Uno de enclaves que mantiene atento desde el 2014 al diputado Luis Rocafull (PS) es un terreno en la cuidad de Arica, cedido a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Rocafull lo intentó primero cuando era intendente e inició las gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales para que dicha compañía restituyera un predio de 3,5 hectáreas que Chile le cedió en concesión en 1958 para el funcionamiento del oleoducto que abastece de petróleo al vecino país, cuyo tendido pasa por toda la ciudad y recorre parte del valle de Lluta hasta la frontera con Bolivia.
Por Decreto Supremo N° 257 del Ministerio de Tierras y Colonización (actualmente Ministerio de Bienes Nacionales), el 2 de julio de 1958, el Presidente Carlos Ibáñez del Campo concedió a YPFB “en uso gratuito y mientras dure la explotación del oleoducto Sica-Sica… el lote N°2 de 3,5 hectáreas para la instalación de un estanque receptor de lastre”.
Pero 58 años después, un informe de 2016 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre este terreno ubicado en las calles Diego Portales y Alejandro Azolas, postula que el sitio y su estanque “están en desuso”.
El sitio, en pleno centro de Arica y próximo a dos terminales de pasajeros, está cercado, con una explanada de tierra, un estanque metálico deteriorado, una casa y un guardia. La empresa fiscal del vecino país explica que no hay tal desuso, pues ese lugar está destinado ante una emergencia, para habilitar una piscina que debería acumular el petróleo que transporta este ducto.
“Este propiedad fue entregada en comodato al Fisco boliviano cuando Arica llegaba hasta el río San José. Sin embargo, con el crecimiento urbano, el enorme sitio quedó en medio de la ciudad por lo que se hace indispensable recuperarlo para poder generar algún proyecto inmobiliario, de servicios públicos o comercial”, plantea el parlamentario.
TERRENO PERUANO
El abandono también se advierte en el predio “El Chinchorro” del Fisco peruano, terreno ubicado en el acceso norte de la ciudad. Allí hay 126 mil metros cuadrados de tierra cercados, pero que aún el vecino país no ha definido su uso. Ello, pese a que la última intención clara fue el año pasado, con el Decreto N° 020 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, que dispuso la construcción del Consulado General en ese sitio. Antes hubo otro del Ministerio de Defensa del vecino país que lo declaró “de interés nacional y necesidad de desarrollo” y anunció la construcción de un centro cultural.
Pero en la actualidad se han instalado edificios con departamentos para familias de clase media. El predio tiene un componente que evoca la Guerra del Pacífico, pues fue adquirido para asilar a peruanos que debían promover un plebiscito para que los residentes de Tacna y Arica decidieran si estas ciudades quedarían o no en manos de Chile tras el conflicto. Sin embargo, su venta fue inscrita por el Fisco peruano en 1935 en el Conservador de Bienes Raíces.
El diputado UDI Nino Baltolu dice que “hay que mantener una relación amistosa con los países vecinos, pese a estos espacios que afectan nuestra vida cotidiana. Hay que conversar con ellos y pedirles una definición porque tenemos que convivir con ellos”.
La intendenta María Loreto Letelier entrega una visión más optimista de los tratados bilaterales. La jefa del Gobierno Regional reconoce algunos “como el creciente interés turístico que un año tras otro experimentamos con Bolivia, así como el fuerte intercambio comercial que mantenemos con Perú. Nuestro desafío debe ser buscar la manera de mitigar los impactos que siempre van a existir en toda ciudad que mira directamente hacia los ojos del progreso. Tampoco debemos exagerar, ni demonizar los efectos de los tratados, porque el desarrollo de la Región se sustenta en una relación de interdependencia de nuestros pueblos”.
PROBLEMAS AMBIENTALES
El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, advierte que la ciudad “paga caro los costos de vivir en función de dos tratados. Los más graves son ambientales con los camiones que llegan al Puerto, que sufren accidentes en la carretera y derraman sustancias tóxicas en las zonas de áreas silvestres protegidas por donde atraviesa la carretera a Bolivia”.
Esos problemas -asegura- motivaron una alianza con la alcaldesa de Putre, Maricel Gutiérrez, para gestionar asistencia técnica con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (y abordarlos con un plan de descontaminación. También apunta a otro sitio relacionado con el oleoducto que traslada petróleo a Bolivia, ubicado entre las calles Renato Rocca con Tucapel. “En las afueras de este lugar se estacionan los camiones bolivianos dañando las veredas y a veces derraman combustible, lo que altera la tranquilidad de los vecinos”, reclama el edil.
El terreno está a pocas cuadras del que tiene el estanque abandonado donde comienza el barrio industrial antiguo de la ciudad. A través del Decreto Supremo N°336 del 16 de abril de 1958, Chile concedió, también bajo uso gratuito, “un extensión de terrenos fiscales de una superficie de 13 hectáreas, para la instalación de la planta terminal de dicho oleoducto”.
En cuanto a los sitios baldíos que poseen Perú y Bolivia, Espíndola dice que el municipio no cuenta con herramientas para multarlos. (La Tercera)
