Oposición ha levantado la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo de aprobar el proyecto minero y portuario Dominga que se instalará en la comuna de La Higuera. Desde organizaciones técnicas a sectores de la oposición han llamado a reconsiderar la decisión.
En conversación con Primera Pauta, de Radio PAUTA, el exministro de Medioambiente Marcelo Mena señaló que «lo de ayer fue una cosa muy extraña, porque el mismo delegado presidencial [Pablo Herman] probablemente obliga a que el resto vote a favor y él se da el gusto de votar en contra como un acto heroico. Es una contradicción muy grande porque tampoco tiene muchos efectos en el proceso, esto está judicializado y se debió haber esperado que se resuelva el recurso ante la Corte Suprema y después continuar con la votación».
Este proyecto quedó trabado en 2017 cuando el comité de ministros de la expresidenta Michelle Bachelet -dentro de los que estaba Mena- no lo aprobó. «No se trata de estar en contra de la inversión y del desarrollo. Por el contrario, se trata de realmente ver dónde están emplazados los proyectos, y este proyecto está en un lugar de biodiversidad especial por las surgencias de la corriente de Humboldt que generan una gran cantidad de nutrientes que sustentan una biodiversidad grande, incluido el pingüino de Humboldt, pero también ballenas fin, delfines y una de las concentraciones más ricas de chungungo, que es una especie protegida«, añadió.
El actual coordinador de campaña de la candidata DC, Yasna Provoste, aseguró que Dominga debe entrar a evaluación nuevamente: «Toda esta aprobación con condiciones que se hicieron son fuera de la institucionalidad ambiental, cualquier tipo de compensación o cambio tiene que ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Si este proyecto hubiera subsanado este problema no estaría frente a la judicialización que se está tramitando hace ocho años, no ha hecho nada para enmendar el camino y, por lo tanto, no debe ser aprobado».
Además, agregó que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) mantiene un informe negativo del proyecto y también uno en contra del informe por parte del Seremi de Agricultura. «Nos encontramos con que hay una contradicción y un mal uso de la institucionalidad. Este proyecto debió ser rechazado», sostuvo. «No tiene el permiso del ente encargado de preocuparse de la protección de la biodiversidad, que en este caso es Conaf. Hasta que se subsane eso, no se puede aprobar un proyecto de esa naturaleza».
Desde Andes Iron, la compañía encargada de Dominga, aseguraron un compromiso con el cuidado del medioambiente y el uso de un solo puerto en la zona. «Esto no se mantiene dentro de la opinión, si esto es bueno o malo, para esto está la institucionalidad ambiental, están los informes y esos informes son negativos por parte de Conaf», agregó Mena. «No vengamos a blanquear el proyecto, fue evaluado en cuatro etapas de manera negativa».
Para el exministro no hay problemas del funcionamiento de los mecanismos de aprobación de este tipo de proyectos, sino que «el problema es que insisten en forzarlo, en aprobar un proyecto que tiene deficiencias de línea base, no las han corregido. Quieren aprobarlo con lo mínimo, quieren pasar con el cuatro y eso no se puede en la institucionalidad ambiental, porque no hay entes técnicos favoreciendo su aprobación».
Además, llamó a escuchar a los especialistas: «Si queremos tomar decisiones basadas en la ciencia, como al Gobierno le gusta hablar, todos los científicos de la zona están en contra del proyecto porque reconocen el lugar como único en el mundo».
«No estoy hablando contra la inversión en empleo, lo que estamos hablando es que en cualquier otro lugar menos en este, el archipiélago de Humboldt», agregó Mena. «Emplacemos este tipo de proyectos en lugares donde corresponde. No engañemos a la ciudadanía con empleos que no van a ser duraderos y serán pan para hoy y hambre para mañana».
«Un proyecto que lleva ocho años de trámite raspando el 4, no es un buen proyecto«, puntualizó.
SENADORA MUÑOZ: «TRAFICO DE INFLUENCIAS»
La senadora del Partido Por la Democracia (PPD), Adriana Muñoz, señaló que la decisión “es una muy mala noticia para nuestra región”, y aseguró que el proyecto se impuso por un manto de tráfico de influencias.
“Es un proyecto que está teñido de tráfico de influencias, se supo esta situación muchos años atrás”, afirmó Adriana Muñoz agregando en sus redes sociales que hubo “presiones políticas y económicas”.
El controvertido proyecto minero se instalará con un puerto justo donde hay un santuario natural, una de las razones por las que la misma institucionalidad había rechazado la instalación de la minera en 2017.
DENUNCIA DE FUNCIONARIOS DE CONAF
un grupo de 13 profesionales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) manifestó mediante un comunicado que «fieles al mandato institucional de protección y resguardo del Patrimonio Ambiental de la Región, NUNCA nos hemos manifestado a favor de este proyecto, puesto que los antecedentes presentados no permiten asegurar su sustentabilidad ambiental«.
En la declaración los funcionarios argumentan que «las medidas del proponente, no se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias, en todas sus fases y partes, por lo que su ejecución, atenta contra la subsistencia de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, como lo es el sistema integrado Reserva Nacional Pingüino de Humboldt – Reserva Marina Isla Choros Damas, que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt, al 90% de la población mundial de Yuncos, además de otras especies, como ballenas, delfines, chungungos y aves costeras, así como formaciones vegetales relevantes como bosques nativos de preservación y el hábitat de cactáceas endémicas en peligro de extinción crítico».
También rechazaron los argumentos de la seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes Reyes, para aprobar el proyecto condicionándolo «a medidas no evaluadas dentro del proceso, a objeto de “otorgarle sustentabilidad ambiental” y en donde indica la participación de CONAF dentro de un sistema de Gobernanza, así como también a incrementar el conocimiento sobre tópicos específicos que debieran haber sido incorporados por el titular dentro del proceso de evaluación, consideramos que tales elementos son totalmente improcedentes y manifiestan un reconocimiento implícito a que el proyecto en cuestión, NO es precisamente ambientalmente sustentable y, por el contrario, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación ya que además, ninguna de las medidas condicionantes propuestas, son equivalentes a la pérdida de diversidad biológica de la zona».
En esa línea, sostienen que los argumentos de la Seremi de Agricultura «jamás estuvieron avalados por el cuerpo de profesionales de la institución, quienes en todo momento hicieron ver las graves falencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Dominga y que fueron plasmadas, en sendas comunicaciones internas y en todos los pronunciamientos institucionales disponibles en la carpeta digital de evaluación del Proyecto».
El proyecto Dominga fue rechazado en el 2017 por dos organismos: la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. La razón: los riesgos que implicaba para el ecosistema marino de la zona. Pero en mayo de este año, se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó una nueva votación del proyecto.
Sin embargo, la aprobación por parte de la COEVA no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Con todo esto, las reacciones en contra de la decisión de la COEVA no han sido pocas, desde organizaciones ambientalistas y convencionales, hasta parlamentarios y candidatos presidenciales han dado a conocer su rechazo a este polémico proyecto de la empresa Andes Iron, ligada al empresario Carlos Delano, vinculado al Caso Penta.
Dominga contempla una inversión de US$3.200 millones y consiste en la instalación de un proyecto portuario para la extracción y exportación de hierro y cobre, con la creación de 10 mil puestos de trabajos directos y 25 mil adicionales.
GOBERNADORA DE COQUIMBO
Como un “proceso político” calificó la gobernadora de la Región de Coquimbo, la ecologista Krist Naranjo, la aprobación del proyecto minero portuario Dominga de la empresa Andes Iron en la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA).
Entrevistada en El Mostrador en La Clave, la gobernadora se mostró enfática en que la votación del día de ayer –de 11 contra 1- fue sustentada por el Gobierno actual. En tal sentido, recordó que existen informes técnicos validados anteriormente, como de Conaf y el Ministerio del Medioambiente «que habían hecho rechazar este proyecto» de Dominga, y a su juicio «debiera haberse esperado la respuesta y resolución de esos casos» por parte de la Corte Suprema, para luego «tomar una determinación».
Por eso, argumenta que “yo siento que es más bien un proceso político (…) una señal política, porque finalmente el COEVA está compuesto por los Seremis que determina el Presidente la República y el mismo delegado presidencial. Entonces, es una señal de Gobierno finalmente”, expresó en la entrevista respecto al proyecto minero portuario de la empresa Andes Iron –controlada por la familia de Carlos Délano, amigo del Presidente Piñera.
La gobernadora no pudo participar de la discusión, dado que la instancia no considera la inclusión de estos representantes regionales electos por la ciudadanía.
“Nosotros somos elegidos por la ciudadanía como máxima autoridad señalada en la misma Constitución. Creo que es un desmedro invalidar nuestros procesos democráticos, y que sean contadas las atribuciones que necesitamos que cumplan la ciudadanía”, dijo Naranjo.
Ante esta situación, la gobernadora hizo un llamado al Presidente a que incluya los cargos elegidos democráticamente en los procesos decisivos como fue el caso de la evaluación ambiental de Dominga.
“El llamado al Presidente es que valide la democracia en Chile. La gente ha votado en las urnas por nosotros y necesitamos que finalmente los procesos sean los que quiere la ciudadanía y por eso hubo votaciones y por eso estamos nosotros como autoridad”, agregó Naranjo.
Luego de haber pasado por la Comisión Ambiental el proyecto debe ser votado por el Comité de Ministros, conformado por representantes elegidos por el Presidente.
“Pero no tenemos tantas expectativas la verdad. Sin embargo, los recursos que existen a nivel judicial van a ser los que generen lo que verdaderamente quiere la comunidad de acá y de la región de Coquimbo que es que no se realice este mega proyecto”, comentó.
El único voto en contra del proyecto Dominga lo realizó el delegado presidencial Pablo Herman quién convocó al comité, y explicó su rechazo al proyecto “hasta que exista un solo puerto en la región”.
“El (Pablo Herman) es él que convocó al Comité mismo (…) Nosotros esperábamos que aprobara, como la convocatoria fue de él. Nos sorprendió más que nada, pero no genera ningún cambio”, expresó la gobernadora respecto al único voto en contra. (Pauta-ADN-El Mostrador)
