Ley de Transparencia: aplicación llega a 47% tras una década

Ley de Transparencia: aplicación llega a 47% tras una década

Compartir

En 2018 se cumplen 10 años desde la dictación de la ley que regula el Derecho de Acceso a la Información Pública en Chile, conocida como Ley de Transparencia. Desde 2013, el Consejo para la Transparencia (CPLT) mide el funcionamiento de la norma a través del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI), y los resultados del último año arrojaron que su nivel de implementación aún no supera la brecha del 50%.

Para realizar esta medición, el CPLT ha definido que es necesario que se cumplan ciertas condiciones -tanto en las instituciones públicas como en la ciudadanía- para que los beneficios del acceso a la información puedan materializarse.

De parte de las instituciones, es necesario que los funcionarios públicos valoren positivamente la Ley de Transparencia, además de que tengan los conocimientos básicos para poder dirigir a una persona con un requerimiento. Esto es medido a través de una encuesta anual -realizada por el mismo consejo- a los funcionarios públicos, además de niveles de cumplimiento en las fiscalizaciones realizadas por el CPLT y las estadísticas sobre el uso del Derecho de Acceso.

Los ciudadanos, en tanto, deben valorar la posibilidad de acceder a la información que maneja el Estado, conocer la ley y las herramientas que se encuentran a su disposición y hacer uso de ellas. Las variables se obtienen a través de una encuesta anual de opinión ciudadana.

SITUACIÓN SE REPITE

Al igual que en años anteriores, se observa una mejor evaluación por parte de las instituciones. A pesar de que a diciembre del año pasado se registran más de 714 mil solicitudes de información ingresadas al aparato público, solo un 34% de los chilenos considera útil, para ellos como ciudadanos, la existencia de transparencia en el Estado.

En esa línea, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, advierte que “pese a que la ciudadanía ha demandado crecientemente mayor transparencia en el Estado a partir de la crisis de confianza en las instituciones de los últimos años, no ha logrado incorporar esta herramienta para ejercer el derecho de acceso a la información”.

De ese modo, como indica el estudio, el principal desafío ciudadano se encuentra en “que las personas que necesitan información pública sepan cómo pedirla y, en caso de quedar insatisfechos, que sepan cómo reclamar y dónde; y por otra parte, en el reconocimiento de este derecho como una herramienta efectiva de prevención a la corrupción y de participación ciudadana”.

El estudio identifica, en cambio, que el aparato estatal ha ido evolucionando positivamente en el desempeño de sus obligaciones de transparencia. De esa forma, la dimensión institucional subió ocho puntos respecto del año pasado. Se destaca que esto ha mejorado “gracias al desempeño para enfrentar la gestión de solicitudes de información presencial y a la incorporación de buenas prácticas relacionadas con el uso de la información publicada en la sección de Transparencia Activa en sus sitios web”.

Al respecto, Drago afirma que “debemos seguir avanzando para ampliar los ámbitos de transparencia y los modos de entrega de la información“. (El Mercurio)

Dejar una respuesta