Así lo hizo saber la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, en su intervención en la asamblea anual de la Anef, donde puntualizó que con la iniciativa expresa la convicción de la Mandataria, “en torno a materializar un compromiso que ella sostuvo y que decía que un empleo decente debe permitir a los funcionarios retirarse dignamente de la función pública y para ello impulsaremos planes especiales de retiro”.

Opinión similar tienen desde el gobierno. Fuentes cercanas a la negociación sostienen que el proyecto debería aprobarse en un mes y medio, ya que es necesario por los cupos que se deben completar para este año.

Iniciativa 

El proyecto permitiría el retiro de 17 mil funcionarios públicos, equivalente al 7,5% de los empleados de la administración pública (227.869 en total), considerando el período desde el 1 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, desde este año al 2018, se podrán acoger al plan de retiro  9.100 funcionarios, según el trabajo de la Anef y la Dirección de Presupuestos, base del proyecto.

Así, para este año habrá un cupo de 2.500 personas para acogerse a este beneficio, mientras que para 2017 y 2018 serán 3.300 para cada año. A contar de 2019, en tanto, el beneficio se otorgará sin tope de cupos anuales.

De existir un número mayor de postulantes que cumplan los requisitos que los cupos disponibles en un año, se elegirán dependiendo de tres criterios: en primer término, los de mayor edad según fecha de nacimiento; si tienen la misma edad, se optará por quien tenga el mayor número de días de licencias médicas; si persiste la igualdad, se considerarán los años de servicios en la institución y luego en la administración del Estado.

Los postulantes que cumplan los requisitos, pero no sean priorizados por falta de cupos en un año, pasarán a integrar en forma preferente el listado de seleccionados del proceso correspondiente al año siguiente, sin necesidad de realizar una nueva postulación.

Inhabilidad 

En el documento se establece que los funcionarios que cesen en sus cargos o empleos por acogerse al plan de retiro, no podrán volver a ser nombrados ni contratados, ya sea a contrata u honorarios o bajo los términos del Código del Trabajo en ninguna de las instituciones que conforman la administración del Estado en los 5 años siguientes al término de la relación laboral. De lo contrario, deberán devolver toda la bonificación percibida, expresada en unidades de fomento, más el interés corriente para operaciones reajustables.

La minuta del proyecto añade también que los beneficios serán incompatibles con cualquier otro incentivo al retiro que hubiera percibido el funcionario con anterioridad.

El proyecto, que se esperaba fuese ingresado en marzo, se retrasó debido a que el gobierno estuvo evaluando incluir un artículo que apuntaba a reemplazar un funcionario de cada dos que dejen la administración pública, con el objetivo de “lograr un ahorro fiscal”.

Sin embargo, fuentes de la negociación descartan la inclusión de dicho artículo y aseguran que se optó por utilizar los cupos a contrata de los trabajadores jubilados con el personal a honorarios, en línea con el compromiso del Ejecutivo de ir reduciendo el número de personas en esa situación contractual.