La ley de reajuste del sector público —publicada en enero— fijó una controvertida regla que obliga a que ciertos funcionarios, que tengan 75 años o más al 1 de enero de 2027, dejen sus cargos.
Entre las instituciones que podrían verse afectadas se encuentran las universidades públicas, que en sus filas cuentan con académicos e incluso autoridades que superan dicha barrera etaria. Una primera estimación habla de unos 360 personas que tendrían que cesar sus actividades.
La rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, quien cumplió 75 años en enero, asegura que «la prohibición impuesta a las universidades públicas de contratar personas mayores de 75 años, surgida como resultado de una negociación en la Mesa del Sector Público durante el proceso de discusión del reajuste y adoptada sin considerar la opinión de las instituciones, representa una clara vulneración a la autonomía universitaria».
Por lo mismo, dice: «Confío en que este error será corregido mediante una reforma o, al menos, que su interpretación se ajuste de manera que no perjudique la calidad ni la dignidad de nuestras instituciones. Esta preocupación ya ha sido manifestada ante los ministerios de Educación y de Hacienda en semanas recientes». Lea más en El Mercurio. (Emol)
