Una extensa investigación de la Contraloría General de la República ha revelado un uso fraudulento de licencias médicas por parte de miles de funcionarios públicos, lo que ha desencadenado una ola de sumarios, renuncias y un significativo ahorro fiscal.
El pasado 20 de mayo, la Contraloría, dirigida por Dorothy Pérez, expuso una impactante cifra: 25.078 funcionarios viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica entre 2023 y 2024. Este hallazgo, obtenido al cruzar bases de datos de licencias con registros migratorios, involucró 35.585 licencias y casi 60.000 entradas y salidas del país. Del total, el 96% de las licencias fraudulentas correspondieron a Fonasa.
La revelación provocó una fuerte condena pública y acciones inmediatas. La Contraloría ofició a las instituciones para que iniciaran sumarios administrativos, entregó los antecedentes al Ministerio Público y anunció que estos cruces de datos se realizarán periódicamente. En respuesta, más de 1.100 funcionarios renunciaron a principios de junio.
SECTORES MÁS AFECTADOS
El primer informe de la Contraloría identificó a la Junji (2.280 casos), Fundación Integra (1.934) y la Municipalidad de Arica (719) como las instituciones con mayor número de irregularidades. También se detectaron casos en importantes hospitales de la Región Metropolitana, así como en las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería y la PDI, donde se confirmaron 2.982 casos.
Posteriormente, la Contraloría amplió el alcance de su investigación a servicios públicos con presencia regional, revelando que otros 10.805 funcionarios habían salido del país durante su período de reposo. En total, el organismo ha iniciado 8.301 sumarios a nivel nacional por el uso irregular de licencias.
DESCENSO DE LICENCIAS GRACIAS A FISCALIZACIÓN
El impacto de estas fiscalizaciones ya se está sintiendo. Según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), las licencias médicas emitidas por enfermedad o accidente común disminuyeron un 19,2% en julio de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a julio, la baja alcanzó un 9,3%.
Este descenso se atribuye directamente a las fiscalizaciones de la Contraloría y la Suseso. De acuerdo con el economista Alejandro Weber, este cambio podría haber generado un ahorro fiscal de más de 80 millones de dólares en los primeros siete meses del año, con proyecciones de hasta 140 millones de dólares para fin de año.
Por su parte, el economista Nicolás Garrido estima que el ahorro podría oscilar entre $153 mil y $172 mil millones de pesos, lo que equivale a la construcción de dos hospitales medianos o más de veinte centros de salud familiar (CESFAM). Estos expertos coinciden en que la fiscalización ha demostrado ser una herramienta efectiva para modificar la conducta y generar ahorros sustanciales para el Estado. (NP-Gemini-Emol-)
