El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la regularización acotada que está analizando el Ejecutivo y que apunta a los migrantes que se sometieron al proceso de empadronamiento.
Recordemos que durante el evento ministerial del Proceso Cartagena +40, “Adopción de la Declaración y Plan de Acción Chile 2024-2034”, la autoridad señaló que el Estado de Chile está evaluando un proceso de regularización limitado para personas en situación irregular que cumplan requisitos como arraigo laboral o familiar, argumentando que “es la única manera de encauzar razonablemente bien y colaborar a afirmar sus vidas”.
Estas palabras generaron el cuestionamiento de los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y José Miguel Castro, quienes advirtieron un eventual “perdonazo” del Gobierno.
Frente a esto, Cordero sostuvo que “el Ejecutivo está estudiando un proceso de regularización acotada respecto de las personas que participaron del proceso de empadronamiento. Esas personas participaron de buena fe en ese proceso, son antecedentes de los cuales disponemos, hay un conjunto de evidencia disponible que da cuenta de cuál es el perfil de esas personas, en qué situación se encuentran”.
Recalcando que “hay una razón de seguridad, saber dónde están esas personas y evitar su exclusión, porque las personas migrantes no regularizadas que no han cometido delito, uno tiene que evitar que sean expuestas a esa comisión, sea porque son activos cometiendo delitos, o sea porque están expuestos a bandas criminales o la comisión de delitos con ellas”.
“Y segundo, hay razones económicas (…) en una conferencia que tuvimos en la OIT con los líderes de los sectores empresariales del país, se entregó el estudio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo sobre los impactos económicos que suponen los migrantes en Chile”, añadió el subsecretario.
En esta línea, Cordero indicó que “hay razones económicas y hay razones de seguridad, pero particularmente en este caso de seguridad, para iniciar seriamente un estudio de un proceso de regularización acotada”.
Al preguntarle sobre cuántas personas podrían ser regularizadas, la autoridad señaló que “el universo de personas empadronadas es de 182.000, lo que no significa que esas personas todas puedan ser objeto de regularización. Es necesario que se cumplan determinado tipo de requisitos. El Ejecutivo está trabajando en ese mecanismo, cuál es esa estimación va a depender del conjunto, del procedimiento, de los requisitos para ese proceso de regularización”.
En lo que se refiere a los plazos, Cordero sostuvo que “había alguien por ahí diciendo que iba a ser desde aquí a final de año, eso no va a ser así por dos motivos. El primero es porque el Ejecutivo está iniciando el proceso de estudio, está cualificando la información que tiene ahí. Segundo, hay que regular el procedimiento administrativo; y tercero, porque recuerden que existe una glosa presupuestaria que se aprobó en la Ley de Presupuestos que establece que todo proceso de regularización debe hacerse por ley, una glosa que el Ejecutivo considera que no debe encontrarse en la Ley de Presupuestos, cuya discusión se encuentra en el Tribunal Constitucional”.
“El Ejecutivo, por cierto, está iniciando sus estudios a la espera que la decisión que adopte el Tribunal Constitucional, pero va a ser, en todo caso, ese procedimiento o el mecanismo en cómo se va a informar ese procedimiento, el Ejecutivo lo va a informar en los próximos meses”, precisó.
También se le preguntó si el Gobierno considera regularizar a personas que ingresaron al país por pasos no habilitados, el subsecretario dijo que “en el caso del empadronamiento hay personas que están identificadas por ingresos no regulares”.
“No hay evidencia, de hecho, invito a la lectura del informe del Banco Interamericano y del Banco Mundial, no hay evidencia en el mundo, de que los procesos de regularización signifiquen efectos llamados”, dijo Cordero.
Asegurando que “la evidencia disponible que existe en el mundo, esto es, lo que ha entregado el informe del Banco Mundial y del Banco Interamericano, es el efecto contrario. Solo recordar que en la segunda administración del presidente Piñera existieron dos procedimientos de regularización que beneficiaron a más de 310.000 personas”.(Emol-La Segunda-Bio Bio)
