La violencia contra las mujeres se ha posicionado como un tema de preocupación para las autoridades, ya sea efectuada por sus parejas o por algún miembro de su círculo familiar. Este año se cuentan 12 mujeres víctimas de femicidio, a lo que se suma el polémico fallo del Tribunal Penal de Ovalle, que consideró como atenuante la “obcecación” que le habría causado a un hombre la develación de una infidelidad de su esposa en un caso de femicido frustrado.
En este contexto, el Ministerio Público informó a La Tercera que durante el año pasado, 102.517 mujeres realizaron una denuncia por violencia intrafamiliar. De ellas, 5.775 son menores de edad. Asimismo, las regiones que presentan mayor cantidad de denuncias de violencia hacia mujeres son la Metropolitana y del Biobío, con 44.158 y 9.294 reportes, respectivamente.
Al respecto, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, Claudia Pascual, aseguró que “las mujeres se están atreviendo cada vez más a denunciar y eso es importante porque en la medida que denuncien tenemos la posibilidad de detectar algunos casos, ofrecerles ayuda psicológica y atención en los distintos dispositivo que se despliegan, y también hacer un trabajo con las comunidades y los entornos de ellas a que estén atentos y se puedan generar redes de apoyo”.
A raíz del fallo de Ovalle, el diputado por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez (PC), alertó sobre la urgencia de ingresar las modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar, que el Sernam se encuentra elaborando y que pretende enviar en los próximos meses.
“Puede volver a ocurrir que un juez interprete estos actos de infidelidad como un atenuante y se dé algo tan grave como esto. Así que la mejor forma de combatirlo es la nueva redacción con reformas profundas a la ley de violencia intrafamiliar porque hoy la ley está quedando corta”, dijo el parlamentario.
Entre los cambios que se incorporarían se cuentan la ampliación del espacio que se considera para tipificar como violencia, acogiendo además del doméstico, el acoso callejero, el laboral y también la violencia obstétrica. Además, se pretende facultar al Sernam a querellarse en casos de violencia sin necesidad de contar con la autorización de la víctima o sus familiares, como sucede actualmente. (La Tercera)
