Aunque en Chile tenemos un escenario distinto -algunos vaivenes del dólar y de la Bolsa-, no significa que podamos confiarnos y pensar que estamos a salvo de la volatilidad externa. Como tampoco que nuestras instituciones, golpeadas en el último tiempo, no corren el riesgo de colapsar si no las cuidamos, respetamos y adecuamos para que den respuesta a las necesidades y demandas del país. Para esto es fundamental que los cambios que se impulsen cuenten con el mayor nivel de acuerdo posible.
Esa convicción está especialmente presente a días de recordar los 30 años del triunfo del No en el plebiscito. Esa fecha nos ha hecho reflexionar sobre el fin de la dictadura, nuestra actual democracia y los factores que influyeron en la forma en que enfrentamos la transición. El Presidente Piñera ha destacado el esfuerzo de los gobiernos de la época en buscar entendimientos. Estos acuerdos nos permitieron, por ejemplo, que hoy enfrentemos un escenario completamente distinto a nuestros vecinos y que estemos en mejores condiciones para enfrentar las volatilidades externas.
Levantando la figura de Patricio Aylwin, el Gobierno llama a seguir buscando acuerdos para avanzar en el desarrollo del país en diversos temas como la reforma tributaria, de pensiones y muchos otros. Pero lo que falta recordar es que la Concertación tuvo que ceder y postergar mucho, con tremendos costos políticos, para que el diálogo que propició -en temas, incluso, más importantes y complejos que los económicos- tuviera resultados.
Es de esperar que el Gobierno pase pronto de las declaraciones a los hechos. La reforma tributaria es una oportunidad para ello. El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma estructural que, de ser aprobado como está, tendrá un impacto negativo en la recaudación, progresividad, combate a la elusión y disminución de las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII), que ha generado rechazo en varios sectores parlamentarios.
No hemos dicho que la ley que se aprobó en el período anterior no requiera cambios. Es necesario perfeccionar algunas medidas y abordar nuevos temas. Pero el proyecto enviado es un cambio muy profundo del sistema tributario. Modifica un número similar de artículos que la reforma de 2014. El Presidente ha ejercido sus atribuciones, pero habríamos preferido que las modificaciones se impulsaran una vez que contáramos con una evaluación profunda de sus resultados.
Tal vez la actual administración pueda lograr un par de votos para sacar adelante esta iniciativa. Pero eso no es suficiente para que perdure, ni tampoco para impedir que se reabra la discusión impositiva en períodos de campaña. Por lo menos, eso es lo que se desprende de nuestra experiencia. La reforma tributaria impulsada por la ex Presidenta Michelle Bachelet fue aprobada casi por unanimidad, pero los votos no se tradujeron en respaldo. Se requiere, por lo tanto, de una tramitación sin prisa.
Sabemos que alcanzar acuerdos representa una tarea compleja. Quienes participaron en la transición tienen claro que el éxito de ese período no obedeció a las numerosas invitaciones al diálogo, sino a la disposición de los gobiernos a asumir los costos políticos que este conlleva por concesiones no siempre fáciles de explicar ni tampoco de entender.
Espero que el actual Gobierno tenga la misma voluntad, y podamos fortalecer nuestras instituciones y mostrar que estas son capaces de dar respuesta a las demandas y necesidades de la gente. (El Mercurio)
Alejandro Micco A.
Profesor FEN
U. de Chile
