoy día los despidos que se producen una vez finalizado el fuero que le asiste a una persona que ha estado en el proceso de negociación colectiva (…) va a ser considerado una práctica antisindical (…) Así también creemos que el bloqueo que se produzca del ingreso de otros trabajadores para poder cumplir sus funciones, atenta contra la pacifidad y también es una práctica antisindical».
Por otro lado, en respuesta a otra de las dudas de la CUT de que en caso de que un conflicto llegue a litigio y si no está normado, queda en función de la decisión de la Dirección del Trabajo, la ministra señaló que «estas son situaciones que tendrá que constatar la Dirección, y los antecedentes ponerse a disposición de los Tribunales».
Finalmente, la ministra no indicó si el Ejecutivo estaría abierto a las modificaciones de estos puntos y resaltó que «es una facultad que le asiste a los parlamentarios».
FINANCIACIÓN DE AGENDA LABORAL
La ministra de Trabajo también se refirió a los costos de la implementación de la Agenda Laboral, los cuales apuntó que serán asumidos en su gran mayoría por el Estado.
«Los recursos son costo fiscal. Hemos presentado un análisis financiero que implica $4.000 millones adicionales, mayoritariamente para solventar costos que tienen que ver con el incremento a las mediaciones que va a tener la Dirección del Trabajo», señaló.
Blanco añadió que este año se presentará además el proyecto de Modernización de la Dirección del Trabajo, que «va a traer costos aparejados» para el Fisco. No obstante, destacó que se ha creado un fondo de formación sindical «que se va a proveer una buena parte con fondos fiscales, pero también las multas que están pensadas a partir de prácticas antisindicales». (Emol)