El Partido Comunista y Convergencia Social (el partido del Presidente Boric) frenaron las negociaciones del proceso constitucional, porque quieren un órgano 100% electo. De allí no parece que se vayan a mover. Quieren asegurar -dicen- la legitimidad democrática del proceso y del resultado. A primera vista, la posición parece impecable. Pero no lo es tanto, cuando se la examina con cuidado.
Que sea 100% electo significa para el PC y CS, aunque no siempre se explicite, que los miembros del órgano constituyente sean elegidos por votación directa, como son elegidos los representantes del pueblo. Desde esta perspectiva, cualquier otro mecanismo de elección es menos democrático.
Es sintomático, por ejemplo, que usen el verbo designar y no elegir, cuando se refieren a la posibilidad de que el Congreso decida qué expertos integrarían el órgano redactor. Como si el voto de los parlamentarios fuera sustancialmente diferente al voto de los demás electores. Como si la elección indirecta fuera, por definición, menos representativa de la voluntad popular. Como si la voluntad de diputados y senadores fuera incapaz de interpretar el sentir de la nación. ¡Cuando la nuestra es una democracia representativa!
Todo el tiempo las autoridades -electas y designadas- están tomando decisiones en nombre de la gente, para la gente y sin la gente. Y los mismos políticos que se sientan a la mesa de negociaciones y exigen democracia directa saben que con ella el gobierno sería imposible.
La discusión sobre el mecanismo para constituir al órgano que redacte una nueva Constitución no debe desvincularse de la finalidad del órgano a constituir.
De los incontables cargos de autoridad política, judicial y administrativa que día a día deciden por nosotros, para nosotros y sin nosotros, los elegidos por el voto de la gente son ínfimos. Y esto, primordialmente, no por las dificultades prácticas de su implementación, sino para evitar que los fines de su función se vean comprometidos por las desviaciones inherentes al proceso electoral popular. Si algo aprendimos de la experiencia que terminó el 4 de septiembre, fue que la elección directa es compatible con un mal proceso y un mal resultado.
La legitimidad democrática puede realizarse de muchas maneras. Defender el voto popular directo como si fuera la única o la mejor es un error, o una trampa, o una mentira. O todas juntas, también.
En el fondo de esta posición descansa una concepción de la participación política que descarta cualquier forma de mediación. Aparte de las dificultades para armonizar esta premisa con la cotidianeidad de una democracia representativa, los abogados de la pureza democrática del órgano constituyente enfrentan otras más particulares.
La paridad, en primer lugar. Para desconocer los resultados de las urnas cuando se trata de empatar el número de hombres y mujeres no tienen escrúpulos. Los escaños reservados, en segundo lugar. Para distorsionar la regla “una persona, un voto” tampoco hay pudores, si se trata de compensar la relegación histórica de los pueblos originarios. En tercer lugar, el plebiscito de entrada.
Para decidir por la gente que el órgano tiene que ser 100% electo no hay problemas de legitimidad, pero para preguntarle a la gente si quiere un nuevo proceso, las respuestas vacilan.
En suma, la posición del PC y de CS es un acomodo a sus intereses y no un compromiso con la democracia representativa. (El Líbero)
Luis Alejandro Silva
