El camino hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos requiere del compromiso de toda la sociedad. En temas como el bien común, la justicia social y los derechos humanos, las divisiones políticas deben quedar de lado. Por eso, así como muchos en la derecha (casi todos en verdad) han reconocido y condenado las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, también es necesario condenar delitos graves como el asesinato de un senador en democracia, sólo por sus pensamientos políticos. Jaime Guzmán -de quien me aparto en varias de sus ideas- fue víctima de un crimen atroz, y merece el más absoluto repudio de toda la clase política.
Sin embargo, en los últimos años, hemos visto una preocupante tibieza de ciertos sectores de la izquierda para buscar a los responsables, que se encuentran prófugos, desde la famosa fuga en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad, en 1996. Más aún, algunos han mostrado simpatía con la causa. Basta recordar la reunión de los entonces diputados Gabriel Boric y Maite Orsini con Ricardo Palma Salamanca en París. Hoy, Boric, como Presidente de la República, ha dicho que “otra cosa es con guitarra”, demostrando que es distinto ser oposición a gobernar. Ojalá ese cambio de actitud también alcance su juicio sobre el asesinato de Guzmán.
El tema se ha vuelto a poner en la agenda pública por el reciente caso de Pablo Muñoz Hoffman, otro de los responsables, quien fue recientemente detenido en Bolivia. Sin embargo, y ante el asombro de toda la comunidad internacional, fue liberado a las pocas horas, a pesar de tener una orden de captura internacional. Dicho hecho es sumamente grave y no puede quedar perdido entre las páginas de crónica internacional. Este tipo de hechos no sólo afectan a la familia Guzmán y la UDI, sino también a la búsqueda de justicia y al respeto a los derechos humanos en el país.
Es posible que Muñoz Hoffman intente ingresar a Chile por un paso no habilitado. Aunque seguiría en la clandestinidad, nuestras instituciones deben hacer todo lo posible para capturarlo y garantizar que cumpla su deuda con la sociedad. Lo mismo aplica a Palma Salamanca, quien como ya mencioné sigue en París, o Galvarino Apablaza, que está en Argentina; aunque sobre este último, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha dicho que se están haciendo gestiones para extraditarlo. La feliz (entre comillas) excepción sería el caso de Mauricio Hernández Norambuena, el Comandante Ramiro, que fue detenido en Brasil hace algunos años y, a diferencia de Muñoz Hoffman, sí fue extraditado a Chile, donde cumple actualmente su condena.
Cerrar estas heridas es fundamental. Sólo con justicia podemos avanzar hacia un “nunca más” que nos una como país. Un “nunca más” que condene tanto los abusos de la dictadura como los crímenes cometidos bajo otras banderas, pero que también atentaron contra la vida, la paz y la democracia. (El Líbero)
Roberto Munita
