Ha causado revuelo una minuta enviada a los senadores, con severos juicios acerca de las bases de acuerdo sobre la reforma previsional impulsada por el Gobierno. Inicialmente anónima, más tarde la Asociación de AFP reconoció su autoría.
Entonces, el ministro Marcel reaccionó con inocultable indignación:
Se trata —dijo— de una minuta muy extrema en sus opiniones y que tiene muchos juicios políticos. Y luego se preguntó por “los límites del involucramiento de una industria, que tiene intereses comprometidos, en un proceso legislativo. Y (acerca de) cuáles son los medios adecuados para hacerlo”.
Como es fácil observar, la crítica del ministro Marcel es doble: por una parte, ella se refiere al contenido del documento, que contendría juicios políticos y atribuiría intenciones al Gobierno; y por otra, al procedimiento, puesto que, en opinión del ministro, no sería claro que quien defiende intereses deba intervenir en el proceso legislativo.
¿Tiene razón el ministro o las AFP? Intentar responder esta pregunta es importante, puesto que ayuda a delimitar la índole y las características que debe tener el debate público, especialmente legislativo.
Veamos.
Desde luego, el ministro no tiene razón para reprochar el contenido de la minuta. Las opiniones que a uno no le gustan se rebaten, se intenta refutarlas, se arguye esto o lo otro para mostrar que están equivocadas. Lo que no se puede hacer, menos un ministro que debe entender que sus iniciativas están sometidas al escrutinio de todos, especialmente de aquellos a quienes ellas afectan, es quejarse por lo que la minuta dice. Reprochar que una minuta tenga contenido político o que en ella se atribuyan intenciones al Gobierno es absurdo. ¿Desde cuándo atribuir intenciones políticas al ente político por excelencia que es el Gobierno resulta incorrecto o siquiera inmoderado? Salvo que el ministro piense que su propio quehacer es estrictamente técnico —un planteamiento puramente racional, desligado de puntos de vista controversiales—, sus quejas por el contenido político del texto no tienen asidero ni justificación alguna. Un político quejándose de las críticas políticas parece más bien un político que rehúsa asumir su papel y que prefiere presumir que lo suyo es puramente técnico.
Así entonces, el ministro no tiene razón para quejarse del contenido. Puede refutarlo o esgrimir razones en contra de él; pero no puede quejarse porque esos juicios se hayan emitido.
¿Y qué decir del otro motivo de la molestia del ministro? ¿Del hecho que se defiendan intereses en medio del proceso legislativo?
Aquí sí tiene un punto; aunque solo parcialmente.
La defensa de intereses, como es obvio, es propio de una sociedad abierta. Si usted pretendiera que las personas no pueden defender lo que son sus mejores intereses, entonces debiera calificar ex ante qué cosas se pueden defender y cuáles no, y ello equivaldría a cancelar el debate. De manera que la Asociación de AFP tiene derecho a defender los intereses de la industria. De eso no hay duda.
A lo que no tiene derecho —y en esto el ministro acierta— es a defender sus intereses en el proceso legislativo, donde se produce el discernimiento democrático, de manera embozada o anónima como habría ocurrido en este caso, y explotando así ventajas que otros no tienen. Si es malo protestar en las calles cubriéndose el rostro, es igualmente malo promover los propios intereses sin decir que son los propios, utilizando un rostro anónimo o escondiendo la autoría. Y esto último es lo que ocurrió —todo hay que decirlo— con esa minuta de la Asociación de AFP que escondió durante días su autoría o dejó que el texto circulara sin que nadie supiera quién era su autor. Y eso es lo malo, porque cuando se defienden intereses es fundamental mostrar el rostro para que quede claro los intereses en cuyo favor se esgrime este o ese argumento. Ello ayuda a evaluar mejor a estos últimos o permite dar la oportunidad a los intereses opuestos para que ellos también se manifiesten.
Y está, en fin, el problema de si los gremios deben defender ideas, intereses o bienes institucionales.
Lo mejor en una sociedad abierta y lo mejor para las empresas es que en el proceso legislativo los gremios se esfuercen por promover bienes institucionales, bienes que favorecen el bienestar general, y que en torno a ellos organicen sus argumentos, incluso sus argumentos con trasfondo político, en vez de hacerlo en torno a intereses y menos aún, porque esto los desprestigia, emboscados en el anonimato.
Carlos Peña
