Escribo consternado por el asesinato de un servidor público, otro mártir de Carabineros, otra víctima de la violencia desatada en Chile y que se hace carne en muchos centros urbanos de nuestro país, pero especialmente en la Región Metropolitana donde las encerronas, los asaltos y otras manifestaciones de la delincuencia, simplemente no pueden ser detenidas por las autoridades, frente al sufrimiento de las víctimas y sus familias.
En La Araucanía otro tanto ocurre donde pequeños agricultores cada día son amenazados con la usurpación de sus propiedades. Y donde unido a la quema de aquellas, y sus instrumentos de trabajo, también aparecen asesinatos y casos de autodefensa con armas de fuego.
Pese a la instalación de un estado de emergencia, una parte sustancial de la ciudadanía siente que sus derechos están siendo vulnerados y que el Estado, a través de la administración del gobierno, no da una protección mínima, especialmente en una zona donde la democracia ha instalado una mayoría sustancial opositora al actual gobierno.
No hay orden público ni Estado de Derecho.
La violencia expuesta y las normas que la Convención Constitucional pretende que se aprueben, han afectado sustancialmente la trayectoria de la inversión, el último IPOM reportó una caída cercana al 5% durante el presente año, por lo que repercutirá muy fuerte en la tasa de crecimiento de la economía para este y 2023 lo que a su vez se traducirá nuevamente en aumento del desempleo. Mis cálculos me llevan a un crecimiento del PIB de 1,5% para este año y uno nulo e incluso negativo para el próximo.
La crisis política acentuada por la violencia y la crisis económica provocada especialmente por los retiros que han dañado el mercado de capitales, incrementando sustancialmente las tasas de interés de largo plazo, y el acceso al crédito para la vivienda para importantes sectores de esforzada clase media, continuarán agravándose si se aprueba el 4 de septiembre el texto propuesto para una nueva Constitución.
El Presidente Boric transformó la llamada Cuenta Pública en una oportunidad para realizar una gran cantidad de anuncios que le permitieran recuperar su posicionamiento en su alicaída popularidad, y también el apoyo al texto borrador de la nueva Constitución, que ha visto mermada su popularidad en las últimas semanas.
Es decir, la Cuenta Pública se transformó en el relanzamiento de la campaña pública para recuperar el apoyo de la ciudadanía, en ambas dimensiones: el apoyo hacia La Moneda y ciertamente el apoyo a la viga maestra del programa de la extrema izquierda, el nuevo texto constitucional.
El Presidente no explicó cómo se van articular las iniciativas, entre otras, como la red ferroviaria, o los planes de aumento de la productividad necesaria para hacer crecer el producto tendencial de la economía. Recordó por largos pasajes los anuncios efectuados durante la campaña de la segunda vuelta presidencial que lo llevaron a saltar del segundo lugar de la primera vuelta a obtener la Presidencia de la República, lo que hasta aquí ha probado ser una expresión de populismo y demagogia y que claramente le ha pasado la cuenta en los diversos sondeos políticos realizados recientemente.
Entonces la ciudadanía le creyó, veremos si ahora ocurre lo mismo con lo que sabremos si su credibilidad ha sido afectada por el ejercicio del poder, en dos meses y medio que lleva a cargo del país.
Pero lo más sorprendente fueron los anuncios ligados a distintos aumentos del gasto público, desde la condonación del CAE a la compra de tierras dirigidas hacia los llamados pueblos originarios, entre otros anuncios.
He calculado que esa cifra de aumento en unos 80 mil millones de dólares, o sea, una cifra similar al presupuesto de la nación de uno de los últimos ejercicios, excepto del 2021 que sobrepasó los 100 mil millones de dólares, a causa de los gastos extraordinarios para mitigar los efectos del aislamiento, derivado de la pandemia.
Por el solo hecho de ese discurso público de Boric, las expectativas de inflación se deterioraron con lo que esperamos un 13% de inflación anualizada para agosto y un remate de 10% para diciembre porque la desaceleración de la economía atenuará el ritmo de crecimiento de los precios, transformando el proceso en estancamiento con inflación alta aún.
Lo anterior significa también que el Presidente no cree en la estabilidad fiscal como una de las variables más importantes para controlar el ritmo de crecimiento de los precios y, por tanto, deja solo en manos del Banco Central su control.
Sabemos que la desaceleración de la economía contribuirá a un descenso de la inflación en la segunda parte del año, pero aquello es un logro que afectará el empleo, sobre todo, de los sectores más pobres de la sociedad, que aún continuarán financiando el exceso de gasto público con impuesto inflación.
El gobierno anunció una reforma tributaria para obtener una cifra cercana al 4% del PIB, unos 12 mil millones de dólares al año. Lo planteado hasta aquí son impuestos adicionales a las personas, mayor control de la evasión y, de la llamada elusión y del sector minero (royalty). Tengo dudas de la recaudación, mis cálculos apuntan a un 2% del PIB. Otras reformas tributarias colisionaron con el mismo problema y contribuyeron decisivamente al aumento del déficit público y de la deuda.
No reconocer esto es simplemente el intento de financiar el exceso de gasto público con inflación, en un escenario en que el crecimiento de la economía tampoco contribuirá al crecimiento, lo que puede transformarse en un problema crónico.
Al final, queda la sensación de que el Mandatario no apunta a los problemas más serios de la ciudadanía: la seguridad pública y el alza del costo de la vida. La violencia expresada en terrorismo y en delincuencia ha aumentado en el sur y en Santiago.
La ciudadanía sabe que aquellos que hoy lideran el gobierno rechazaron una gran cantidad de proyectos de ley que apuntaban a detenerla durante la administración recién pasada, porque mediante el ejercicio de la violencia se pretendía derrocar al anterior Mandatario. (El Líbero)
Alejandro Alarcón
